Presenciamos una innovación en la concepción peronista sobre el modo de redistribuir ingresos. Históricamente esta corriente política asignó a los sindicatos la tarea de aumentar el salario real y la participación del trabajo frente al capital en el reparto de la renta nacional. El sindicalismo fue concebido como la institución que protegería a los trabajadores asegurándoles obtener el salario máximo posible en una economía de mercado donde los factores de producción, trabajo y capital, debían ser remunerados de acuerdo a su productividad. Desde mediados del siglo pasado el sindicalismo se apropio este rol en nuestro país vía convenios colectivos y por medio de sus propuestas y exigencias de una legislación laboral crecientemente protectora del trabajo en relación de dependencia. No conozco estudios que hayan demostrado que se cumplió este objetivo.
Hoy observamos un cambio: el peronismo está proponiendo un nuevo mecanismo redistributivo que crea mayores impuestos progresivos a las ganancias y a lo invertido. Se ha gravado a los dueños de activos por montos superiores a los 200 millones y ahora existe un proyecto de elevar la tasa de ganancias de las grandes empresas del 30 al 35%, políticas que dañarán al ahorro y la inversión. Lo desconcertante es que existe unanimidad entre los economistas serios (peronistas y no peronistas) en la conclusión de que el crecimiento de la producción, de la demanda de empleo y del salario real depende exclusivamente de la inversión. Esto es básico, es teoría económica elemental. Es increíble no escuchar hoy voces que lamenten la cifra pavorosa de pobreza del 42%, y que llega en los menores de edad a números cercanos al 60%. No se escuchan voces que reclamen a gritos a la dirigencia política soluciones inmediatas, concretas, viables, fundamentadas. La noticia más trágica del año: 42% de pobres, no es analizada públicamente por el gobierno, no genera comentarios de los dirigentes, nadie se hace cargo.
Los gobernantes deberían preguntarse de qué manera reducirán esta cifra de pobreza. Si se hicieran esta pregunta entenderán que no existe otra receta que la necesidad de aumentar y promover de manera urgente la inversión privada. No se escuchan ni discuten propuestas que expongan algún otro camino que sustituya a una política de fomentar, estimular, alentar a todos los potenciales inversores privados pequeños, medianos o grandes.
Tal vez alguien piense que la pobreza se resuelve con subsidios, con dádivas, que ayuden a sobrevivir a quienes quieren trabajar pero no pueden en un país que no genera demanda de empleos por falta de inversión.
Mucho se ha hablado de los partidarios del “pobrismo”, de aquellos políticos que suponen se beneficiarían con el voto de los más pobres y desempleados. El peronismo en el gobierno, que se proclama defensor de los más necesitados, debería dar una respuesta urgente, minuciosa y precisa de qué manera reducirá sin aumentar la inversión privada el vergonzante porcentaje del 42%.
Lo insólito es que, en vez de promover más inversión para atenuar la pobreza, se ha decidido castigarla con impuestos. Castigar lo ahorrado e invertido y la ganancia empresaria. Esta nueva estrategia impositiva redistributiva reducirá la inversión por dos vías. La vía directa es que el incremento en el monto del mayor impuesto deberá restarse exactamente en la misma medida de la inversión privada nacional anual, no se deducirá del consumo. El incremento del impuesto será exactamente igual a lo que se dejará de ahorrar o invertir. La vía indirecta será el desincentivo a la decisión de tomar los riesgos de invertir, de enterrar ahorros en un país donde la ganancia empresaria es vista por el gobierno como ilegítima, donde las reglas de hoy pueden cambiar mañana. Pareciera que las nuevas concepciones redistributivas peronistas han decidido ignorar que nuestra constitución sostiene un régimen de propiedad privada de los medios de producción cuyos dueños compiten en un mercado libre. Ignorar que la eficiencia social de este régimen depende de que estos dueños compitan invirtiendo para producir cada día más a menores costos una mayor calidad, incentivados por la ganancia que estiman obtener. La ganancia es el incentivo, el motor que regula los mejores o peores resultados de una economía de mercado. El capitalismo de mercado es un sistema de incentivos. Disminuir las ganancias aplicándole un mayor impuesto es obviamente desalentar el proceso empresarial necesario para incorporar día a día tecnologías que mejorarán resultados, desincentivo que determinará finalmente mayores costos, menor calidad, menor PBI, menos empleo, menor salario real, más pobreza.
Ya se ha sancionado el denominado impuesto a la riqueza, ahora el Congreso estudia el modo de aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias. En el proyecto de ley se diferencia según el tamaño, castigando a las más grandes beneficiando a las más pequeñas. ¿Cuál es la lógica detrás de este tratamiento desigual? Si comparamos, teóricamente, la más grande tendrá menores costos para obtener la misma calidad, o sea para ofrecer el más alto beneficio al conjunto de los consumidores. O sea que evaluadas desde el punto de vista del bienestar social no existen razones para preferir a las más pequeñas. Dado un cierto monto invertido tampoco se conocen argumentos por los cuales el tamaño determina mayor o menor demanda de empleo. Por lo cual es razonable suponer que se elige esta política impositiva progresiva exclusivamente por razones de marketing político intentando presentarlo como algo que beneficiara al conjunto de votantes más numeroso. La realidad es que esta política perjudicara al conjunto de la sociedad excepto a las pymes alcanzadas por el beneficio. Sumando a esto la inconstitucionalidad de la norma.
Resumiendo, las nuevas concepciones redistributivas peronistas podrían matar a la gallina de los huevos de oro. Al deteriorar el ahorro y la inversión privada dañarán el crecimiento y la demanda de empleos. Se trata de un invento redistributivo apoyado en teorías divulgadas por economistas de moda en los países muy ricos como Joseph Stiglitz o Thomas Piketty , olvidando que allí abunda la oferta de fondos para invertir. Nuestros legisladores deben reflexionar y estudiar con detenimiento cómo solucionaran ese 42% si no crece significativamente la inversión privada.
Finalmente, no contemplan un factor elemental: el empresario Pyme puede obtener una ventaja en el corto plazo, pero ningún inversor chico, mediano o grande se siente seguro a la hora de invertir en un país donde no sabe si la próxima medida arbitraria y discriminatoria caerá sobre él.