Argentina 2021: menos trabajo y menos trabajadores

La economía argentina ha perdido la capacidad de generar empleo y en particular “empleo formal”. De comienzos de 2012 a fines de 2020 le cantidad de trabajadores en todo el país ha crecido en poco más de un millón. Y hoy hay menos trabajadores de los que había en 2015. En el sector “formal” (el de aquellos trabajadores que tienen cobertura previsional) la mayor caída ha sido entre los del sector privado y entre los autónomos; solo creció el número de empleados públicos y el de monotributistas. La radiografía al día de hoy nos dice que en los 31 aglomerados urbanos donde reúne información el INDEC (que acaba de publicar su “Informe sobre el Mercado de Trabajo” a fines de 2020) hay 11,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 8,1 millones son asalariados y 3,4 millones “no asalariados”, generalmente “cuentapropistas”. De los asalariados, el 63,7% pertenecen al sector “formal” de la economía y el 32,7% (2,7 , millones de trabajadores) están en el sector informal.

El documento del INDEC es muy elocuente sobre el impacto que han tenido las medidas tomadas por el Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia en dichos aglomerados urbanos: 716 mil personas perdieron su trabajo y 494 mil dejaron de buscarlo en el año 2020. Si lo proyectamos al conjunto del país, posiblemente han quedado fuera del mercado laboral por lo menos un millón y medio de trabajadores. Para colmo, lo empleos perdidos han sido mayoritariamente en el sector “informal”, es decir entre los trabajadores de menores ingresos y sin cobertura previsional. Ese importante descenso de quienes buscan trabajo se debe a que no lo consiguen, a que lo bajo de los salarios no lo justifica (la pérdida del salario real en el sector formal ha estado cerca de los 17 puntos en el último trimestre) o porque prefieren atender sus necesidades con los fondos de algún plan u otra ayuda social.

La recuperación o rebote posterior a diciembre de 2020 -cuando se recogieron los datos del Informe del INDEC- ha sido leve, y los últimos datos publicados nos indican que es de breve duración. Esta situación se agravará seguramente a partir de las medidas tomadas por el Gobierno nacional el día 14 de abril.

El país enfrenta graves problemas estructurales en materia de empleo. La Población Económicamente Activa (PEA) argentina es el 45% de la población encuestada en todo el país. En Uruguay es del 51,9%, en la Ciudad de Buenos Aires, del 51,4% pero en los partidos del Gran Buenos Aires es de solo el 43,4% y en Formosa del 32,1%. Y las tasas de desempleo y de subocupación no ceden. Al término de 2020, después de una fuerte recuperación en el segundo semestre, terminaron el año con un nivel más elevado que en 2019: 11 y 15,1% de la PEA, esto es aproximadamente 1,4 millones de personas desempleadas y 1,95 millones subocupadas (es decir trabajando menos de 35 horas por semana).

El problema se agudiza entre los jóvenes y las mujeres: entre los varones de 14 a 29 años la tasa de desocupación es del 19% y entre las mujeres de la misma edad, del 26%. Además, entre el conjunto de los desocupados, aquellos que hace más de seis meses que buscan trabajo, llegaron al 53,8% y aquellos que llevan entre 6 y 12 meses de búsqueda infructuosa, son el 27,1% del total, el valor más alto de la serie desde que se publica y dos veces más alto que el registrado a fines de 2019. Esto nos habla de una creciente masa de trabajadores desocupados permanentes, que explica a su vez, en parte, la baja tasa de la PEA. El mismo INDEC nos dice, en un contexto metodológico por demás confuso, que “la presión sobre el mercado de trabajo se ubica en el 37,3% (de la PEA)”, 3,1 puntos más que a fines del 2019. Según nuestros cálculos esto significa que a fines del 2020 había no menos de 4,8 millones de personas con dificultades laborales en el país.

Un hecho nuevo es la importancia que ha cobrado el “home office”, las personas que trabajan desde su vivienda llegaron al 20,2% a fines del 2020, en gran parte debido a los empleados públicos, de la Justicia y del sector bancario retirados de sus lugares de trabajo por la pandemia. Superada esa situación es muy probable que una gran parte vuelvan a sus lugares de trabajo habitual, pero también que esta modalidad de trabajo se vaya afianzando en el futuro en muchos sectores, tal como ya ha ocurrido en otros países. También se registraron un 6,3% de trabajadores registrados pero “ausentes” ya sea por enfermedad o por ser vulnerables y estar fuera de sus lugares de trabajo por prevención.

Los trabajadores desocupados y subocupados se encuentran esencialmente en los grandes centros urbanos del país (conurbano bonaerense, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza). El caso más grave, tanto por lo bajo de la PEA, como por la elevada desocupación y subocupación, es el conurbano bonaerense. Allí se concentra el 53% de la población cubierta por el informe del INDEC, y la desocupación subió en un año del 10,8 al 14,1% -el nivel más alto de todos los conglomerados urbanos estudiados- y la subocupación pasó del 13,1 al 18% -de nuevo la más alta del país, con excepción del Gran Córdoba, donde fue del 22,6% de la PEA.

La conclusión general que sacamos de este análisis es que estamos ante un problema estructural, originado en la permanencia en el tiempo de políticas macroeconómicas que generan elevados déficits fiscales y endeudamiento que se cubren con emisión, que da lugar a un círculo vicioso interminable que, a su vez, exige políticas impositivas que desalientan la inversión y son fuente de enormes costos que quitan competitividad a las empresas e impiden la creación de puestos de trabajo. A ello se agregan políticas laborales que atentan directamente a la creación de empleo y fomentan la informalidad, y un exceso de protección a sectores que tienen cada vez menos competitividad, por falta de inversión y de competencia que promueva la innovación tecnológica. Para hacer frente a esta situación, se ha optado por paliativos diversos: especialmente empleo público de baja o nula productividad, subsidios y planes sociales, muchos de los cuales desincentivan la búsqueda de trabajo. Para colmo, el país carece, desde hace años, de una política o de un Plan Nacional de Empleo, que trate de encontrar soluciones a un problema ya devenido en estructural, agravado en ciertas jurisdicciones, especialmente en el Conurbano bonaerense, por la ineficiencia y la corruptela imperantes.

Esto situación ha hecho crisis a partir de la pandemia y de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para contrarrestar sus efectos. La mala planificación, la duración de esas medidas y la insuficiencia de los fondos aplicados para paliar sus consecuencias han generado el cierre de miles de PyMES, el alejamiento del país de numerosas grandes empresas extranjeras y la destrucción de miles de empleos especialmente en el sector informal: un enorme daño a la estructura productiva que no será fácil de subsanar y que explica el nuevo salto que han dado la pobreza y la indigencia en el país.

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