La pandemia cristalizó la importancia de la interacción entre los actores individuales como institucionales y políticos. Lo que sucede en un sector impacta en otro de alguna manera. Por ello, en estos contextos, la coordinación resulta indispensable, especialmente en un país federal como la Argentina, entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
A lo largo de los últimos meses, el Congreso Nacional recibió varios proyectos desde el Poder Ejecutivo vinculados a la modificación del Impuesto a las Ganancias con el argumento de buscar influir en la producción y el consumo. Ahora bien, debemos analizar estas iniciativas en un contexto interconectado. ¿En qué medida representan frenos o aceleradores del crecimiento? ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden?
Si bien el mecanismo elegido por el cual se buscó alivianar dicho impuesto de personas físicas es discutible, el impacto inmediato que tendrá sobre el bolsillo de los trabajadores será destacable.
Sin embargo, nada asegura que este mayor ingreso disponible se traslade a un mayor consumo. Dado el alto nivel de inflación, lo más probable es que sea solo un alivio que permitirá, al menos, mantener el consumo. Entre los grandes perdedores están las provincias, que dejarán de percibir alrededor de 28.000 millones de pesos en concepto de coparticipación por la menor recaudación, afrontando el 60% de la pérdida.
Pensemos la modificación en el impuesto a las ganancias a empresas. El Gobierno parece no advertir la interconexión en las medidas. Por un lado, enfatiza que la modificación aliviará al 90% de empresas que actualmente pagan el impuesto y que pagarán menos, mientras que alrededor de 17.000 sociedades deberán pagar más. A su juicio, esto no afectaría la inversión y empleo. Pero, en un contexto de inestabilidad económica, alta inflación y recesión, esta medida tenderá a desalentar la toma de decisiones para el mediano y largo plazo.
El esfuerzo del sector privado implicará menos inversión y generación de empleo en las provincias. Ya estamos viendo algunos efectos, que al parecer el Gobierno no ve. Todos los días cierra alguna empresas de la Argentina. De los $321.000 millones adicionales de ingresos por recaudación que generará la medida, solamente $79.000 millones adicionales volverán a las arcas provinciales por concepto de coparticipación, solo un cuarto. El resto, quedará disponible para que el Gobierno los distribuya discrecionalmente, profundizando la centralización de recursos y aumentando la dependencia de las provincias.
Plantear medidas aisladas difícilmente producirán los efectos deseados. Como el perro que se muerde la cola, por una puerta bajamos impuestos a las ganancias para los trabajadores y empresas, pero por otra puerta le abrimos el grifo a las provincias para poder subir ingresos brutos con el nuevo pacto fiscal.
El oficialismo se vanagloria de promover las exportaciones cuando el impuesto a los ingresos brutos es el de mayor sesgo agroexportador que no rige en ninguna parte del mundo. Además de encarecer el crédito, pega fuerte en las góndolas, encareciendo aún más los productos de los alimentos. El 41% de lo que pagan los consumidores en el supermercado son impuestos y el 10% son ingresos brutos. Entonces, ¿estamos realmente beneficiando a los trabajadores?
Estos parches no hacen más que postergar una reforma seria, que requiere repensar el Estado y el sistema federal. En ningún momento de la discusión el Gobierno ha puesto en el centro qué nos devuelve el Estado en cuanto a bienes y servicios como contraprestación de los impuestos que se pagan. ¿Por qué el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales no piensan cómo eficientizar el gasto en lugar de subir impuestos, aun cuando sean las empresas más ricas del país? Debemos dar este debate y al momento de diseñar políticas incorporar el hábito de analizar cualitativa y cuantitativamente el impacto que tendrán en las provincias. De lo contrario, no podremos salir del laberinto, como un perro que se muerde la cola.
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