Las deudas son relaciones de confianza entre las partes

Los funcionarios más relevantes sostienen que la deuda del sector público es impagable. Sin embargo, todos los contratos establecen plazos de vigencia de las condiciones acordadas, incluyendo fechas de pago. Y, en general, en el caso de los países, ningún acreedor plantea que las deudas sean canceladas en efectivo, en su totalidad, lo corriente es que se renueve con otra emisión de bonos.

La deuda del conjunto de los Estados nacionales sumaba a fines de 2020 el equivalente a USD 82,2 billones (trillones norteamericanos), frente a un PBI mundial estimado en USD 84,5 billones, acusaba una proporción similar al caso argentino, que era del 102% del PBI.

De ahí que si el conjunto de los países intentara cancelar sus deudas en efectivo en corto plazo generaría una catástrofe mundial, para las naciones y sus prestamistas se acabarían las actividades productivas de la humanidad.

Y cabe agregar que en las naciones más desarrolladas la deuda privada es mucho mayor que la pública, es el común denominador en los países más prósperos del planeta. En esos Estados, los más libres de trabas y restricciones innecesarias, los más competitivas, son suficientemente eficientes, transparentes y restringidos en su participación en negocios privados. La confianza en el cumplimiento de los contratos favorece que las personas y empresas se endeuden y presten, empleen, trabajen y disfruten, con la mayor amplitud, capacidad y libertad.

Las naciones con mayores deudas totales son las más ricas, porque no sólo muestran capacidad de pago, sino que destinan los recursos recibidos a satisfacer necesidades del presentes de sus habitantes y empresas, con financiamiento a plazo. El convenio más amplio que viene defaulteando la Argentina desde largo tiempo es la Constitución Nacional.

Los contratos buscan generar ganancias compartidas. El objetivo de los prestamistas inteligentes debiera ser beneficiarse mutuamente con los residentes del país prestatario. Cuánto mayores las ganancias compartidas, mejor para todos.

Por eso, los gobernantes debieran atender las necesidades individuales de los habitantes, nunca imponer necesidades particulares de los dirigentes. En lugar de cumplir la máxima del presidente Lincoln: “El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” parece prevalecer la de Luis XIV “El Estado soy yo”.

Los Estados avanzados disponen de funcionarios competentes en las decisiones. La medida de la calidad de las administraciones es el ingreso de los habitantes, la ausencia de pobreza. Otro índice es el riesgo país. Que varía no sólo con la economía si no especialmente con las políticas y declaraciones de los dirigentes. Así, ese indicador elaborado por JP Morgan-Chase se multiplicó tras las PASO de 2019, mientras que en Ecuador se derrumbó en los últimos días con la derrota del candidato del ex presidente Rafael Correa, en las elecciones del domingo anterior.

Nuevos conflictos y default

Volviendo a la Argentina, el Presidente instruyó al Procurador del Tesoro se constituya como querellante en la causa que investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el FMI. Una decisión que revela la falta de controles y el uso político del Estado.

El Fondo podría anticipar que sus negociaciones con las autoridades actuales sufrirían igual trato en el futuro. Esa declaración anticipa conflictos y default. Esto es el rompimiento de los acuerdos contractuales. No se ha incorporado en parte de la dirigencia política que la ruptura de los contractos conllevan al aumento de la pobreza, tanto más graves como sean extendidos a diferentes actividades y tiempos.

El default de 1982 provocó la grave devaluación y monumental caída de los ingresos de la población, de la cual nunca el país se pudo recuperar totalmente. A valores reales actualizados, el PBI por habitante cayó de USD 26.800 en 1980 a USD 8.900 en 1982. Veinte años después, con la cesación de pagos, y consiguiente salto cambiario, aplaudido por los legisladores en el Congreso de pie, el PBI por habitante cayó del equivalente a USD 12.000 en 2001 a USD 4.400 el año siguiente.

No se aprende que la generación de riqueza, los ingresos, se consiguen con acuerdos contractuales. Como en el juego de la Jenga difundido, al quitar la confianza, la pieza que sostiene la torre, todo se desmorona.

Ahora, aduciendo riesgos por la pandemia de covid-19, distintos gremios impulsan no concurrir al trabajo, ni siquiera a distancia. En el caso de los docentes, el trabajo a distancia no completa los requerimientos para el desarrollo de los alumnos. Si algunos quieren eludir sus compromisos, la sanción mínima debería ser no cobrar el sueldo y prestaciones.

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