Desde junio del año pasado el Gobierno viene preparando el camino para anular o posponer las PASO 2021. En la mayoría de los casos utilizaron dos argumentos insuficientes: que son elecciones costosas y que en pandemia no es recomendable ir a votar.
Siguiendo esta línea, en diciembre pasado presentaron un proyecto que intentaba justificar con la crisis sanitaria, la suspensión de las PASO “por única vez”. Luego dieron un paso más, incluyendo “por la ventana” y a último momento en el temario de Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional la modificación del calendario electoral.
Ahora, el Gobierno sostiene que es necesario postergar un mes la realización de las PASO, y otros incluso fueron más allá pidiendo por su anulación o realización el mismo día que las elecciones generales. Esta última opción constituye un intento encubierto para consagrar la ley de lemas, que no sólo es inviable e inconstitucional, sino que tiene por único objetivo confundir aún más al electorado.
Este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a la discrecionalidad tanto en temas formales como en los que requieren de un amplio consenso con la oposición. No se puede modificar el proceso electoral de un día para otro, sin el consenso de todos los espacios políticos y sin el tiempo que requiere estudiar y debatir este tema en profundidad.
Es comprensible que exista el miedo al virus, sin embargo, más de 90 países del mundo celebraron sus elecciones en contexto de pandemia. Países con diferentes situaciones epidemiológicas como Estados Unidos, Chile, Bolivia e Italia han podido organizar elecciones en pandemia, con sus respectivos protocolos y sin que eso resultara en un aumento de contagios. Precisamente este año se prevé que 85 países lo hagan, 58 antes de agosto.
Entonces, ¿por qué otros países pueden hacerlo y nosotros no?, ¿por qué el Gobierno insiste en posponer su celebración? Tuvieron el tiempo suficiente para adecuar la infraestructura de los centros de votación en todo el país y los protocolos para resguardar la salud, pero no lo hicieron, a pesar que la Cámara Nacional Electoral en su Acordada Nº 33 de junio del año pasado ya le pedía tempranamente al gobierno que tome todas las precauciones para la organización de los comicios.
Algo similar ocurrió con el regreso a las clases presenciales; presionados por la oposición y faltando pocas semanas para el inicio, intentaron excusarse en los graves problemas edilicios de las escuelas, para intentar seguir con la virtualidad, negando a los alumnos el regreso a las aulas. Descansaron en la comodidad que les daba la cuarentena y provocaron la peor parálisis económica y educativa de nuestra historia. Ahora buscan provocar una parálisis cívica, cercenando los derechos electorales a los ciudadanos.
Nada garantiza que en septiembre la situación sanitaria esté mejor que en agosto. Pretender posponer las PASO es una medida política oportunista, que no tiene que ver con lo sanitario. Es muy difícil creer en este argumento del gobierno si recordamos la imagen del caótico y multitudinario funeral de Maradona que el propio oficialismo organizó en Casa Rosada, o cuando abrieron en pleno pico de fallecidos, 419, los colegios para que 60 mil ciudadanos bolivianos residentes en Argentina votaran en las elecciones presidenciales de su país.
No hay dudas, el problema no es sanitario sino político. La intención de postergar las PASO está motivada por el miedo del Gobierno a una inevitable derrota electoral en las primarias, que repercuta en las elecciones generales. Buscan ganar tiempo para intentar arreglar parte del caos económico que ellos mismos generaron con la cuarentena más larga e ineficaz del mundo.
Si efectivamente el problema es el costo de las PASO o el riesgo epidemiológico, cómo insisten en argumentar, la Boleta Única Papel es la mejor solución porque no solo permitiría ahorrar dinero sino que también evitaría la manipulación de boletas y el riesgo de contagio tanto para las autoridades de mesa, los fiscales y los electores.
La experiencia en otros países muestra que, cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, protegiendo la salud de los ciudadanos sin descuidar la salud democrática, con los protocolos adecuados se pueden celebrar perfectamente las elecciones.
Desde la oposición estamos dispuestos a debatir, siempre que el objetivo sea mejorar el sistema y el proceso electoral en beneficio de los ciudadanos, pero no vamos a prestarnos a la especulación política ni a la improvisación de un gobierno sin rumbo, que usa un argumento sanitario para encubrir sus intereses políticos.
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