Por qué llegar a un acuerdo político por el endeudamiento sería una buena idea

Cristina Fernández de Kirchner llamó públicamente a un acuerdo por el endeudamiento de la Administración Central. Propondría a la oposición que acepte decididamente esta convocatoria. Y que presente un texto para su discusión y aprobación, que incluya lo siguiente: “Los representantes de los principales partidos de gobierno y oposición de la República Argentina, acordamos en que el país debe enfrentar su problema de endeudamiento de manera franca y decidida”.

Ya el 25 de mayo de 2003, al asumir como presidente, Néstor Kirchner había dicho: “...El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menores ingresos”.

En 2005, el resultado fiscal primario había sido superavitario en 3,4% del PBI. Pero esos logros no fueron mantenidos. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato con un déficit primario de 3,8% del PBI, es decir, un deterioro de 7,2% del PBI, y si computáramos diferimientos y devoluciones pendientes por retenciones a la compra de moneda extranjera, el déficit a computar sería del 8,7% del PBI, según el análisis del ex viceministro de Economía, Sebastián Galiani en Foco Económico del 7 de diciembre de 2018, sobre la herencia y el esfuerzo fiscal.

Los déficits fiscales fueron financiados con aumento de la deuda pública, pérdida de reservas netas del Banco Central de la República Argentina, y al aumento desmedido de la emisión monetaria, generando altísima inflación. Es así que la Deuda Estatal Neta (Deuda Bruta del Tesoro, menos Deuda del Tesoro en BCRA y en Anses, más Deuda Remunerada del BCRA, menos las Reservas Internacionales Netas del BCRA), habría aumentado en unos USD 70.000 millones entre 2011 y 2015, y USD 45.000 millones entre 2015 y 2019, según detallé en las redes sociales.

Además, la expansión monetaria fue desmesurada: entre 2011 y 2015, se emitió 196% de la Base Monetaria, con inflación del 184% (promedio anual del 30% -IPC Congreso-). Con un serio agravante: la cotización del dólar oficial subió en promedio sólo 23% (y se generaron dólares paralelos, con brechas que en 2015 promediaron 42%), las tarifas (promedio electricidad, gas y agua), aumentaron sólo 25%, y se habían impuesto controles de precios. Es decir, la inflación no sólo fue muy alta, sino que hubo claros síntomas de inflación reprimida.

Durante la gestión posterior (2015 y 2019), la Base Monetaria aumentó 178%, la inflación fue del 298% (promedio anual del 41%), esta vez exacerbada por un aumento del dólar del 522%, y un aumento de tarifas del 1.200%. En pocas palabras, haber abandonado el superávit fiscal trajo altísimos costos: pérdida patrimonial del Estado, altísima inflación, y alta inestabilidad cambiaria y financiera.

A pesar de la tardía mejora fiscal en 2019, no pudo evitarse una reestructuración de la deuda con acreedores privados, con fuertes quitas de intereses. La pandemia de 2020 produjo un fuerte deterioro en las cuentas fiscales, que comenzó a revertirse en 2021. Pero, llevará varios años volver a lograr un superávit primario del orden del 3% del PBI, que es el objetivo que esta dirigencia política ha acordado en obtener.

Y se ha acordado también que, una vez logrado ese objetivo, se mantenga en el tiempo. Considerando el pago de intereses, que será superior al 2% en años venideros, quedarían probablemente unos USD 2.500 millones por año para ir cancelando deudas. Esta cifra sería una señal muy contundente de solvencia fiscal: la deuda respecto al PBI bajaría sistemática y fuertemente, y en base a ello, y a este propio acuerdo político que se propone, es que renacería la confianza en el país, y los préstamos podrían ir renovándose en los mercados de crédito, a tasas bajas.

De modo que se reitera, el país se compromete a tomar acciones decididas para que el resultado fiscal primario logre ser superavitario en una cifra no menor al 3% del PBI anual, en la forma más rápida posible, siempre asegurando que el PBI pueda crecer a buen ritmo año tras año, a partir de políticas que estimulen fuertemente la inversión privada y la creación de empleo registrado. Con la deuda bajando y el PBI subiendo, la caída de la relación deuda/PBI será significativa y sistemática.

“En base a estas consideraciones, solicitamos al directorio del FMI, que, así como hizo lugar a préstamos excepcionalmente altos para el país en 2018 y 2019, haga ahora una excepción en los criterios de repago de las deudas con el organismo, de manera que los plazos de pago sean subidos de 10 a 20 años, los años de gracia de 4 a 6 años, y las tasas de interés bajen de 3,55% a 2% anual. De esa forma, el FMI contribuiría de manera decidida, acorde al decidido compromiso en el logro de resultados fiscales superavitarios, para que el problema del endeudamiento pueda ser resuelto definitivamente en el país, dando vuelta una página oscura de recurrente endeudamiento, muy alta inflación, crisis financieras, y restructuraciones forzosas de las deudas”, concluiría el documento de marras.

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