Ni el Gobierno Abierto ni el mercado competitivo son políticas de Estado

Con mucho ruido y pocas nueces se viene dando a conocer por medios de comunicación que: si bien desde hace tiempo se implementan políticas orientadas a la apertura del Estado, el Plan 2020-2023 busca impulsar el enfoque de gobierno abierto de manera integral y articulada en todo el país, con el objetivo de alcanzar políticas públicas efectivas, federales e inclusivas.

Esta publicidad de política pública comunicada desde el área Gobierno Abierto y País Digital dice estar implantando un Plan Estratégico, el primero, negando todo lo realizado por el gobierno anterior, con sus puntos altos y bajos.

Reconocen así, que no construyen políticas de estado sino política de un solo gobierno que tiene como característica creer que la política nace con ellos y no en conjunto con la pluralidad de fuerzas políticas de la nación.

Pero además, expresan publicitariamente que busca un mecanismo participativo como novedad cuando estos fueron puestos en práctica ya con anterioridad no sólo para la Ley de Acceso a la Información Pública para apertura del gobierno sino también para la reforma integral de ley de Ética Pública o políticas de compliance como la guía para la implementación de la Ley 27.401.

Después, busca explicitar dimensiones de prácticas de apertura, las que denomina como federal, internacional y un ecosistema abierto. Todas estas son en verdad una misma y están atadas a la misma práctica de los funcionarios sólo si cambian la cultura dentro de las organizaciones estatales. Más que anunciar denominaciones, la reforma no iniciada y principal, es la reforma transversal e interna de la cultura administrativa. Sin ella, todo lo que se comunica es impracticable.

Lo importante a resaltar como novedad aquí es que, en la Asamblea de Apertura de Sesiones del Congreso de la Nación del día 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández no hizo ninguna referencia a la necesidad que ante tantos problemas de gestión pública, con hechos de corrupción hoy denunciados y un ministro recientemente renunciado, vaya a enviar o retome la discusión de las leyes de apertura, transparencia y compliance del Estado que tendrían como autoridad de aplicación a las áreas Gobierno Abierto y País Digital, la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Por esto, corresponder resaltar que pasó desapercibido y hay que alertar que no hubo referencias al tratamiento con urgencia de leyes como las de Ética Pública, de Derechos de Datos Personales, de Gestión de Intereses o Lobby, de Gobierno Abierto, ni habló sobre el estado en particular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, hoy acéfala.

De más está decir que, tampoco rindió cuentas sobre el déficit en las respuestas de derechos de acceso a la información pública ni sobre qué ocasionó que durante un año completo de pandemia los portales de transparencia activa no estuvieron funcionando aportando datos abiertos y reutilizables que hubieran permitido un control sobre las compras públicas y el destino de las vacunas contra el Covid-19.

Obviamente entonces tampoco hubo referencia alguna sobre la situación de la Argentina en el Ranking de Transparencia Internacional, en el cual hemos caído después de varios años de mejora en dichos índices anticorrupción.

Finalmente, esto tiene correlación con el sector privado en tanto si no hay reglas anticorrupción y de compliance vigentes nos vamos alejando de la OCDE, por ejemplo, u de otros organismos internacionales de Estados que agrupan y exigen lineamientos para promover las prácticas económicas éticas, sin opacidad, que permitan las relaciones comerciales con los principales países que demandan nuestros recursos agroexportables, industriales o de servicios tecnológicos.

Sin estas prácticas no tenemos, desde lo legal y ético, un punto de partida básico que nos permita competir e integrar en gran escala a la fuerza productiva de nuestros sectores regionales con la economía internacional en momentos de suma complejidad por el contexto de pandemia. No podemos competir sin reglas claras, transparentes y seguridad jurídica.

Por todo esto, sabemos que los destellos no hacen a estrellas y la publicidad no hace a políticas de Estado quedando en sobrada evidencia que esta problemática no es un eje importante para la gestión del presidente, dada la la ausencia de esta temática y el correlativo respaldo a los organismos citados en el discurso de casi 63 páginas ante la asamblea legislativa.

Aún así, el Presidente recalca querer ser recordado como quien sembró la unidad de la argentina. Para ello, la verdad de los datos resulta un valor y elemento clave.

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