Hace unas semanas, en la celebración del natalicio del General San Martín, el presidente Alberto Fernández dijo: “La conectividad de internet se ha desarrollado donde es negocio, donde no lo es no se ha desarrollado. Cuando decimos que la conectividad debe dejar de ser un negocio y debe ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo”.
Es elemental que quien se embarca en una empresa es para “hacer negocio” y está bien que sea así porque, como bien advirtiera Adam Smith hace ya casi 250 años, “no es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses”. Parafraseándolo, “no es de la calificación de servicio público que obtendremos la conectividad, sino de la inversión que las empresas hacen en interés propio”.
Es bueno entonces que las actividades sean negocio. Ello hace que alguien se esmere en producir, innovar, ofrecer buenos productos, satisfacer necesidades de la gente y que su recompensa consista en ganar dinero. De paso, el Estado cobra impuestos. Si hay fallas de mercado, hay remedios para ello, fundamentalmente en la ley de defensa de la competencia o la regulación, sin quitar a la actividad de la esfera del mercado y menos aún del “negocio”.
También el fundador de la ciencia económica moderna estudió el fenómeno de la provisión de bienes públicos cuando no había mercado (poder adquisitivo para costearlos) y la solución estaba en solventarlos mediante tributos, es decir, mediante la administración de fondos públicos aplicados a la provisión de esos bienes por el Gobierno (lo cual no significa necesariamente hacerlo por sí en forma directa).
Si la conectividad no debe ser negocio, el presidente debería dictar otro DNU, ya que el artículo 48 de la ley Argentina Digital contempla el derecho del prestador a fijar libremente sus tarifas, que deberán ser justas y razonables, cubrir los costos, tender a la eficiencia y tener un margen razonable. O sea, poder tener ganancias o, en otra palabras, “hacer negocio”. Esa utilidad debe existir aún en el caso de precios regulados. Que una empresa las tenga o no dependerá de su gestión, pero no queda al arbitrio de la autoridad.
Para resolver el problema de los que no pueden acceder está el Fondo de Servicio Universal y los subsidios que puede dar el gobierno como lo hace con la energía o el transporte. Pero el deudor de la conectividad no es el inversor privado, como no son supermercados ni almaceneros responsables de la alimentación de la población.
Si lo que quiere el Gobierno es estatizar el sector de telecomunicaciones y volver a las exitosas épocas de ENTel, que lo diga sin culpa. En este año electoral es bueno que el Gobierno exponga con claridad si su modelo es el socialismo chavista del siglo XXI o un capitalismo moderno.
Finalmente y aún más importante, en un estado constitucional de derecho cualquiera puede cuestionar una decisión gubernamental que lo afecte y ello no lo convierte en un sinvergüenza. ¿O le aplicaría ese calificativo a los jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes?
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