Coparticipación: hacia un esquema que potencie el desarrollo

Quizás presenciamos recientemente uno de los principales perjuicios que causa el actual sistema de distribución entre las provincias de parte de los impuestos que cobra la Nación, cuando, asediado por las críticas y en medio de reclamos de intervención federal de la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán, desde hace 25 años, les prometió a los empleados públicos del distrito un incremento de sus ingresos del 42% anual, mientras que el resto de los acuerdos salariales en el país rondan el 35%. Dato no menor es que aproximadamente el 70% del empleo registrado en la provincia de Formosa es público, y aún así es la segunda provincia más pobre del país.

Es necesario tener en cuenta que Formosa genera alrededor del 0,63% del PBI del país, y por lo tanto de los recursos fiscales, pero recibe aproximadamente el 3,3% de la distribución de impuestos, o sea, casi 4,5 veces más de los que genera. Es esta falta de correspondencia fiscal entre los ingresos que genera la provincia y los gastos que se permite solventar, la que permite la existencia de “Insfranes”, sostenidos por el clientelismo político.

Pero no nos detengamos en Formosa, es solo el caso paradigmático de un sistema redistributivo establecido en enero de 1988, basado en un “régimen transitorio de distribución”, según el propio art. 1º de Ley 23.548, que creó la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, que atendía a una realidad de hace 33 años, y que por ineficiente y anacrónico, ha dejado lugar a la discrecionalidad, y al establecimiento de premios para aquellos gobernadores alineados y obedientes de la Casa Rosada, y castigos para aquellos más “rebeldes” e independientes.

Coincidentemente, hace 25 años también, vencieron los dos años de plazo en el que debía haberse reformado, con el acuerdo unánime de todas las provincias, el actual sistema coparticipativo. El gráfico ilustra porqué llevamos dos décadas y media incumpliendo el mandato constitucional de 1994, y no aparece en la agenda a tratar por parte del Gobierno.

La coparticipación esta consagrada en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, y dice que, la distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Sin embargo, como ejemplificamos, el actual sistema carece de racionalidad, está basado en un régimen provisorio que ha cedido paso a la discrecionalidad, y que incentiva el empleo público y la pobreza, pilares centrales del clientelismo político. Sin inversión y empleos privados, no hay crecimiento económico posible.

La coparticipación como está hoy definida funciona como un ancla que frena el desarrollo económico, que privilegia el gasto público y la corrupción, por sobre la inversión. Es necesario por lo tanto un nuevo sistema de redistribución, uno que genere incentivos para la inversión y la creación de empleos productivos, y por lo tanto, que propicie el crecimiento económico sostenible.

Una propuesta racional

En la década de los ´60 Milton Friedman proponía un nuevo esquema distributivo, conocido como impuesto negativo sobre los ingresos, destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas, atacando directamente a la pobreza. Este esquema minimizaría, tanto el desincentivo a trabajar, propio de cualquier sistema de transferencia de ingresos, como las distorsiones económicas, que generan otros tipos de subsidios. Además, dada su simpleza, reduciría la costosa burocracia asociada a la administración de los subsidios tradicionales.

El sistema ideado establecía un ingreso básico para todos los ciudadanos, fondeado mediante una alícuota impositiva plana, sobre el total de los mismos ciudadanos.

Si se adapta la propuesta de Friedman, cambiando personas por provincias, y se reemplaza la idea de ingresos mínimos por servicios básicos como aquellos que permitan a las personas ejercer su libertad: la justicia y la seguridad, la educación y la salud, el resultado es un sistema de coparticipación transparente y racional, que no depende de favoritismos ni ambiciones políticas, que es respetuoso del esfuerzo productivo de los habitantes de cada provincia, y que a la vez reconoce que algunas jurisdicciones pueden temporalmente tener menores oportunidades de desarrollo.

Un sistema así planteado determina que en 2019 la provincia de Buenos Aires hubiese recibido poco más de $20.000 por habitante de forma anual, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiese recibido bastante menos incluso, considerando la importante quita e recursos, que arbitrariamente sufrió en 2020. Si se establece un hipotético ingreso mínimo por habitante de $20.000 de 2019, para cubrir esos servicios básicos en todo el país, y se asume también que hipotéticamente los recursos de Anses y Nación son fijos; el porcentaje de los ingresos que las provincias y CABA debieran redistribuir rondaría el 55% de los ingresos fiscales generados en cada una de ellas para destinarse mutuamente $20.000 anuales por habitante.

En este hipotético escenario, la CABA seguiría aportando la mayor cantidad recursos, en términos absolutos y relativos, pero lo haría en menor grado, desde un 76% que redistribuye aproximadamente actualmente, de los ingresos que genera, a un 38%. Por otra parte, la provincia de Buenos Aires pasaría de entregar el 38% de sus ingresos fiscales coparticipables, a recibir un 4% adicional, dada su importante cantidad de habitantes. En este escenario, en 2019 hubiese recibido $610 mil millones, en lugar de $362 mil millones que recibió. Formosa, el caso testigo, seguiría recibiendo importantes ingresos adicionales, pero 65% más de los genera, y no casi, 4 veces y media más, como ocurre actualmente.

Un sistema así planteado, es extremadamente simple, lo que permitiría el control cruzado entre las jurisdicciones, y de la ciudadanía. Es independiente de las consideraciones particulares que cada jurisdicción pueda plantear, y que dan lugar a las arbitrariedades a las que estamos acostumbrados, lo que a su vez fortalece la autonomía provincial.

Además, el porcentaje a distribuir es menor cuanto más productivas son todas las provincias, por lo que mientras más ingresos producen, más ingresos quedan dentro de cada una de ellas, lo que genera los incentivos correctos para el crecimiento económico de cada jurisdicción. Sobre todo, es menor cuanto menores son los fondos destinados a cubrir los gastos nacionales, incentivando así que todas las jurisdicciones le reclamen a la Nación la mayor austeridad en el ejercicio de sus funciones.

No sólo es una obligación legal tener una nueva ley de coparticipación, como se establece en la Constitución Nacional, sino también, es una obligación moral: si se quiere que el país se desarrolle económicamente, si se quiere erradicar la brutal pobreza a la que se ve internamente sometido, se deberá proveer los incentivos correctos para que cada rincón del país pueda hacerlo, como el sistema de redistribución en estas líneas propuesto, en forma consistente con estos objetivos y con el texto de la Constitución Nacional.

SEGUIR LEYENDO: