Este inicio de clases fue diferente a los demás. Giró y seguirá girando en torno al regreso presencial. A diferencia de 2020, este año comienza con un nuevo consenso: ubicar la presencialidad como eje ordenador de las decisiones. Las resoluciones del Consejo Federal de Educación de mediados de febrero y los protocolos provinciales (22 de 24 ya publicados) marcan el camino hacia un mismo objetivo: alcanzar el máximo de horas presenciales posible.
A un año del cierre masivo de escuelas y con menos de un 2% de estudiantes con habilitación para la presencialidad durante 2020, el regreso a las aulas se plantea como una oportunidad para la revinculación (un millón de estudiantes tuvieron muy poco contacto con las escuelas); para empezar a recuperar aprendizajes perdidos y a corregir las desigualdades de acceso que se profundizaron el año pasado y que podrían continuar con un modelo mixto de presencialidad y virtualidad. Por otro lado, el inicio de los procesos de vacunación de docentes y personal escolar refleja la priorización de la educación en algunos distritos.
Ahora bien, tomar decisiones en este contexto tan incierto y desigual no es sencillo. Requiere de recursos, nuevas ideas y mucha flexibilidad por parte de la comunidad educativa en su conjunto. Para avanzar en esta dirección fue clave involucrar de manera más activa a las escuelas, para adaptar los lineamientos generales y planificar la mejor forma de regresar a la presencialidad en cada lugar. Así, se marca una tendencia hacia unidades de decisión más pequeñas y localizadas (distritos escolares, escuelas e incluso secciones y “burbujas”), necesarias para ofrecer respuestas ajustadas a las variadas realidades territoriales. Las escuelas actúan considerando sus condiciones de posibilidad estructurales (características docentes, espacio en las aulas, ventilación, salones disponibles, etc.) y coyunturales, vinculadas a la imprevisible e intermitente circulación del virus.
El foco está hoy ubicado en la nueva organización de la presencialidad y los cuidados sanitarios. El primer gran desafío será sostener estas nuevas acciones vinculadas con la preservación de la salud sumando cada vez más iniciativas pedagógicas que logren sacar lo mejor de la presencialidad y la distancia, contemplado las necesidades de diferentes contextos y estudiantes. Como las situaciones entre escuelas son tan dispares, el apoyo del Gobierno nacional y de los provinciales es fundamental para acompañar las necesidades particulares. Las escuelas, los equipos directivos y docentes no pueden sortear estos obstáculos solos. Necesitan gobiernos comprometidos con nivelar los puntos de partida y las condiciones de posibilidad de cada escuela y familia.
El segundo desafío es incorporar una mirada política que articule distintos sectores y niveles de gobierno. Hoy, más que nunca, se requiere de un abordaje intersectorial. Por un lado, es necesario vincular ágilmente variaciones en las condiciones epidemiológicas con medidas de continuidad pedagógica. Por otro, implementar políticas integrales orientadas a la primera infancia, la niñez y la juventud resulta fundamental para mitigar los efectos de mediano y largo plazo del escenario actual. La efectividad de estas políticas dependerá, en gran parte, de la capacidad de las carteras y los niveles de gobierno para crear marcos comunes de trabajo.
Sabemos que la pandemia tendrá duras consecuencias para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La política educativa debe estar más atenta que nunca a brindar las herramientas y los recursos para mitigar las desigualdades y así avanzar hacia una mayor justicia educativa.
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