Cuando son los dioses los que gobiernan, la decadencia es el resultado

Cuando llegan al gobierno, muchos funcionarios parecen volverse dioses. En el primer día determinan los precios; en el segundo, deciden dónde se ahorra; en el tercero, en qué se invierte; en el cuarto, ordenan cómo producirán de los distintos sectores; en el quinto, establecen cómo la gente tiene que trabajar; en el sexto, organizan las relaciones financieras y comerciales de los residentes con los que viven en el exterior; y en el séptimo, descansan, para eso son Dioses.

El gran problema es que no lo son y no saben más que el resto de los que habitan el suelo argentino sobre cómo invertir o ahorrar la propia plata, cómo producir o manejar un negocio, cómo comerciar o negociar con los extranjeros ni cuánto valen las cosas. Por otro lado, muchos políticos y funcionarios creen que, para financiar su perseverante derroche desde el Estado, ellos pueden “multiplicar los panes y los pesos”. Por eso, al final, todo sale mal y vienen las crisis; porque no pueden hacer milagros.

El problema es que a casi todos ellos les enseñaron que “la sociedad produce, ahorra, exporta, importa, trae dólares o se los lleva, invierte, etc.”. Por lo tanto, si un gobierno te nombra como funcionario es para que administres todo lo que hace la sociedad, que los votó para eso. Sin embargo, no conozco ninguna sociedad, excepto las “personas jurídicas” formadas por individuos, que haga todas esas cosas. Lo hace la gente o las mencionadas asociaciones de personas que se unen para hacerlas.

A muchos que leen estas líneas les debe parecer bien que así sea; pero si logra ahorrar no le debe gustar que le prohíban comprar más de 200 dólares en el mercado oficial y que, por adquirir hasta ese monto, lo castiguen con altos impuestos. Puede ser que le resulte razonable que se fijen los precios y tarifas de lo que consume; pero reclamaría horrorizado si esos mismos funcionarios le redujeran el ingreso o le fijaran un valor menor que el cree que tiene su auto o casa que está por vender. Es lamentable, pero sólo nos damos cuenta que se está violando un derecho cuando a quien se lo están avasallando es a uno mismo. Si es a otro y, eso nos favorece, está todo bien.

Es así como al día de hoy hemos llegado a tener más de 170 impuestos y tasas municipales. Logramos que Argentina esté, entre 190 países, en el puesto 21 de los que más exprimen a sus empresas con gravámenes. Todo esto porque los gobiernos perseveran en gastar cada vez más a costa del sector productivo y, la mala noticia, es que ni así les alcanza; por lo que absorben el crédito que debería ir a producir más. En una palabra, el Estado crece y crece, nunca se ajusta; porque muchos políticos y economistas dicen que así “la economía crezca”. Sin embargo, al quitarle los recursos para producir e invertir al sector privado, lo único que logran es que se achique (ajuste) quien genera lo necesario para pagar los sueldos y gastos propios y, a través de impuestos y tasas, los del Estado. No parece la mejor forma de garantizar un crecimiento sustentable, por el contrario sólo asegura la historia de más de 80 años de decadencia argentina.

Las regulaciones con las que los funcionarios pretenden ordenarnos cómo hacer las cosas superan las 67.000. Es imposible conocerlas y cumplirlas, sobre todo para las Pymes, a las que asfixian. Por otro lado, no es verdad que la legislación laboral protege los derechos de los trabajadores, que son todos. Es decir, los que tienen un empleo formal o están en “negro” o no lo tienen. En realidad, sobreprotege al que tiene la suerte de estar en “blanco” y excluye de esa posibilidad a todos los demás. En los últimos 20 años, hubo gobierno de todos los tipos y períodos de gran crecimiento; pero en cualquiera de ellos más del 40%, y probablemente más del 50% de los argentinos, estaba desocupado, en la informalidad o tenía un seguro de desempleo disfrazado de puesto público o plan asistencial. Lo único que fue permanente en todo ese tiempo, es la normativa laboral que destruye puestos de trabajo productivo formal.

Lamentablemente, en su discurso ante el Congreso, el Presidente no habló de solucionar los problemas de fondo que tiene la economía y que son la causa de la decadencia que nos lleva de crisis en crisis. Sólo propuso parches, como las leyes sectoriales que pretenden incentivar que se invierta en donde ellos consideran relevante o estratégico. Para ello, les moderan el impacto enormemente negativo de las distorsiones y la presión tributaria que se vienen acumulando desde hace décadas y que, en la actualidad, se están agravando. Es como si el Capitán del Titánic les dijera: “Sé que dicen que vamos a chocar contra ese iceberg; pero igual siga viaje con nosotros. Lo pasaremos de tercera clase a primera sin que pague más y le garantizaremos un bote salvavidas, por las dudas”. No creo que haya cola de pasajeros aceptando esta propuesta. Mucho menos en la Argentina, donde cuando fue de conveniencia de la gestión de turno o cambió la idea de qué es estratégico fomentar, nuestros gobernantes han violado dicho tipo de leyes cambiándolas inconstitucionalmente en forma retroactiva. Como sucedió en la anterior gestión K con la Ley de Minería quitándoles beneficios impositivos que ésta les había otorgado.

Por ello, más allá de la actual recuperación, que también el gobierno de Cambiemos la tuvo, hay que convencer al Capitán de este barco que no cometa los mismos errores que las anteriores tripulaciones. Debe encarar las reformas estructurales pendientes o terminará chocando nuevamente contra el mismo iceberg.

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