Formosa: el mecanismo que une a los caudillos provinciales con la coparticipación de impuestos

El nefasto mecanismo que caracteriza al reparto de casi la mitad de los impuestos que cobra la Nación terminó con el federalismo y le dio rienda suelta al populismo, haciendo que unos pocos paguen el clientelismo político que construyen gobernadores y partidos políticos provinciales.

Lo que se ha logrado con el Régimen de Coparticipación Federal es separar el costo político que tienen los gobernadores de recaudar, del beneficio político de gastar.

El gráfico muestra qué porcentaje del total representan los recursos tributarios que recauda cada provincia y CABA respecto al total que administran, que incluye las transferencias automáticas del gobierno central.

Ese ejercicio permite ver con claridad como la provincia de Formosa recauda por la vía de impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural, etc.) apenas el 6,5% del total de recursos impositivos que le ingresan a sus arcas. El 93,5% restante proviene de la Nación, en concepto de distribución del cobro en la totalidad de las jurisdicciones de IVA, Ganancias, Internos Unificados, principalmente.

Es decir, el gobernador Gildo Insfrán está en el mejor de los mundos porque gasta lo que no genera en su territorio con su esfuerzo y no tiene que enfrentar el costo político de recaudar impuestos. De ese modo, es uno de los casos que se beneficia políticamente.

Pero no es solo Formosa, provincias como La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco, también recaudan una mínima parte de impuestos provinciales y viven de la coparticipación. Son estados que podrían ser pujantes, con los enormes recursos naturales inexplotados. La Rioja y Catamarca podrían, perfectamente, tener un fuerte impulso por la minería. Chaco tiene tierras para producir todo tipo de cultivos, al igual que Formosa, incluso con la ganadería. Sin embargo, los gobernadores prefieren anular esas actividades, vivir de las transferencias automáticas que diariamente les gira la Nación, a través de las proporciones definidas en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y crear mucho empleo público, además de distribuir los planes sociales con recursos que también reciben de la Nación.

El siguiente gráfico muestra la relación entre empleados públicos provinciales y empleados asalariados en el sector privado registrado. Como puede verse, en 6 Estados representan la mayor parte.

El dato corresponde a 2017, que es la última información disponible en el Ministerio de Economía, pero a juzgar por la evolución agregada de los asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentina, esas relaciones se fueron incrementando, en detrimento de las empresas y empleadores que son los mayores generadores de riqueza en todo el país.

En Formosa, la estadística revela que hay 1,44 empleados públicos por cada empleado en el sector privado; Catamarca 1,32, les siguen en el ranking La Rioja, Santiago del Estero, Chaco y Jujuy con proporciones superiores a la unidad.

El resto de las jurisdicciones tienen relaciones muy altas de empleados públicos respecto a los empleados del sector privado, con las excepciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; lo que muestra que el empleo en el sector público es una fuente de clientelismo político y una manera de disfrazar la desocupación real en la Argentina.

Cuánto más empleo público hay, menos desocupados aparecen, aunque buena parte de esa nómina no genere riqueza, porque no presta servicios eficientes al resto de la sociedad. Simples ñoquis que entraron a la órbita estatal de la mano de la dirigencia política de turno para entorpecer a los que producen.

En 1988 había 1.270.986 empleados públicos provinciales y, en 2019, había trepado a 2.379.451, aumentó 87% en poco más de tres décadas, a un ritmo equivalente de 2%, el doble que la tasa de crecimiento de la población en general, sin que se observe mejor educación pública, salud o seguridad.

Creciente asistencialismo con recursos ajenos

En 2008 había, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre jubilaciones, pensiones y ayudas sociales, 12,7 millones de beneficiarios y en 2019 habían trepado a 21,3 millones, de los cuales, inicialmente 6,7 millones correspondían a perceptores de planes sociales y 11 años después se habían incrementado a 12,8 millones de personas.

Pese a semejantes aumentos del empleo público y de los planes asistenciales oficiales, el país registra cada vez mayor número de pobres, y es la causa misma de la decadencia.

Justamente, en los casos de Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, etc. se ve que, a pesar de tener más empleo público que privado y financiarse con coparticipación federal, son provincias que ostentan las mayores tasas de pobreza de la Argentina.

Los últimos datos del Indec revelaron que Formosa tiene una pobreza del 42,4% de la población, Gran Resistencia 48,7%, La Banda, en Santiago del Estero 43%. En síntesis, el NOA y el NEA son las jurisdicciones que más empleo público tienen, dependen casi exclusivamente de la Coparticipación Federal de Impuestos, y tienen las tasas de pobreza más altas del país.

Además, en el NOA el 37% de la población recibe la Asignación Universal por Hijo y en el NEA el 43%, solo por citar uno de los tantos planes sociales vigentes.

Este sistema perverso de reparto de lo ingresado por el cobro de impuestos por parte de la Nación ha creado un gigantesco clientelismo político, que transforma a muchas provincias en verdaderos feudos controladas por caudillos que se eternizan en el poder cultivando vagos. Ellos controlan el empleo público, los planes sociales que reparten y no tienen que cobrarle grandes imposiciones a la mayoría de sus habitantes.

Es bueno recordar que la Constitución de 1853/60 era sabia y no incluía en su articulado la Coparticipación Federal de Impuestos. Es la Nación la que comienza a complicar el esquema tributario en la crisis de 1890, pero en ese caso fue muy transitorio. Se agudizó en la década del 30 y se formalizó y afianzó en 1973, con el regreso del populismo al poder.

Y 23 años después de haberse sancionado la Reforma Constitucional de 1994 que dispuso el tratamiento de un nuevo régimen de reparto de los impuestos que cobra la Nación, sigue como asignatura pendiente, y no aparece en la agenda del Poder Ejecutivo Nacional. Claro, nadie quiere sentarse a negociar por miedo a perder parte de sus ingresos en el reparto de una torta que es cada vez más chica ajustada por inflación.

Como puede verse en el gráfico, tomando los datos de recursos coparticipados en 2019 para no tomar las distorsiones de 2020 derivadas de la crisis sanitaria, Formosa es la tercera provincia más beneficiada con la percepción de la Coparticipación Federal de Impuestos por habitante, detrás de Catamarca y Tierra del Fuego.

La provincia de Buenos Aires, que cedió recursos federales en 1987, es la que menos recibe con relación a su población, así como CABA que depende prácticamente de recursos propios.

El régimen de Coparticipación Federal de Impuestos ha generado todos los incentivos para que los gobernadores no tengan disciplina en el gasto, se establezca un gran clientelismo político que se financia con recursos provenientes de los contribuyentes de otras provincias, y junto con los planes sociales, genera todas las condiciones para que se establezcan verdaderos feudos, con una pobreza creciente que hace que la gente viva mendigando las migajas que los gobernadores les entregan a cambio de su voto cautivo.

Es el método más perverso para destruir el sistema republicano de gobierno y establecer verdaderos reinados como el de los Kirchner en Santa Cruz, Insfrán en Formosa, los Rodríguez Saá en San Luis o Zamora en Santiago del Estero.

Tenemos lo más parecido a una monarquía y lo más alejado de una república.

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