Hacen la ley y la trampa

Los bienes públicos son del pueblo, no del Gobierno. Los manejos discrecionales son inadmisibles y contrarios a la ley

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El presidente de Argentina recibe
El presidente de Argentina recibe la primera dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19.

Los recientes hechos relacionados a la existencia de “vacunatorios VIP” constituyen conductas reprochables desde el sentido más elemental de la ética y que, además, pueden constituir delitos de debatible tipificación. Asimismo, desde lo humano, es difícil comprender y más aún justificar conductas tan despreciables por parte de funcionarios públicos.

El presidente Alberto Fernández buscó minimizar estos acontecimientos, diciendo que privilegió a algunos que “se adelantaron en la fila”. En primer lugar, el Presidente debería releer el artículo 16º de la Constitución argentina, que obliga a considerar a todos los ciudadanos como iguales ante la Ley.

Además, reflexionemos: ¿Qué puede esperar el ciudadano si sus servidores manejan lo público como un botín? Quiero recordar algo básico en este berenjenal en el que está metido el Gobierno argentino: los bienes públicos son del pueblo, no del Gobierno. Éste no puede manejarlos de forma discrecional. Es inadmisible y contrario a la ley.

El Presidente calificó como “payasadas” el aluvión de críticas que recibió su gobierno en las últimas horas. Es entendible su malestar porque la misma sociedad que lo acompañó cuando dijo privilegiar la salud ahora le está exigiendo explicaciones ante hechos tan miserables que ponen en riesgo la vida. Nos encerraron durante 8 meses para cuidarnos y ahora nos venimos a enterar que las vidas de unos valen más que los otros para este gobierno. Hay una profunda contradicción entre los discursos y la realidad.

Justamente, el artículo 205º del Código Penal argentino fue el sustento de los decretos de necesidad y urgencia que impusieron las restricciones de circulación el año pasado. Asimismo, allí se tipifican las conductas irregulares que cometió el ex Ministro de Salud, Ginés y otros funcionarios. Ellos violaron los protocolos de priorización.

En Argentina hay leyes y normas vigentes. Le guste a quien le guste. No vamos a aceptar que no se cumplan. Somos una oposición activa y que controlará cada acto de gobierno para hacer respetar a los argentinos.

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