El domingo 28 de febrero la India puso en órbita con éxito el AMAZONIA-1, primer satélite de vigilancia terrestre totalmente diseñado, fabricado y operado en Brasil. En el lanzamiento también se pusieron en órbita 18 satélites secundarios, tres de ellos indios.
El lanzamiento se efectuó con un vehículo polar PSLVC51 desde una plataforma de la base de Sriharikota, en el estado suroriental de Andhra Pradesh, según informó la Organización de Investigación Espacial de la nación asiática. El Primer Ministro, Narendra Modi, celebró desde Nueva Delhi: “Felicitaciones al Presidente Jair Bolsonaro y a los científicos brasileños por este éxito. Se trata de un momento histórico de nuestra cooperación espacial”. La cancillería india destacó que este sector es una “importante área de colaboración”. A 752 kilómetros del planeta, el satélite captará imágenes de alta resolución para contribuir a sus programas de observación y vigilancia, incluyendo el destinado a la fiscalización de la deforestación de la Amazonia. El acuerdo India-Brasil es consecuencia del firmado hace casi dos décadas, en 2002, por estos países.
Pero Brasil tiene también una importante colaboración en el campo satelital con China. Los nuevos satélites complementarán sus “mapeos” con los CBERS-4 y CBERS-4A, que se vienen utilizando para monitorear en forma autónoma el territorio sin depender de equipos extranjeros. Los CBERS son desarrollados conjuntamente por Brasil y China en el marco de un plan bilateral que les ha permitido crear y lanzar ya cinco satélites, dos de los cuales continúan operables. Es un programa de cooperación que permitió al Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) -que es estatal– dominar la tecnología de vigilancia remota con cámaras y sensores. Esta experiencia previa le dio a Brasil la autonomía para diseñar, producir, montar y operar el AMAZONIA-1 en el país. La colaboración de China e India en el proyecto satelital brasileño hace conveniente recordar la participación de los tres países en el grupo BRICS que integran junto con Rusia y Sudáfrica. El país más grande de América del Sur participa desde hace más de una década en las cumbres de jefes de gobierno del quinteto de las potencias emergentes. La decisión de incorporarse al grupo fue adoptada hacia fines del segundo gobierno de Lula y el proyecto satelital se ha desarrollado sin pausa desde el mencionado acuerdo con India firmado en 2002, pese a los cambios ideológicos en los gobiernos posteriores a la destitución de Dilma Rousseff.
Brasil acaba de llamar a licitación para las concesiones para operar las tecnologías de quinta generación (5G) de telefonía móvil. La agencia nacional de telecomunicaciones, Anatel, aprobó las reglas generales para la subasta del espectro 5G, el cual el gobierno de Jair Bolsonaro confía se pueda realizar hacia finales de julio de este año. El ente regulador es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones que estima que se generará una inversión de entre 5.942 y 6.283 millones de dólares. El 5G es un avance importante, especialmente en términos de velocidad. Permitirá navegar hasta 10 Gbps (gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado.
El ente regulador brasileño definió que la operación comercial debería comenzar en un año a partir de la firma del contrato, es decir, en julio de 2022. Se extenderá primero a las ciudades con más de 500.000 habitantes, en un proceso que concluirá a finales de 2026, cuando se prevé que el servicio llegue a las ciudades con menos de 30.000 habitantes. Pero el punto estratégico y políticamente complejo es la participación de la empresa china Huawei, a la que Estados Unidos le aplicó distintas medidas de restricción y represalia incluida la detención en 2018 de su directora financiera -hija del dueño de la empresa- en Canadá. Impedir que esta empresa china domine el mercado de la tecnología 5G a nivel global es una prioridad de Estados Unidos que Biden mantendrá. Aunque Huawei no es una operadora de telefonía, y no participaría en la subasta, se trata de una de las mayores empresas abastecedoras de infraestructura para esta tecnología, siendo la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia otros actores en este ámbito. Estados Unidos logró alinear a sus aliados de grupo anglosajón (Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) en las limitaciones a la empresa china. El argumento es que se encuentra bajo control de los servicios de inteligencia chino y es un instrumento de ellos. Brasil se acerca a los 220 millones de habitantes y es el país más grande de América Latina. Impedir que Huawei tome el mercado de 5G es muy relevante en la política de la administración Biden para detener la creciente influencia China en la región.
Mientras en Brasil se avanza en el proyecto satelital y se realiza la apertura a la tecnología 5G, se acentúa la presencia militar en el gobierno. Con casi la mitad del gabinete proveniente de las fuerzas armadas y siendo el mismo Bolsonaro un militar retirado, el rol militar se incrementa como apoyo al Presidente y como instrumento de su gobierno. En el último año este avance se manifestó en la designación del general Walter Braga Netto como jefe de la Casa Civil (un cargo con funciones similares al del jefe de gabinete en Argentina) en un momento de fuertes tensiones. En esta etapa el objetivo militar fue evitar el avance del Presidente sobre la justicia y el congreso, que impulsaban entonces sus partidarios más extremos y que el Presidente llegó a apoyar en sus manifestaciones callejeras.
Avanzada la pandemia, en el segundo semestre de 2020, un general en actividad paracaidista, Eduardo Pazuello, fue designado ministro de Salud. Se hizo cargo del ministerio en el peor momento de la pandemia con un equipo de militares en actividad que fue ampliado. Al comenzar el año, otro general en actividad, el secretario general de la presidencia, Jorge Oliveira, fue el hombre clave que negoció con la política tradicional, -la estructura del “centrão “- permitiendo que dos políticos afines a Bolsonaro quedarán como presidentes de la cámara de senadores y diputados (Pacheco y Lira) lo que impide que avancen los proyectos de juicio político contra el Presidente. En febrero, Bolsonaro designó al general Joaquim Silva e Luna como nuevo Presidente de Petrobras, la petrolera estatal brasileña. Fue una designación mal recibida por los mercados. La empresa estatal eléctrica (Electrobras) y la de correos (Correio) también están a cargo de militares y están por ser privatizadas. El secretario de asuntos estratégicos, el almirante retirado Flávio Rocha, será designado jefe de la secretaría especial de comunicación del gobierno, organismo responsable de la comunicación con la prensa y la distribución de los recursos de la publicidad estatal.
Según el tribunal de cuentas hay hoy 6.100 militares en funciones civiles, pero no es un hecho nuevo. En 2017 en el gobierno de Dilma Rousseff ya eran 3000, es decir se trata de un proceso. Cabe señalar que tanto el proyecto satelital, como el área de comunicaciones se encuentran bajo control militar. Desde la izquierda se sostiene que los militares obedecen al Presidente y son su apoyo político más importante, pero en el centro se reconoce su rol estabilizador al haber impedido la radicalización del Presidente, que en un momento se encaminaba a chocar con el congreso y la Suprema Corte. En el campo empresario, hoy predomina la crítica a Bolsonaro a quien acusan de haberse alejado de la política económica ortodoxa inicial.
En conclusión: Brasil da un paso importante en su proyecto satelital con el Amazonia 1 desde la India, la licitación del G5 pone aprueba su relación con EEUU y la influencia militar se acentúa.
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