La provincia de Santa Fe se acerca hacia esa delgada línea, límite entre la vida institucional y el camino opuesto. Santa Fe está adelantando lo que puede llegar a pasar en el resto del territorio argentino. El gobernador Perotti ha manifestado ante este medio su férrea decisión de combatir los ilícitos, provengan de donde provengan. El Senado de la provincia tiene un antecedente en cuanto a poner límites al Poder Judicial, cuando éste observa/investiga a algunos de sus miembros. Pasó hace algunos años atrás y vuelve a ocurrir en estos tiempos. El año pasado la investigación del juego ilegal y sus ramificaciones, derivó en que dos fiscales terminaran tras las rejas, uno de ellos Fiscal Regional. Los fiscales Matías Edery y Luis Schapapietra avanzando en la tarea de dilucidar la red de datos del juego ilegal, llegaron a la conclusión de la vinculación del senador Armando Traferri -jefe por entonces del bloque mayoritario del oficialismo, hoy dividido entre “perotistas” y los que denostan al gobernador- , motivo por el cual pidieron el desafuero del citado senador al entender que tenía que ver con la corrupción asociada al juego ilegal. Como sabemos el Senado no hizo lugar al desafuero. Los fiscales intervinientes antes mencionados, siguieron adelante y solicitaron al juez Carlos Leiva que declare inconstitucional el art 27 del CPP de Santa Fe, que impide que la investigación continúe.
Santa Fe tiene un sistema de inmunidad que hace que quienes ostentan fueros se conviertan en dioses terrenales intocables, contradiciendo a la propia Constitución Nacional y a los Tratados internacionales a los que adhiere Argentina. El jueves último el propio Senado con el rol protagónico del senador en cuestión, y con el acompañamiento unánime de los senadores del Frente Progresista, produjeron dos hechos atentatorios a la salud del equilibrio de poderes, con el cual se sustenta la democracia. Por un lado aprobaron la constitución de una Comisión de Investigación a los fiscales queriendo intervenir en las investigaciones del MPA. Ayer lunes el Ministerio Público de la Acusación, rechazó la creación de esta Comisión por inconstitucional y por considerar que es una intromisión del Legislativo en actividades del Judicial. Sobre esto ya hay arrepentidos. El senador radical Lisandro Enrico dijo a Infobae: “No hay voluntad de que ésta prospere”. El segundo hecho generado por el Senado santafesino, tiene como antecedente la carta que presentó el senador Traferri, respondiendo al pedido de los fiscales Edery y Schapapietra al juez Carlos Leiva para que declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del CPP, que imposibilita continuar la investigación sobre el citado senador. En dicha carta Traferri le manifiesta al juez Leiva, en resumidas cuentas, que para la Cámara de Senadores -al no haber votado su desafuero-, este tema debe ser archivado y las actuaciones no deben proseguir. Ante esto, la Cámara de Senadores generó, a criterio de esta cronista, un acto insólito: un proyecto de resolución en donde en su artículo segundo le hace saber al juez que no puede avanzar en el proceso judicial instaurado contra el senador Traferri, y en el artículo cuarto se faculta a la presidenta del Senado, para que proceda a interponer ante el juzgado actuante, este proyecto de resolución a fin de ser tenida como parte del proceso. Esto ingresó el viernes 26 de febrero, a las 8:26. en la oficina de Gestión Judicial de Rosario.
Esta situación debe analizarse desde tres aspectos: jurídico, mixto y político. Indudablemente en el primero se recorrerá el camino procesal. Dada la situación, cualquiera sea la decisión del juez Leiva, será recurrida por la parte afectada. Por lo tanto todo indica que luego de las instancias procesales, esto terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí lo interesante es ir al encuentro de fallos en los cuales esta Corte, ha sido clara al expresar que no existe ley -aún votada por mayoría-, que tenga validez, si su espíritu atenta contra la división de poderes y el equilibrio de los mismos. Lo que busca tutelar es que un poder del Estado no limite el accionar de otro. En esta línea de análisis habría una clara intromisión del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial. Hay antecedentes en este sentido en el 2005 en el caso “Ponce, Carlos Alberto contra la provincia de San Luis”. En el 2009 cuando el máximo tribunal ordenó al gobernador de Santa Cruz reponer en su cargo al Procurador General Eduardo Sosa y en el 2019, sobre la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces en el caso: “Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ amparo”. En todos estos fallos el argumento se sustenta en el respeto del principio republicano de división de poderes que establece la existencia de tres poderes del Estado con funciones bien definidas, de manera que ningún departamento de gobierno pueda ejercer lícitamente otras facultades que las que les han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas. Es decir que por encima de las leyes y Constituciones provinciales, está la Constitución Nacional.
La alusión al aspecto mixto tiene que ver con la necesaria decisión política de no entorpecer, que necesitan fiscales o jueces para avanzar cuando se investiga al Poder. En el caso de Santa Fe el gobernador Perotti declaró en su oportunidad su voluntad de que se investigue con libertad a todos, sea el que fuere. Es sabido que al poder no se lo investiga sólo con las herramientas procesales.
Para que una investigación de esta naturaleza llegue a buen puerto, se necesita de una justicia que investigue según los criterios jurídicos y las herramientas procesales que dispone. Que el Poder político no se interponga. Que la difusión de estos actos sean conocidos por la ciudadanía. Y es clave que las fuerzas federales, en este caso la policía judicial, también trabajé en la búsqueda de la verdad.
En el aspecto político, la política debe estar dispuesta al costo que deba pagar a la hora de avanzar sobre organizaciones delictivas criminales, enquistadas en los distintos estamentos de la sociedad.
Llama la atención que habiendo transcurrido 96 horas luego de generados estos hechos, el principal jefe de la oposición Miguel Lifschitz, al igual que otros actores de la política santafesina, mantengan silencio al respecto.
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