Este lunes presenciamos casi un acto electoral. El Presidente habló mirando más a las urnas que a las necesidades inmediatas que padecen millones de personas en todo el país. Decidió que era más importante polarizar contra la oposición de Juntos por el Cambio y el Poder Judicial que ofrecer soluciones reales a las familias trabajadoras que sufrieron durante 2020 -y siguen sufriendo- la desocupación, la caída de su salario, la precarización de sus condiciones laborales y la creciente desocupación.
A lo largo de más de una hora y media escuchamos una fuerte justificación de todo lo actuado en la pandemia. Eso, sumado a “la herencia” de Macri, volvió a ser el argumento del oficialismo para justificar la dramática situación que viven las mayorías populares.
Pero la desigualdad y la pobreza se acentuaron en el año que pasó. La factura de la pandemia la pagó y la sigue pagando el pueblo trabajador. Y eso no es casual. Las políticas oficiales estuvieron destinadas a sostener las ganancias de los grandes empresarios mientras la población pobre sufría un hundimiento de sus condiciones de vida.
Por ejemplo, los fondos destinados a pagar el más que modesto Ingreso Familiar de Emergencia fueron mínimos si se comparan con aquellos destinados al pago de la deuda pública. Pero incluso aquellas medidas mínimas ni siquiera se sostuvieron en 2021. Buscando acordar con los criterios de ajuste fiscal planteados por el FMI, el Gobierno terminó con el IFE y recortó lo destinado a la Tarjeta Alimentar y la AUH en el presupuesto para este año.
Durante su discurso, Fernández realizó un pedido de aplausos hacia el personal de salud. Tengo que decir que me resultó una muestra de cinismo. ¿Dónde está el reconocimiento oficial si se mantienen el pluriempleo, la precarización laboral y los bajos salarios en plena pandemia? ¿Dónde, si se elige vacunar primero a los amigos del poder, antes de terminar de vacunar a médicos y enfermeras que vienen arriesgando su vida y su salud desde hace un año?
Tampoco es cierto lo que dijo el Presidente acerca del cuidado a los adultos mayores. Millones de jubilados y jubiladas volverán a perder con la inflación en el próximo aumento. Sus haberes, lejos de haber mejorado en 2020, siguieron estando debajo del monto necesario para sus necesidades. En diciembre pasado, cuando se discutió la nueva movilidad en Diputados, el bloque oficialista se negó a incorporar nuestra propuesta de una cláusula de garantía para que con los nuevos aumentos no perdieran frente a los precios.
El discurso electoralista quedó claro, también, en el tema de la deuda pública y la negociación con el FMI. Alberto Fernández criticó duramente al gobierno de Cambiemos y anunció una investigación criminal contra Macri y sus funcionarios. Además, denunció el carácter completamente ilegal de la deuda contraída. Sin embargo, ratificó que pagará a libro cerrado esa deuda.
A esta altura nadie puede creer que eso se hará sin “ajustes recesivos”. El ejemplo señalado del cambio en la movilidad jubilatoria confirma que la deuda ilegal la pagarán las mayorías trabajadoras por gestión del peronismo.
El Frente de Izquierda ha sido y es la única fuerza que rechaza la sumisión al FMI y el pago de esa deuda fraudulenta. Desconocer y repudiarla es el primer paso para empezar a cuestionar la subordinación al gran capital imperialista. Denunciarla por un lado y negociar para pagarla por el otro es simplemente un verso electoral.
El Presidente habló de los salarios y propuso abordarlo con acuerdos y diálogos. Reivindicó el congelamiento de precios decretado al inicio de la pandemia. Pero la realidad es otra. En 2020 la canasta básica de alimentos aumentó un 45%. Los pobres se volvieron más pobres y los ricos aún más ricos. La promesa de “recuperar lo perdido con Macri” quedó muy lejos. Otro engaño de campaña.
El Gobierno, más allá de las palabras, garantizó que los salarios se mantuvieran planchados, como pedían las patronales. Hoy el salario mínimo, vital y móvil está por debajo de la línea de indigencia. Una vergüenza total, amparada por la pasividad de las CGT. Desde el PTS-Frente de Izquierda volvemos a reclamar que, de manera urgente, el piso del SMVM sea de $50 mil. No puede permitirse que las familias trabajadoras sigan perdiendo.
La contracara de esta situación fue un nuevo anuncio de subsidios para las grandes petroleras. Un nuevo paso en las políticas extractivistas que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio impulsan y avalan en todo el país. Un nuevo favor del Estado para los Rocca y cía.
El Presidente habló también sobre las enormes tarifas de los servicios públicos. Recordó los gigantescos aumentos de los años de Macri. Sin embargo, omitió decir que el congelamiento aplicado por su gestión se hizo sobre esos mismos precios, que golpean duramente el ingreso de las grandes mayorías. En ese marco prometió una genérica desdolarización cuyos efectos reales es aún difícil conocer.
Desde el Frente de Izquierda seguiremos insistiendo en que la garantía de que los servicios públicos sean un derecho y no un negocio empieza con la estatización del conjunto de las empresas privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo gestión de las y los trabajadores, junto a usuarios populares. Solo eso puede garantizar tarifas accesibles a las mayorías populares, al tiempo que evita cualquier mecanismo que favorezca la corrupción.
No quería terminar sin referirme a las duras críticas del presidente a la casta judicial. Por el momento, se trata solo de palabras. Durante los gobiernos kirchneristas vimos más de una vez amenazas de este tipo. Los resultados fueron nulos. El Frente de Todos, más allá de los discursos, no cuestiona el poder y los privilegios de ese poder contramayoritario que decide todos los días contra los intereses populares, sino que se ha valido de esa misma casta judicial (y de los servicios de inteligencia cuando estuvo en el gobierno). Esto también es puro relato electoral.
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