El descrédito del sistema judicial tiene una multiplicidad de causas que “la política” no interpreta. El sistema judicial es un método de resolución de conflictos, entre personas o entre las personas y la ley, pensado por seres humanos, sobre la base de leyes humanas y ejecutado por seres humanos. Por eso, es falible y mutable. Pero es imprescindible en el mundo moderno para el desarrollo armónico de la vida en sociedad. Entonces, un primer error habitual y que genera desazón con los resultados es confundirlo con un concepto absoluto de Justicia, que solo es atribuible a los dioses.
El modo de resolver los conflictos en el sistema judicial es a través del proceso, donde se determinan primero los hechos que motivan la intervención del Juez, quien luego les asigna significación jurídica. Solo en pocos casos los juicios están referidos a la mera interpretación de la ley. Para determinar los hechos, es necesario “alimentar” el proceso con pruebas y esta tarea está sujeta a reglas específicas, por lo tanto hay que tener presente que una cosa es lo que se sabe de lo ocurrido y otra es convertir ese conocimiento en evidencia judicial útil. Los jueces deben someterse a reglas de interpretación para no dar pie a la arbitrariedad.
Así, es muy posible que el resultado de un proceso no se ajuste a la realidad histórica sino a la denominada “verdad formal”. Esto también puede causar desazón con los resultados, si la expectativa era otra, pero en el Estado de Derecho aceptar la decisión final de los jueces es obligatoria (“es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, art. 18 de la Constitución Nacional).
Partiendo de esas premisas, el desafío es acercar lo más posible el resultado del proceso al concepto que cada cultura tenga de lo justo y de la verdad histórica. Esto es posible y para ello es preciso quitarle a los procesos formalismos innecesarios y tramitarlos aprovechando los elementos tecnológicos de la época.
Hoy, el proceso escrito es anacrónico y la causa principal de la morosidad judicial, otro motivo de desazón para las partes. Aleja más de la realidad histórica, porque las declaraciones despersonalizadas por el papel -en blanco y negro somos todos iguales- permiten que cada lector las interprete a su modo, frente a la inmediación con la prueba del juicio oral. Y lo peor es la mezcla de proceso escrito en la instrucción de los casos penales y la oralidad en el juicio, porque la escritura y la oralidad admiten distintas interpretaciones de la evidencia y cuando el resultado del juicio oral no coincide con la propuesta que surge de la instrucción, ¿qué ocurre?: una nueva desazón.
Otra ficción tradicional en el fuero penal es que los jueces de instrucción y los fiscales investigan. Solo dan significación jurídica a la información recibida, porque no son investigadores y esa función debe ser asignada a especialistas, en lo posible no dependientes del Poder Ejecutivo. Por eso, cuando el caso no es investigado adecuadamente, ocurre otra desazón.
Entonces, el modo de devolver la credibilidad del sistema judicial es modernizarlo con la adopción de procesos orales de trámite simple a partir del uso sistemático de métodos modernos de registro, como la filmación, sistemas informáticos que en lugar de limitarse a reemplazar el papel colaboren en la gestión del caso, inclusive con uso de inteligencia artificial, la adopción de la oralidad como sistema básico de conocimiento para el Juez y el juicio por jurados, no solo para el fuero penal. Está demostrado que oralizando los procesos la gestión de cada caso lleva menos tiempo y esfuerzo que en el sistema escrito, donde además es inevitable la delegación de funciones y los jueces se convierten en meros convalidadores de lo que hacen sus colaboradores.
Para ello, en materia penal es necesario readecuar la estructura funcional del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a partir de establecer colegios de jueces en lugar de juzgados, con asignación aleatoria de los casos, y fiscalías adecuadas a la demanda en cada época, también con asignación aleatoria de fiscales a cargo según la especialidad.
En una sociedad moderna dominada por las imágenes, es absurdo tener procesos que duren décadas o juicios orales cuyos debates duren dos o tres años porque los jueces comparten diversos tribunales o porque se pretende juzgar cantidades de hechos que no cambiarían la pena a imponer.
Finalmente, el mayor descrédito del sistema judicial está dado por la injerencia de la política. Hoy un 40% del electorado cree que hay impunidad en los hechos de corrupción, solo porque la Vicepresidente no está detenida, pero olvida que se han procesado y condenado ex funcionarios públicos relevantes como nunca en la historia. Otro alto porcentaje de la población cree que esos procesos son injustos y no se persigue a otros funcionarios que perciben como corruptos. La suma de ambos grupos más los litigantes disconformes de otros fueros determina que, por distintos motivos, la imagen del sistema judicial es muy mala.
Entonces, el modo de mejorar la imagen de la Justicia no pasa por crear más de lo mismo, por establecer instancias intermedias que solo demorarán más los procesos y por “intervenir” el Ministerio Público Fiscal desde los órganos políticos, sino por adecuar los sistemas procesales y de gestión a los tiempos modernos y, sobre todo, al mandato constitucional de garantizar la independencia del sistema judicial e implementar el juicio por jurados.
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