El peligro de la consolidación autoritaria en El Salvador

El Salvador elige el próximo 28 de febrero la totalidad de la Asamblea Nacional (84 diputados), los diputados al Parlamento Centroamericano (20 diputados) y 262 Alcaldes y Consejos Municipales.

Actualmente la Asamblea cuenta con 37 diputados de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); 23 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); 10 de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA); 9 del Partido de Concertación Nacional (PCN); 3 del Partido Demócrata Cristiano (PDC); 1 de Cambio Democrático (CD) y 1 independiente. Con esta conformación de la Asamblea, el Gobierno necesita consensuar con los partidos políticos de la oposición para aprobar las leyes. Las difíciles negociaciones en el Congreso durante todo el Gobierno de Bukele han generado una tensión política que ha ido en aumento.

La victoria de Nayib Bukele en 2019 significó el fin del bipartidismo que se había instaurado en el sistema político luego de la firma de los acuerdos de paz. El joven mandatario de 39 años ganó las elecciones en 2019 con el 53% de los votos, mientras que ARENA obtuvo el 31.72% y el FMLN el 14.41%. Esta será la primera elección en la que competirá con su partido Nuevas Ideas, ya que en 2018 la consolidación del partido fue posterior a los plazos planteados con anterioridad por el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, este hecho generó polémica dentro de la ciudadanía, ya que fue denunciado por Bukele como un intento de proscripción.

El presidente, que en un principio se presentó como un millenial con comunicación directa con la ciudadanía a través del uso constante de las redes sociales para informar medidas importantes de su Gobierno y como la representación de una “nueva política”, pasó a preocupar gravemente a la comunidad internacional por sus métodos autoritarios. El 9 de febrero del 2020 irrumpió en la Asamblea Legislativa, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas, para exigir la aprobación de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, llegando incluso a llamar a la insurrección popular a los simpatizantes que se habían movilizado a los alrededores del palacio. Este hecho fue señalado como un intento de golpe de estado y un retroceso en la institucionalidad democrática.

El camino a las elecciones tampoco ha sido fácil. Se han suscitado hechos que ponen en juego la institucionalidad democrática, desde violencia política y atentados hasta la presentación de una iniciativa en el Congreso para declarar la incapacidad mental del Presidente y campaña sucia.

A fines de noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral denunció un bloqueo, por una determinada cantidad de horas, en la entrada de su sede central por parte de un grupo de simpatizantes del partido Nuevas Ideas, quienes reclamaban un “proceso indebido” en la inscripción de candidaturas, debiendo intervenir la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Por otro lado, el pasado 31 de enero se realizó un atentado terrorista contra un vehículo ploteado del Frente Farabundo Martí en plena capital del país centroamericano, al finalizar un acto proselitista. Adentro del auto había militantes del partido y niños. Lamentablemente 2 de ellos murieron y otros resultaron heridos. Las investigaciones del caso involucran a la Policía Nacional Civil y el partido denuncia violencia política.

Además, la actual diputada Nidia Díaz y candidata a diputada por San Salvador denunció ante el TSE spots de campaña del partido Nuevas Ideas por dañar su imagen y violar el artículo 244 del Código Electoral, que establece la prohibición de propaganda ilegal.

Los partidos políticos tampoco recibieron la llamada “deuda política” establecida en la Constitución, que son los fondos que el Estado destina para que financien las campañas políticas en función de “promover su libertad e independencia”.

En materia electoral, en esta oportunidad se ha incorporado tecnología para la transmisión de datos desde las Juntas Receptoras de Votos, a fin de optimizar los tiempos y el trabajo de los miembros de las juntas. Dicha reforma, fue criticada desde el Gobierno, que a través de la secretaría de prensa mostró preocupación por “las irregularidades detectadas en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a partir de los dos simulacros de procesamiento de resultados”, no contribuyendo a la legitimación del proceso. También ha valido para que el Presidente haga acusaciones graves de fraude al Tribunal Supremo Electoral, tal como ha publicado en sus redes sociales: “Cada día es más evidente que tienen el fraude listo”.

Recientemente, la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, informó que no se avaló la realización de una auditoría internacional al sistema de recuento de votos a utilizarse en los comicios

Ante las acusaciones constantes de fraude por parte del Presidente de la República, incluso desde antes del inicio de la campaña electoral, el Procurador de Derechos Humanos del país centroamericano, Apolinio Tobar, ha declarado su preocupación: “Hacemos un llamado a eliminar la violencia política electoral, sabemos que será difícil pues el discurso confrontativo no cesa.”

La encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Católica del Salvador muestra que nuevas ideas tiene una intención de voto del 44%; ARENA 10%; 7.10% GANA y el FMLN 6.3%. El 22% de los encuestados contesto No sabe/No responde y el 1.4% declaró que no va a ir a votar.

En esta elección el presidente aspira a lograr consolidar la mayoría absoluta en la Asamblea (56 votos, es decir, 2/3 de la Asamblea) para poder llevar adelante alguno de los proyectos dentro de los cuales se encuentra la modificación de los acuerdos de paz. El pasado 17 de enero, el mandatario prohibió la conmemoración de los acuerdos de paz firmados en 1992, fundantes del sistema político-partidario en el país. Los acuerdos de paz representan el fin de un conflicto armado de 12 años que tiene como origen la gran desigualdad, la pobreza y la exclusión de una parte importante de la población. Tuvo como consecuencia más 75 mil muertes y alrededor de 12 mil desaparecidos, por eso tiene un importante valor en materia de derechos humanos para la sociedad.

La comunidad internacional debe estar atenta a los hechos que ocurran el domingo para preservar la democracia en la región.

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