A casi un año de declarada la pandemia de COVID-19 por la OMS ya está más que claro que lo que comenzó como una crisis global sanitaria se transformó en una crisis social. Para definir este fenómeno que trasciende lo sanitario existe una palabra, un término acuñado en los 90 que explica en gran parte lo que estamos viviendo: sindemia. La prestigiosa revista The Lancet define sindemia como una sinergia donde interactúan la propia enfermedad, con las consecuencias sociales de la desigualdad y la inequidad producto de la pobreza y las distintas formas de violencia estructural que aumentan la carga de stress y sufrimiento de la población, provocando así una retroalimentación dramática. Esto hace que el enfoque para su gestión deba ser matizado por una aproximación que se ajuste a los diferentes grupos sociales de la comunidad, ya que la salud como la enfermedad no se distribuyen de manera igual ni entre los países ni dentro de ellos.
La sindemia vino así a expresar la falsa dicotomía de tener que decidir si la prioridad era la salud o la economía. Ni una ni otra. Es el desarrollo del país que necesita de una población sana para que no se detenga o para reactivar la economía que requiere el crecimiento. A vistas de lo ocurrido, países como Chile, Israel o Estados Unidos entendieron cuál era el desafío y hoy son quienes llevan la delantera en la vacunación de su población y quienes seguramente retomen sus niveles de actividad antes que el resto del mundo. No fue el caso de nuestro país que para muchos fue tomado como modelo hasta que en septiembre pasado el pico de contagios se encargó de mostrarnos que nunca fuimos el pueblo elegido.
La gestión de la pandemia en Argentina fue y sigue siendo desastrosa. Solo hace falta ver los números de fallecidos, las controversias sobre si el testeo era necesario cuando desde el inicio la evidencia mostró que era imprescindible, además, las marchas y contramarchas de una comunicación irresponsable entre otras muestras de incapacidad técnica. La crisis social que vivimos desde el pasado viernes 19 en que se hizo público el escándalo de las vacunas de privilegio y la renuncia del ex ministro González García fue un paso más de un desmadre del que pronto se cumplirá un año. Esta misma columna lo adelantó el sábado 6 de febrero, “Argentina y el show de las vacunas”, casi un avant premiere de lo que aconteció apenas una semana después. No se estuvo a la altura desde ningún punto de vista. La épica nunca tapa la realidad.
Nuestra realidad hoy es la falta de un plan de vacunación, en el que además no hay vacunas y las que hay no se distribuyen según prioridades. Por si fuera poco, se produjo una fractura en la confianza ciudadana que solo no ven quienes viven en la realidad de un relato que se desmorona por sí solo. Argentina es un país donde parecen convivir dos realidades. El mismo país que junto a Chile y Brasil encabezaron un esfuerzo regional de magnitud como fue la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un instrumento que comenzó a cobrar fuerza en 2009 y que vio coronada la iniciativa en 2015 con su ratificación por la Organización de los Estados Americanos en Washington. Argentina la ratificó en el Congreso de la Nación en Mayo de 2017.
“La Convención” es una herramienta que sentó jurisprudencia en diferentes países cuando se la invocó ante la vulneración de los derechos que afectaron a personas mayores. Curiosamente fue el mismo gobierno que hoy les priva de vacunas donde se originó y encabezó la Convención. Un doble mensaje psicótico de un gobierno que enarbola los derechos humanos y la Convención mientras se reparte entre amigos el escaso recurso. El mismo gobierno que en la peor crisis de su administración actual publicó estos días a través de PAMI la “Guía del buen vivir” para personas mayores. Más que un dislate debería dar vergüenza.
Violencia es mentir. Se atravesó una línea que nunca debería haberse transgredido. Las personas mayores que en Argentina sufrieron el peso del virus, las mismas que son prioridad en casi todo el mundo a la hora de la distribución de las vacunas, son las que hoy observan como la falta de ética y moral los priva de un derecho ganado y los empuja a un alto riesgo comprobado de muerte ante el contagio.
Las personas mayores de 60 en Argentina son casi 7 millones, un número suficiente para incidir de manera determinante en cualquier contienda electoral. Motivos nos les faltan, solo deben organizarse y decidir hasta dónde quieren que sus derechos, que son los derechos de todos nosotros lo que venimos por detrás en el camino de la vida, sigan siendo avasallados.
La idea de sindemia nos habla de la necesidad de buscar soluciones más allá de lo meramente biomédico como puede ser un tratamiento o una vacuna segura y eficaz. Invocar instrumentos jurídicos para recuperar derechos perdidos, como la Convención, puede ser una forma de encontrar soluciones. Ejercer de manera responsable y decidida el voto puede ser otra vía, los casi 7 millones de personas mayores lo tienen en sus manos y este es un año electoral.
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