Lars Hesselboe está de reunión en reunión en Londres mientras su esposa da vueltas por la city. La señora Hesselboe está enojada con su marido y decide que un tour de compras será una buena manera de mimarse y sentirse mejor. Desea una cartera carísma pero, cuando va a pagarla, su tarjeta de crédito no funciona. Llaman desde el negocio al señor Hesselboe, es un escándalo y un griterío. Lars decide resolver todo de la única forma que ve posible en ese momento: pagando con su tarjeta de crédito corporativa. Esa tarjeta de crédito pertenece al parlamento danés porque, no lo contamos antes, Lars Hesselboe es el primer ministro de Dinamarca y éstos son apenas los primeros minutos de la serie Borgen.
Ese simple hecho, que en Argentina no le movería el amperímetro a nadie, será el catalizador del descenso político de Hesselboe, su salida del cargo de primer ministro, y el ascenso de una prácticamente ignota Birgitte Nyborg, quien concitará las voluntades suficientes para erigirse como la primera mujer en ser primera ministra de Dinamarca, al menos en la ficción. Pero Borgen es una serie, eso no pasa en la realidad, ¿o sí? Borgen es una fiel representación de la cultura y de la sociedad escandinavas, las cuales no soportan en absoluto la corrupción. Transitadas están ya las anécdotas de políticos que han tenido que renunciar por comprarse golosinas o cargar nafta utilizando el dinero del erario público. Al mismo tiempo, en Argentina asistimos actualmente al escándalo más grande que ha vivido el kirchnerismo desde la asunción de Alberto Fernández como presidente, y eso que hemos tenido, por ejemplo, una directora del INADI que tenía en negro a su empleada doméstica, o que hemos transitado una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo obteniendo de los peores resultados de la pandemia por COVID-19. Y eso que ni siquiera estamos analizando el anterior período kirchnerista.
A la par que se va descubriendo cada vez más respecto del Vacunagate, del escándalo del Vacunatorio VIP, y que el exministro Ginés González García tuviera que presentar su renuncia, también van apareciendo las tristes y pobres excusas del oficialismo en un intento de reducir daños. El Gobierno Nacional nos quiere hacer creer que se trató de una irregularidad, de una excepción, de un caso aislado, que son unos pocos los que se vacunaron cuando no les correspondía. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, aúlla que son sólo 70 los vacunados VIP. Carla Vizzotti, la flamante ministra que le serruchó el piso a Ginés, dice que no sabía nada de eso. ¡Qué extraño, si su círculo íntimo estaba todo vacunado! Asimismo, resulta llamativo que sigan apareciendo vacunados secretarias, bailarinas, fotógrafos y choferes cercanos al poder. Ni hablar del nepotismo con todos aquellos parientes que ocupan cargos ignotos y fueron vacunados como si se trataran de “personal de salud”.
No es un caso aislado. Sabido es, y de público y notorio conocimiento, que corrupción y kirchnerismo van de la mano. Los doce años anteriores son prueba suficiente, con múltiples delincuentes condenados con sentencia firme de cosa juzgada. Alberto Fernández refirió en México que adelantarse en la fila para vacunarse no constituye ningún delito. Alberto debería estudiar mejor el Código Penal, ¿quién lo habrá aprobado en Derecho Penal, Parte Especial? ¿Se habrá sacado buena nota? No parece. La corrupción no es un delito en sí mismo en la normativa argentina porque no existe un único tipo penal que la englobe, pero hay varios delitos que se le parecen y se le acercan, como el trillado incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fueron 3.000, Alberto. No 70. El Gobierno Nacional pretende convencernos de que los vacunados VIP fueron sólo 70, sin embargo, las cuentas no cierran. Aparecen cada vez más casos y faltan cada vez más vacunas. Los vacunados VIP fueron al menos 3.000, se puedan comprobar o no -recordemos es el Estado el que lleva la lista-, si es que no más. Y todos hicieron la V mientras se vacunaban. Pero ya no es la V de la Victoria, desde ahora y para siempre será la V de VIP.
Garret Edwards es director de Investigaciones Jurídicas en Fundación Libertad