La dinámica perversa entre economía y ciclos electorales, más allá de la pandemia

Si bien en 2020 el sector público contribuyó a atenuar la crisis pandémica jugando un rol anticíclico, su accionar fue posible entre otras cosas por el atraso que sufrieron los salarios estatales y las jubilaciones frente a la inflación y por la importante reducción del déficit fiscal primario del gobierno anterior.

La licuación de salarios estatales y jubilaciones hubiese sido intolerable (políticamente) bajo el gobierno de Cambiemos. En 2021, ¿la menor presión de gasto ligado al covid-19 permitirá junto con un rebote de la actividad (por menor confinamiento, la vacuna y mejores condiciones externas) alcanzar una senda de convergencia hacia el equilibrio fiscal con crecimiento sostenido?

Es una pregunta imposible de contestar, entre otras cosas, porque el fin de la pandemia, el futuro de los conflictos comerciales y la economía pos-pandemia están plagados de incertezas. A lo cual se suma, que el calendario electoral de elecciones de medio término puede llevar fácilmente a desandar el camino de ajuste iniciado por Cambiemos y profundizado -de no ser por las transferencias ligadas a la crisis sanitaria- por el gobierno del Frente de Todos.

Puntos a favor

El punto de partida es una fase muy baja del ciclo económico con un tipo de cambio oficial comparable al período anterior al cepo del 2011 (22% más apreciado que en 2003-2007); salarios y jubilaciones bajas en términos reales; un importante desequilibrio fiscal pero con varios ítems de gasto covid-19 que perderán importancia a lo largo del año; falta de acceso a los mercados internacionales de capitales; un mundo desarrollado y especialmente China recuperándose fuerte; bajas tasas de interés internacionales; depreciación del dólar en el mundo; mejores precios de las materias primas; y buenos prospectos para la vacuna (aunque la Argentina parece condenada a un segundo semestre en este aspecto).

Bajo condiciones normales, no es impensable que el rebote económico podría impulsar un ciclo virtuoso con menores desequilibrios fiscales, recuperación de salarios en la medida que la productividad aumenta y eventualmente mejoras del acceso a mercados de capital internacionales.

Los atisbos de un plan económico enunciados por el ministro Martin Guzmán esbozados en el Presupuesto se vieron reforzados recientemente por una convocatoria al diálogo intersectorial con el propósito (loable) de coordinar expectativas para una reducción gradual de la inflación promoviendo la recuperación del consumo privado y una reducción mayor (a la comprometida en el Presupuesto) del déficit fiscal primario.

Riesgos y falencias estructurales

1. La tentación (crónica) de sacrificar la dinámica de corrección fiscal automática para “comprar” votos a través de: mejoras discrecionales en los salarios reales, mantenimiento o profundización de subsidios (de energía y transporte) y expansión del gasto social.

2. El artificio de generar bienestar artificialmente a través del congelamiento de precios y tarifas, atraso cambiario (como en 2011-2013) y retenciones para desacoplar precios internos de externos, ello desincentiva la oferta de bienes y restringe la inversión en sectores estratégicos (energía, transporte, telecomunicaciones, conocimiento, salud, sector agropecuario) que es lo que a la larga permite bajar el costo y mejorar la calidad de estos productos y servicios.

3. Los congelamientos de precios son una forma de inflación reprimida -en 2020 los precios regulados subieron 14,8%, la núcleo 39,4%. La historia argentina está plagada de ejemplos en que esos episodios terminan mal, con bruscas correcciones de precios que castigan el poder adquisitivo del salario y del ahorro. El potencial efecto inflacionario se verá agudizado por la caída de inventarios durante la pandemia y por la administración burocrática de divisas del cepo, la cual restringe la oferta de bienes.

4. Más allá de la inflación reprimida reprimida -recientemente exacerbada por el anuncio de una tasa de devaluación anual oficial cercana al 15%- que podría dar oxígeno al Gobierno para las elecciones de medio término, el impacto negativo en la inversión y la balanza comercial del conjunto de políticas tiene consecuencias de mediano plazo con el efecto potencial contrario para las presidenciales de 2023. En particular, la presión tributaria que en el caso de Ganancias y Bienes Personales excede el 100% de las utilidades netas de las empresas, liderando en ese sentido el ranking mundial de presión impositiva.

La contrapartida de esto es un elevadísimo nivel de informalidad laboral (40%) y empresaria, creando condiciones de dualidad impositiva con efectos adversos en la productividad. Y también el desaliento a la inversión (estimada en 15% del PBI en 2020, cerca de un piso histórico y por debajo de los principales países de la región), el aliento a la salida de capitales y crecientemente el abandono de la ciudadanía fiscal -razón por la cual el efecto neto en la recaudación podría ser negativo-. Sin un sector privado pujante la economía no recuperará una dinámica de crecimiento y el Estado será crecientemente inviable.

5. El Estado a través de sus múltiples capas descoordinadas no hace más que acrecentar su rol a través de regulaciones que más que facilitar la actividad privada le impone trabas a menudo asociadas a rentas indebidas de funcionarios y empresas acomodadas con el poder de turno. Esto es particularmente relevante en el caso de los cada vez más sectores regulados cuyos beneficios o privilegios tributarios sectoriales y regionales dependen de las mutantes caras del gobierno.

Costos subestimados

Si los gobiernos y la sociedad internalizaran el costo económico de este enfoque cortoplacista, aún si fueran populistas, actuarían más racionalmente. Pero la dinámica del poder en el caso de los regímenes populistas es a menudo miope; el mismo Juan Domingo Perón en su segundo mandato, viendo el agotamiento del modelo distributivo, se focalizó en ordenar las cuentas fiscales y promover la inversión extranjera.

A falta de esta visión, la viabilidad de mantener un régimen revirtiendo décadas de estancamiento crónico y modernizar la economía se disipa y -cuando ya el sistema no aguanta- suele producirse un recambio.

Eventualmente lo reemplaza otro gobierno dispuesto a corregir los desequilibrios acumulados del período populista. La agenda de reformas estructurales es vasta y por lo general un nuevo gobierno menos populista no cuenta con poder político suficiente para eliminar los desequilibrios -que inevitablemente arrastra costos de corto plazo- y a la vez generar bienestar dentro de su ciclo presidencial.

De ahí que a menudo ensaya soluciones gradualistas (Cambiemos en 2016-2017) que no alcanzan a generar la confianza para sostenerse. A veces, intenta fórmulas mágicas como querer eliminar la inflación con un apretón monetario que termina generando especulación financiera, salidas de capitales y parálisis productiva. Esto ultimo suele mejorar los ingresos de la clase media a través de fenómenos de apreciación cambiaria, mejora de ingresos financieros, viajes al exterior y compra de dólares baratos para engrosar ahorros externos. Este populismo de clase media tampoco es sostenible y revela otro tipo de miopía igualmente dañino para la economía..

No admitir el problema de la debilidad de la moneda y la complejidad política de introducir reformas estructurales en ciclos electorales cortos requiere una revisión profunda de las estrategias e instrumentos que la oposición debe evaluar para ser una alternativa creíble de gobierno.

Esta dinámica de gobiernos de uno y otro signo es el gen de nuestros males. El modelo populista si bien a menudo privilegia lo productivo y el empleo no genera expectativas ni oportunidades de aumentos de productividad (y salarios reales) ni sostenibilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo. Los errores del cepo y varios congelamientos vuelven a estar a la orden del día.

Los gobiernos con mayor orientación de mercado incorporan la importancia de la eficiencia, productividad e incentivos a la inversión pero no internalizan la importancia de la estabilidad macroeconómica -asumiendo el costo político de entrada- e ignoran las limitaciones que tiene una política monetaria contractiva en un país sin moneda.

La autocrítica debe ser por partida doble, tomando lo bueno y dejando lo malo de cada régimen. Se debe remover el velo del ciclo electoral que limita la visión de mediano y largo plazo de uno y otro lado generando una suerte de pacto de gobernabilidad. El mínimo común denominador es una mirada al mediano y largo plazo en una economía sin distorsiones de precios relativos, presión impositiva consistente con la inversión y la formalidad, estabilidad de la moneda, y una economía inteligentemente articulada con el mundo.

El discurso demagógico de uno y otro bloque partidario prometiendo lo que no está preparado a proveer está o debería estar perimido. Sin inversión no hay modelo de redistribución que funcione. Y sin estabilidad económica no hay previsibilidad ni mejoras sostenibles del bienestar.

En este contexto resulta paradojal que por la vía de las expectativas los horizontes de políticas de los gobiernos sean cada vez más cortos. Las debilidades estructurales y las coyunturas con excesos de emisión monetaria o endeudamiento aumentan la inestabilidad de las expectativas; estas a su vez anticipan y aceleran los cambios de la realidad aumentando también la inestabilidad de los sistemas (dando lugar a menudo a profecías auto cumplidas).

En la coyuntura actual, el exceso de emisión monetaria sumada a los factores de inflación reprimida tiene el potencial de o bien volver a generar fuertes disparadas de la demanda de dólares o bien de inducir aumentos en la inflación (como se viene observando en los últimos 3 meses con inflación anualizada del 60% a pesar de mayores controles) o ambos.

La economía transita por esa peligrosa senda en donde un fino equilibrio con un tipo de cambio competitivo y déficit fiscales decrecientes pueden devenir -debido a desbordes de expectativas ante señales macro y microeconómicas insostenibles- en comportamientos inestables que pueden perjudicar el objetivo electoral, sino en el corto plazo, en el mediano plazo.

En síntesis, más que la puja distributiva entre sindicatos y formadores de precios, el conflicto central de la economía argentina radica en el cortoplacismo de las prioridades de los gobiernos que se han alternado en el poder. Si bien para llegar al mediano plazo hay que atravesar el corto plazo, la miopía de los gobiernos en no comprender la insostenibilidad de sus políticas ha conllevado a una sucesión de crisis más o menos explosivas limitando el potencial de desarrollo de nuestra economía y sociedad. Debido al rol creciente de la expectativas, en una economía en que los agentes anticipan las crisis pero los gobiernos no, la solución al dilema del cortoplacismo no se resuelve extendiendo el plazo de los ciclos electorales.

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