El femicidio de Úrsula nos volvió a arrinconar como sociedad. En particular a quienes cumplimos la función pública desde las áreas de justicia, género y seguridad, ya que desarrollar acciones públicas que tengan la prevención y erradicación de la violencia de género es un deber fundamental de nuestro trabajo. En ese sentido, desde la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) impulsamos la propuesta de que los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), que tienen presencia e inserción territorial en todo el país, se amplíen y pongan a disposición sus equipos interdisciplinarios para dar una respuesta integral ante las consultas, denuncias, y requerimientos ante situaciones de emergencia en violencia de género, pero también en relación a su prevención y la restitución de derechos, fundamentalmente económicos y sociales. Proponemos crear la Oficina de Protección Integral en materia de Género (OPIGe) en el ámbito de los CAJs.
Proponemos redireccionar, ampliar y territorializar -adaptando a las circunstancias, demandas y lenguajes actuales-, lo mejor de la experiencia de un dispositivo ya existente desde el 2006 que se propuso justamente el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, y es muy recurrido fundamentalmente por quienes provienen de sectores humildes en contextos urgentes: la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que tiene unas cuantas virtudes pero también un serio obstáculo para su accesibilidad por la falta de descentralización y proximidad para miles de personas. La OVD depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que en una de las crisis económicas más acuciantes a nivel mundial y nacional tuvo un presupuesto no ejecutado propio de una financiera exitosa, 47 mil millones de pesos de “superávit”-. Aquella sobreabundancia de recursos contrasta con el deterioro social y económico, que golpea con más dureza a las mujeres: el acceso a derechos habitacionales y la autonomía económica de las víctimas de violencia son uno de los flancos más débiles de todas las enunciaciones y puestas prácticas de las leyes y políticas en la materia.
En las OPIGe la persona consultante será atendida por un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, del trabajo social y la psicología. Se indagará de modo prioritario sobre la existencia de agresiones -visibles o no, como puede serlo una agresión sexual- que requieran tratamiento médico urgente y se procederá en primer lugar en resguardo de su salud física y mental. Además se evaluará la necesidad de realizar medidas urgentes de carácter jurisdiccional -por ejemplo, una denuncia penal, medidas cautelares protectorias-, se elaborará un informe de riesgo vinculante judicial y ejecutivamente que contemple las múltiples dimensiones del conflicto con carácter integral e interdisciplinario -la dimensión social, económica y habitacional de la violencia- y, de ser necesario, se elaborará un informe médico de modo de articular con los servicios de salud locales.
Con particular atención a los requerimientos de la persona consultante y en función de la naturaleza del conflicto que se aborde, se evaluará la posibilidad de gestionar la conflictividad emergente, a partir de mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la judicialización, siempre y cuando no medien disposiciones de orden público que lo impidan. Y en caso de judicializar el conflicto, servirá la labor profesional y sus informes de prueba documental respaldatoria. El equipo se pondrá en comunicación con las dependencias públicas u organismos que continuarán con las gestiones asumiendo la representación legal de la persona agredida, conforme las características de cada jurisdicción y/o el marco de acuerdos interinstitucionales que se lleven a cabo con ese fin. Se establecerá que la OPiGe se convierta en en referencia articuladora de la intervención, por su accesibilidad, cercanía y proximidad para dar seguimiento a la persona requirente, superando los mecanismos de revictimización que producen las intervenciones yuxtapuestas del mismo Estado cuando no logran arribar a reparaciones concretas, que conducen a la frustración y fracaso de la intervención en sucesivos casos, exponiendo aún más las circunstancias de vulneración de derechos de la víctima.
Apuntamos a promover herramientas eficaces, articuladas, integrales y ágiles en el territorio entre los tres poderes del Estado, las jurisdicciones y los niveles de gobierno ante las situaciones de violencia, con equipos dedicados específicamente a esta problemática.
Los Centros de Acceso a la Justicia cuentan con el despliegue e inserción territorial para abordar la violencia de género y un recorrido en procurar respuestas sin la lógica del trámite y el “expediente numérico” sino desde la del conflicto y la restitución de derechos. Contamos con más de 90 oficinas para fortalecer y jerarquizar en todo el país para comenzar a operativizar esta propuesta. A nuestras herramientas actuales le sumaremos una propuesta normativa y solicitaremos que se establezcan los bienes y recursos necesarios para su ejecución. Los países que invierten en la prevención de la violencia de género reducen las tasas de femicidios y, fundamentalmente, siembran una cultura de igualdad que contribuye a enterrar la injusticia y el maltrato entre géneros.
Sabíamos cuando asumimos la gestión, -en las semanas previas al inicio de la pandemia y el aislamiento- y hoy confirmamos con dolor y ausencias evitables, que los femicidios no son casos aislados, no se tomaron cuarentena y menos aún encontramos como Estado y comunidad anticuerpos para combatirlos.
Nuestro país fue generando normativa con rango constitucional, legislaciones nacionales, provinciales y locales, dispositivos en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales para dar cumplimiento efectivo a las mandas legales para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra mujeres y diversidades. Hoy contamos con un Ministerio nacional que da cuenta de la voluntad política de institucionalizar pisos de consenso sobre este tema. Pero el olfato popular no falla: a las mujeres nos siguen matando y no hay protocolos, perimetrales, observatorios, consejos, gabinetes, interministeriales, Zooms, capacitaciones o nuevas leyes que sean suficientes.
Existe un creciente hartazgo colectivo basado en la desconfianza de la eficacia de los dispositivos públicos existentes para dar respuestas resolutivas a este drama colectivo. Los gobiernos son recordados y echan raíces en la memoria popular no por sus intenciones y enunciaciones, sino por sus resultados concretos.
Este miércoles el movimiento feminista se movilizó a los Tribunales en todo el país para exigir una reforma judicial en la que nuestras vidas estén en el centro, que las denuncias tengan efectos concretos para frenar la violencia a tiempo y que se creen y/o articulen herramientas concretas para prevenir las violencias más extremas, mientras se discute el rol y la preparación de los agentes públicos para hacer frente a estas demandas. Es en ese sentido y horizonte común entre Estado y comunidad que creemos fundamental desarrollar y fortalecer este proyecto enfocado desde el Acceso a la Justicia.
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