Semana de la dulzura, miedo a Cristina y atraso cambiario para transitar un difícil año de 10 meses

El gobierno adelantó la tradicional “semana de la dulzura” de principios de julio a los días que acaban de transcurrir. Si bien no intercambió una golosina por un beso, le dijo a cada interlocutor lo que quería escuchar. Al FMI y a los empresarios les comunicó que “la inflación es un problema macroeconómico, y hay que ser prudente y ordenado en materia fiscal y monetaria” (aplausos, y chocolate por la noticia). A los sindicatos les planteó que tendrían paritarias sin techo y que aspiraban a recuperar en 3 o 4 puntos el salario real. A los representantes del campo les aseguró que no impondría más retenciones, ni cupos a la exportación, para frenar los precios de los alimentos, mientras que, por las dudas, les asignó a los movimientos sociales la tarea de controlar precios en los supermercados (tarea que la semana anterior había encomendado a los intendentes). Finalmente, en todas las conversaciones, implícita o explícitamente, “amenazó con Cristina”; algo así como si no nos ayudan a nosotros, lo que viene es peor. A su vez, la Vicepresidenta, como en todo período electoral, se llamó a silencio, a la espera de que madure la estrategia de su designado y, si falla y las encuestas le indican que necesita retomar la iniciativa, ya tiene la próxima carta redactada (mientras manda a “twitear” a sus allegados para reforzar la amenaza estratégica).

Como les comenté la semana pasada, el gobierno aspira a coordinar expectativas en torno a una tasa de inflación del 30% y que el impulso fiscal y monetario del año se vuelque a “cantidades” y no a precios reforzando el rebote post confinamiento.

Por las dudas, agregó dos ingredientes más, trató de desacreditar las estimaciones privadas de inflación, mostrando los desvíos pasados -“no les crean a sus consultores, créanme a mí”- y comenzó a instrumentar, como era de esperar, la única medida antiinflacionaria que tiene a mano: ajustar el tipo de cambio oficial por debajo de la inflación pasada, en un intento por que sea la verdadera “ancla” para la desaceleración transitoria de la inflación.

Pero, como también indiqué la semana pasada desde esta columna, cualquier coordinación de expectativas requiere un programa robusto y un gobierno creíble que pueda convencer de que dicho programa será instrumentado.

Lamentablemente, ambos atributos brillan por su ausencia.

Respecto del programa: el esquema fiscal, que no contempla mucho gasto en COVID, (lo que está por verse o, mejor dicho, por vacunarse) se financiará fundamentalmente con el Banco Central. Es decir, emisión monetaria por algún monto cercano a los dos billones de pesos, más la emisión para pagar los intereses de la deuda del Banco Central con el sistema financiero (las leliqs que iban a financiar el aumento a los jubilados), que será de más de un billón y algo y que se pagará emitiendo más deuda del Banco Central. En otras palabras, el programa fiscal cierra con más destrucción del balance del Banco Central, emitiendo más pesos que nadie demanda, y colocando deuda en pesos para absorber parte de esos pesos excedentes y sin los dólares en las reservas para compensar dicha emisión. Festival de pesos, para un balance con poco “activo” (reservas netas) y mucho “pasivo” (pesos emitidos y leliqs). Independientemente de la “voluntad”, este es un programa que desemboca en alta inflación.

Como desembocó en alta inflación el programa del 2020, (que tenía un mejor punto de partida y la demanda artificial de pesos por el confinamiento). Bajar la tasa de inflación con instrumentos macroeconómicos requiere otro programa que no está disponible.

Respecto de su credibilidad, un gobierno que le dice a cada sector lo que quiere escuchar, resulta, por definición, poco creíble, dado que cada sector quiere escuchar algo distinto. Por otra parte, es un gobierno con doble comando, y que, hacia su interior, carece de unidad de criterios respecto de cada tema y tiene serios problemas de gestión derivados del “loteo” de cada área.

A este panorama, hay que sumarle el frente externo, compuesto por el escenario de liquidez global, que juega en principio a favor, y por la necesidad de un acuerdo con el FMI que, en las condiciones comentadas, juega en contra. Si bien el Fondo está “entregado” con la Argentina, su principal deudor, le será difícil a su burocracia aprobar un programa con semejante inundación monetaria, atraso cambiario, tasa de interés negativa, etc. etc.

Dicho todo esto, cabe recordar que, al final del día, estamos en un año electoral, es decir ante un programa que “vence” el día de las elecciones o el día de las PASO, dependiendo del resultado. Es decir, el gobierno intentará, por las buenas o por las malas, lograr que el programa “dure”, aunque con mucho menos margen de maniobra que el que tuvo en episodios anteriores.

El amable lector y la amable lectora recordarán que, después de las elecciones de 2011, vino el cepo cambiario, y que después de las elecciones del 2013, vino el salto en el tipo de cambio. Y que se llegó a finales del 2015 gastando todas las reservas del Banco Central y con precios relativos y déficit fiscal estructuralmente insostenibles.

Ahora estamos frente a un plan electoral mucho más débil y con un gobierno mucho más débil que encarará la difícil tarea de sustituir un mal programa macro, con políticas sectoriales y supuestos acuerdos sociales para impedir que ese mal programa macro le arruine la realidad, al menos hasta las elecciones. Pero esta vez todos saben que no tiene mucho margen de maniobra, por lo cual, como los mercados financieros se anticipan, no se puede descartar un aumento de la brecha y fuertes inestabilidades que obliguen a respuestas cada vez más intervencionistas, aún antes de las elecciones.

En síntesis, una semana de dulzura puede ser. Diez meses pueden resultar, como diría la Vicepresidenta: too much.

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