Quizás lo más terrible del femicidio de Úrsula Bahillo es la sensación espantosa de que todo se repite: un crimen atroz, múltiples denuncias y advertencias ignoradas, la complicidad de un sistema perverso y un final anunciado. También la indignación colectiva y el miedo renovado en miles de mujeres que temen por su vida. Volvemos a vivir cada parte de esta historia trágica. Una vez más.
No bastaron dieciocho denuncias y los reiterados pedidos de ayuda de Úrsula y su madre en la Comisaría de la Mujer. Ni las presentaciones previas contra el policía Martínez, acusado por una ex pareja de violar a una sobrina menor de edad con retraso madurativo (quien confirmó el hecho en cámara Gesell). Tampoco los dos pedidos de detención, uno rechazado por un juez que no consideró necesaria la aprehensión y otro sin respuesta porque el magistrado estaba de vacaciones.
No había dudas de la peligrosidad del asesino. Ninguna. Aun así, Matías Martínez —en circunstancias que investiga Sergio Terrón, fiscal de la causa— pudo llevar a la joven de 18 años al paraje rural Guido Spano, donde la mató a puñaladas.
Decir que la actuación de la Justicia dejó mucho que desear, o que la Policía Bonaerense debería haber implementado un seguimiento meticuloso del efectivo (denunciado por violento y con licencia psiquiátrica) es tan obvio como insuficiente. A esta altura, quedarnos con eso es lo mismo que lavarse las manos. Hay que llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos: el Estado allanó el camino para este final.
Cuando las responsabilidades están tan repartidas, como en este caso, es un síntoma claro de que son muchas cosas las que están mal. La investigación judicial deberá determinar —de forma rápida, profesional y transparente— dónde hubo inacción, incompetencia y negligencia por parte de cada una de las personas involucradas.
Ni las capacitaciones a los trabajadores públicos en temáticas de género ni otros progresos en el área son soluciones en sí mismas. Por supuesto que esta lucha tiene un componente educativo muy importante, esencial para erradicar machismos culturales institucionalizados. Pero es un error asumir que con eso alcanza: tiene que haber una pena para quienes, al no cumplir con su deber, colocan en una posición aún más vulnerable a las víctimas.
Comencé estas líneas expresando la sensación amarga de mirar para atrás y comprobar que el caso de Úrsula está más cerca de la regla que de la excepción. Que ni la alevosía de un asesino como Martínez ni la revictimización sistemática que sufrieron ella y su familia a manos de la Justicia y la Policía son algo nuevo.
Pero lo más triste es mirar hacia adelante y reconocer el estado de indefensión en que se encuentran miles de jóvenes en la Argentina, sabiendo que está todo dado para que esto vuelva a pasar. Cada 27 horas ocurre un femicidio, lo veamos en los medios o no. En el 60% de los casos los culpables son parejas, exparejas o miembros del círculo familiar.
Hoy, apenas días después del crimen de Úrsula y con todo un pueblo conmovido por el hecho y la represión posterior de la Policía, ¿cuántas mujeres confían menos en la Justicia y las fuerzas de seguridad? ¿Cuántas, a la luz de lo ocurrido, confirmaron su opinión de que nada ni nadie va a protegerlas?
A la crudeza de estos interrogantes hay que oponer una intervención judicial impecable, que no muestre reparos en castigar penalmente todas las acciones y omisiones que posibilitaron este desenlace. Estamos en democracia: no aceptamos vivir con miedo.
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