Comunicación y gestión de los asuntos públicos: el mix que necesita el empresariado

El sector empresarial argentino necesita una estrategia de comunicación y de gestión de Asuntos Públicos para comenzar a participar activamente del debate público, mediático y político.

“O se resuelve con diálogo o lo resuelve el Estado”, dijo hace unos días el presidente Alberto Fernández, refiriéndose al conflicto con los productores agropecuarios por el precio de los alimentos. Mientras que gran parte de la sociedad menciona la necesidad de establecer un diálogo público-privado para llegar a acuerdos profundos e imprescindibles para el país, lo cierto es que estamos bastante lejos de lograrlos.

En el último tiempo, y en medio de una pandemia global, el Ejecutivo ha instrumentado e impulsado –de manera casi unilateral– un gran número de regulaciones que afectan, directa o indirectamente, a los distintos sectores de la economía; la Ley de Góndolas y la Ley de Teletrabajo, los Programas de Precios Máximos y Cuidados, la regulación de los precios de la telefonía, la televisión paga e Internet a través del Decreto 690 y la Prestación Básica Universal, la restricción al aumento de las prepagas, el congelamiento de tarifas de energía eléctrica, gas natural y peajes, son solo algunas de ellas.

Del otro lado del mostrador, donde se ubica el famoso “mercado”, la situación es cada vez más crítica y los indicadores no se muestran para nada favorables. Las empresas tienen día a día mayores dificultades para operar en un país con altísimos niveles de inflación e incertidumbre financiera. Sumado a esto, la injerencia del Estado en términos de precios, tarifas y posibilidad de acceso al mercado de cambios, y la nociva volatilidad y los cambios recurrentes en las reglas del juego, han generado el coctel perfecto para una virtual parálisis en materia de inversiones. Esta situación ha llevado, incluso, a muchas organizaciones a evaluar su permanencia en el país.

Sin embargo, y pese a todo ello, parte de la opinión pública aún cree que la responsabilidad de haber llegado a esta situación es de las grandes compañías. El empresariado necesita contar en primera persona su versión de las cosas y responder de forma contundente a aquellos que los acusan de ser meros avaros, especuladores y formadores de precios. El sector privado es el único que puede generar riqueza y valor agregado en un país con un 11,7% de desocupación y una pobreza que alcanza al 40,9% de los argentinos, según el Indec.

Entonces, ¿qué puede hacer el sector privado?

1) Alzar la voz, sin temor a participar: intervenir activamente en la conversación, sorteando el temor a ser blancos de nuevas regulaciones o presiones. Las empresas deben ocupar espacios de debate en las agendas públicas, mediática y política. Para ello es necesario fortalecer los liderazgos y contar con voceros formados y preparados, que estén dispuestos a dar esta batalla comunicacional.

2) Mejorar su reputación para disminuir el riesgo regulatorio: para aquellos que trabajamos en Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa, existe una máxima que se mantiene intacta a lo largo del tiempo: “a mejor reputación de un sector u organización, menor será el riesgo regulatorio”. En este sentido, Argentina exhibe los niveles más bajos de la región en materia de confianza del sector privado; en una encuesta realizada por Luis Costa & Asociados a fines del 2019, apenas el 37% de los argentinos expresó tener mucha confianza en las empresas, frente al 69% de Brasil y el 67% de los mexicanos. No es casual que muchos hombres de negocios decidan autodenominarse “emprendedores”: ser empresario en Argentina es, a veces, casi una mala palabra. Revertir esta situación mejoraría sustancialmente la posición de las empresas frente a los distintos reguladores.

3) Generar una narrativa: la mayoría de las discusiones regulatorias se ganan, en gran medida, en la opinión pública. Las empresas deben comenzar a contrarrestar el discurso anti-empresa con una narrativa que resalte los aspectos positivos de la inversión privada, como son la generación de empleo, la movilización económica, la generación de divisas y el aporte tributario, entre otros. Los encuadres son todo.

4) Unir voluntades: como expresa el refrán, “la unión hace la fuerza”. En nuestro país, el sector empresario se encuentra extremadamente atomizado. Según información oficial del Registro de Instituciones Productivas (Ministerio de la Producción y Trabajo), en la actualidad existen 910 entidades empresariales nacionales registradas de los distintos sectores económicos. Cada una persigue sus propios intereses, incluso con disputas internas entre sus propios miembros. El sector debe buscar aquellos puntos en común donde poder cimentar su estrategia.

5) Lobby y gestión de intereses: La gestión de intereses, o “lobby”, no es más que una herramienta que tienen las compañías y organizaciones para que sus puntos de vista sean escuchados por los tomadores de decisión. En contextos como el actual, con un gran nivel de intervención del Estado en la economía, esta práctica deja de ser opcional para convertirse en cuasi obligatoria. Las empresas deben ser parte de la discusión sobre aquellas políticas públicas que impacten en su normal desarrollo y funcionamiento. Profesionalizar y transparentar el lobby es menester para generar vínculos más sano y efectivos.

El desarrollo del ecosistema privado argentino es clave para la recuperación económica que tanto necesita el país. Su éxito, o fracaso, dependerá de su capacidad de comunicar efectivamente sus verdades y de incidir activamente en la toma de decisiones públicas.