El crimen de Úrsula: cuando los femicidas usan el uniforme con el que deberían protegernos

-Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, le escribió Úrsula Bahillo a una amiga.

Úrsula denunció. Úrsula pidió ayuda. Úrsula hablo con sus amigas. Úrsula se respaldó en su familia. Úrsula se juntó con otra víctima de su agresor. Úrsula pidió que no se acercara a ella. Úrsula le reclamó a la justicia que la proteja. Úrsula dijo que tenía miedo. Úrsula pidió un botón anti pánico. Úrsula fue asesinada por el hombre que ella dijo que la iba a asesinar.

Su asesinato es imperdonable, imborrable, inaceptable. Era una muerte evitable –no una muerte anunciada- y la debía evitar la justicia que no la escuchó, no la defendió, no la protegió. Úrsula denunció violencia y el 28 de enero su mamá volvió a denunciar a Matías Ezequiel Martínez (25) por amenazas y desobediencia. No es que no se puede hacer nada. Se puede hacer mucho más. No se hizo lo que debía hacerse. No puede seguir pasando.

Los casos de amenazas y violencia extrema tienen que ser calificados de “riesgo alto” y no dejados a la deriva o a mansalva del agresor. Se debe proteger a las víctimas. Hay que unificar las causas, terminar con la burocracia, hacer una ley para penalizar los incumplimientos a las perimetrales y, si los agresores no cumplen con las medidas de restricción de acercamiento, penalizarlos y que vayan presos.

Si la víctima corre riesgo debe ser protegida con custodia. Tiene que haber disponibilidad de botones antipánico y tobilleras electrónicas, en todo el país y no como programas piloto, para monitorear a los agresores. Tiene que ponerse en marcha el programa de patrocinio jurídico gratuito para que una abogada lleve la causa y no que la víctima y su familia lidien solas contra las instituciones.

La consigna “El Estado es responsable” no es una frase hecha. Pero en este femicidio es de una literalidad insoportable. Matías Ezequiel Martínez es oficial de la Policía Bonaerense. Fue formado por el Estado para dar seguridad y hoy representa el terror de las mujeres: la inseguridad íntima. El asesinó a Úrsula, en una zona rural, cercana a Rojas, en la Provincia de Buenos Aires. Pero no fue un exceso, ni una excepción, sino una regla sistemática en los asesinatos de mujeres.

En la Argentina 214 femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad, desde el 2008 hasta la actualidad, según el monitoreo de La Casa del Encuentro. En una década, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Solo entre 2010 y 2020, al menos, 48 mujeres murieron, relevando exclusivamente el Área Metropolitana de Buenos Aires, a manos de sus parejas o ex parejas policías. No es cierto que portar un arma sea una buena idea para defenderse. Las mujeres policías también son víctimas de la violencia de género aunque estén armadas. Hubo 17 policías mujeres víctimas de policías varones. La mayoría tenía menos de 35 años y muchas de ellas eran madres o estaban embarazadas cuando fueron asesinadas, según datos del CELS.

En el 2021 ya hubo 3 femicidios cometidos por agentes de seguridad. En 9 asesinatos perpetrados por policías, militares, penitenciarios o gendarmes, entre el año pasado y este, solo en 5 casos estaban en actividad y 4 asesinos tenían licencias o carpetas psicológicas como en el caso de Martínez, según el monitoreo de la concejal rosarina Norma López.

Las mujeres pierden la vida en manos de quienes reciben, con esa misma mano, el sueldo de parte del Estado. Ellos son pagados y entrenados para proteger y su fuerza, armas y contactos se vuelven un boomerang contra sus parejas o ex parejas. Son los crímenes de quienes se equipa y capacita para proteger y que vuelven sus armas y su fuerza contra las mujeres.

“Si una mujer que está en un vínculo de violencia por una cuestión de vulnerabilidad emocional tiene dificultad para realizar la denuncia si el agresor pertenece a la fuerza de seguridad donde ella tiene que denunciarlo la desprotección se acentúa”, señala Ada Rico, Directora de La Casa del Encuentro.

“En un alto porcentaje existe un pacto silencioso de protección de los compañeros del agresor”, denuncia Rico. Y crítica: “La justicia deja en total desprotección a las mujeres que se animan a realizar una denuncia y que logran una medida cautelar. Pero si la medida no es monitoreada queda solo como un documento y no como una medida que las protege”.

“Los compañeros del agresor podrían confundir lealtad o amistad con encubrimiento. Por eso es indispensable que se garantice la autonomía del área de Asuntos Internos y, a su vez, que las fiscalías en turno y los juzgados de garantías tomen real dimensión del flagelo, actúen en consecuencia y adopten las medidas preventivas necesarias”, coincide Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires.

Siempre las víctimas tienen que ser protegidas, pero si el denunciado es policía la protección se tiene que redoblar porque son agresores capacitados para usar la fuerza y, también, para conocer como eludir el peso de la ley. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, remarca la Directora de La Casa del Encuentro.

“Todas tienen que ser protegidas por la justicia, pero si los agresores pertenecen a una fuerza de seguridad se tienen que profundizar las medidas. Hay que ponerle una custodia las 24 horas a la víctima, muy especialmente, cuando se notifica al agresor de la medida de restricción”, reclama Ada Rico.

En la Argentina en lo que va del 2021 ya se contabilizaron 37 femicidios, según el registro de La Casa del Encuentro. Pero la muerte de Úrsula marca un límite. Ella fue asesinada y sus amigas reprimidas cuando protestaron frente a la comisaría. Las balas y las puñaladas son contra las que deben proteger y no para protegerlas.

“Cada semana se abre un investigación penal por episodios similares a los que padeció Úrsula”, enumera Martello. “Estamos hablando de casos en los que los acusados portan armas, tienen acceso y contactos en dependencias policiales y de otras fuerzas de seguridad, con lo cual el mero dictado de perimetrales no constituye, por si solas, medidas efectivas de protección”.

En el 2020 hubo 8 femicidios cometidos por agentes de seguridad (policías, militares, gendarmes y penitenciarios de organismos públicos, sin contar a quienes forman parte de la seguridad privada) o ex integrantes de las fuerzas. Pero, en promedio, una vez por semana, un policía bonaerense es denunciado por violencia de género.

No es todo. Los tiros no van del lado de la justicia. Uno de cada cuatro femicidios con armas de fuego fue cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, entre 2013 y 2018, según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) a partir de datos del Registro de Femicidios del Ministerio de Justicia de la Nación.

¿Qué se hace con un agresor que porta un arma, tiene contactos en la policía y en la justicia, sabe cómo borrar huellas, está entrenado físicamente para golpear y defenderse, impone miedo con su uniforme? “Solo en el primer semestre del año pasado se abrieron 28 investigaciones penales preparatorias de violencia institucional que fueron asignadas al Registro de Violencia Familiar y Género. Esto no da un promedio de un caso por semana en territorio bonaerense, según la información de la Procuración de la provincia de Buenos Aires”, señala Martello.

Martínez estaba separado de la fuerza con una carpeta psicológica. Pero las pruebas psiquiátricas y psicológicas se deben tomar, de forma rigurosa, antes del ingreso y no ser usadas como atenuantes de los femicidios ni para intentar demostrar inimputabilidad frente a un crimen. No hay que carpetear la violencia de género, sino proteger a las víctimas.

¿Si un policía es denunciado por violencia de género se le quita el arma inmediatamente para que no pueda cometer un delito con la pistola que le da el Estado para evitar los delitos? No siempre. Juliana Miranda, investigadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destaca: “Las distintas fuerzas se rigen por normativas internas diferentes, en algunas jurisdicciones existen medidas que habilitan la restricción a la portación del arma fuera del horario de trabajo en casos donde existan denuncias previas por violencia de género”.

Pero no es una norma generalizada, puede esquivarse y depende de aplicaciones locales o institucionales que se pierden en el papeleo de la burocracia, aunque la burocracia incluya -ahora- el sello de la perspectiva de género. Sin embargo, no alcanza con que algunas veces el arma se quite. El gatillo fácil y femicida no puede ser legitimado en las fuerzas de seguridad.

La ruleta rusa que deja cargadas las balas femicidas no va más. “El victimario tiene a su alcance el arma legitimada que actúa como extensión de su cuerpo. Esto aumenta las probabilidades de violencia letal. Plantea la necesidad de normativa clara y extendida a nivel nacional que abarque a todas las fuerzas de seguridad y restrinja la portación de arma reglamentaria en los casos en los cuales los miembros de las fuerzas son denunciados por violencia de género”, plantea Ana Clara Montañez, coordinadora del Área de Géneros del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

En ese sentido, una nueva Ley -que podría llamarse Úrsula en su homenaje- debería obligar a todas las fuerzas de seguridad a quitar el arma a quienes tienen denuncias por violencia de género, que la justicia unifique las causas contra los agresores, que los antecedentes por abuso sexual no se pierdan entre tribunales diferentes y constituyan una alerta roja para que no se pueda repetir o agravar y que haya oficinas de violencia doméstica que funcionen 24 horas y los 356 días del año presenciales o virtuales y que sean eficaces y veloces.

Ser policía no es un trabajo más, por eso cuando los agresores portan uniforme, están equipados y tuvieron entrenamiento policial son más peligrosos. “Los policías reciben entrenamientos específicos y tienen conocimientos que los distinguen de otros civiles y pueden utilizarse para ejercer hostigamiento (saberes sobre el sistema de justicia, técnicas de vigilancia, técnicas específicas de violencia). Al controlar los primeros momentos de la escena del hecho, las policías pueden manipularla para falsear el relato de lo sucedido”, advierte Miranda.

La represión policial a las amigas de Úrsula que protestaban por el femicidio no fue una bala perdida, sino la bala que delata un comportamiento policial que no les da seguridad a las jóvenes, sino miedo, de lo que les puede pasar si salen a la calle o se quedan en su casa con sus novios. “Es clave que se avance en las investigaciones judicial y administrativa, que muchas veces dependen del impulso de los familiares y amigos de las víctimas”, señala la investigadora del CELS.

“En este caso, una de las amigas de Úrsula que estaba manifestando frente a la comisaría recibió como respuesta un disparo de bala de goma en el rostro. Hay que repensar la respuesta estatal frente a las violencias contra las mujeres. Y ese hecho también debe ser investigado como parte del accionar policial frente a la manifestación para pedir justicia por Úrsula”, reclama Miranda.

¿Qué medidas se necesitan tomar? Se necesitan cifras oficiales de femicidios. Las únicas cifras son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el Poder Ejecutivo tiene una deuda pendiente que nunca logró cumplir. Y las estadísticas no pueden basarse en monitoreo de medios, ni en tiempos lentos para delitos violentos y vertiginosos.

La coordinadora del Área de Géneros del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) apunta: “Hay que conocer quiénes son los varones que ejercen violencia y que posiciones se adoptan frente la violencia machista para dar una respuesta integral al problema. Por ejemplo, de los femicidios con arma reglamentaria”.

Montañez sostiene: “El marco brindado por la Ley Micaela debe cumplirse y avanzarse en que la formación de las fuerzas de seguridad en cuanto a derechos humanos y violencias de género se haga efectiva. Deben existir capacitaciones extendidas a nivel nacional y en todas las fuerzas”.

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