Éxodo: empresas versus políticos

Winston Churchill, el ex primer ministro del Reino Unido, decía que no era suficiente con hacer lo mejor que podemos; sino que era necesario, a veces, hacer lo que se requiere. Nuestros políticos deberían aprender de las enseñanzas que nos dejó Churchill y comenzar a pensar en un modelo país que desarrolle todas sus potencialidades. No obstante, para ello, es imprescindible hacer lo que se requiere: llevar adelante las reformas estructurales; y eso, implica relegar parte del poder que hoy tiene el Estado.

Es una realidad que las empresas se están yendo de nuestro país ante la falta de reformas estructurales y los desafíos que se le imponen, constantemente, desde el claustro político. Éstas empresas que generan puestos de trabajo, modernizan la organización productiva, abastecen al mercado con productos más baratos y de mejor calidad, favorecen el crecimiento de los salarios reales, incorporan nuevas tecnologías y mejoran la productividad; hoy no ven a nuestro país como una opción de negocio.

Los factores internos que explican la salida de capitales son la falta de estabilidad jurídica; alta inflación; crisis de confianza; inexistencia de una visión económica de largo plazo; e, impuestos y regulaciones exorbitantes.

En primer lugar, la falta de estabilidad jurídica que viene profundizándose desde el último período. Si desde el Estado no se garantizan ciertos consensos básicos como los derechos de propiedad privada, reducir los niveles de corrupción y defender las libertades individuales, al capital se lo espanta.

Argentina es uno de los países más riesgos y vulnerables de la región. En el índice de calidad institucional, en 2019 quedamos en el puesto 106 de 190 países, y aunque mejoramos 6 posiciones, seguimos entre los países con peor calidad institucional del mundo. Obviamente, hemos empeorado en el último año con noticias tales como la toma de tierras, los problemas en el Congreso, el control de precios, el control cambiario, el problema con Vicentin, el conflicto con el campo, es probable que en 2020 retrocedamos varios puestos en el Índice de Calidad Institucional. En la Argentina tenemos el problema de que no nos ponemos de acuerdo con los consensos básicos que ya fueron superados en el resto del mundo. Es más, en 2020, hemos retrocedido en materia de corrupción. Según el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por la Organización de Transparencia Internacional, la Argentina retrocedió 12 lugares. Ahora nuestro país, se encuentra por debajo de países como Botswana, Sudáfrica, Ghana, Rwanda, Jamaica en materia de corrupción. Eso marca una clara pauta de hacia dónde vamos en materia institucional.

Por otra parte, la inflación alta. Somos uno de los cinco países del mundo con la inflación más alta, cuando la misma ha sido prácticamente erradicada en todo el mundo. En 2020 cerramos con una inflación del 36,1% y, a pesar de que es más baja que la de 2019, éste año se espera que se acelere hasta el 55 por ciento. Inflaciones tan altas dificultan cualquier cálculo empresarial a futuro en un contexto de tal incertidumbre como el actual.

La crisis de confianza también agrava la situación de la capacidad productiva de la Argentina. Desde el 2018 se agudizó en nuestro país una crisis de confianza en los mercados. Tanto agentes nacionales como externos no confían en la seguridad de los activos locales. Esto se da porque la Argentina tiene un abultado déficit fiscal que fue del 8,5% en 2020 y cuyos canales de financiamiento provocan distorsiones en toda la economía. Asimismo, hay que agregarle la falta de un plan económico de largo plazo basado en las reformas estructurales que requiere nuestro país: del sistema previsional, de coparticipación federal, reforma tributaria, reforma del Estado, apertura comercial y reforma laboral.

Los impuestos que son los más altos del mundo. La Argentina es uno de los países de la región que más impuestos cobra a sus empresas. Las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada $100 que gana un empresario, $106 le debe pagar al Estado.  Cualquier empresario argentino no sólo no obtiene ganancia, sino que debe pagar impuestos inclusive con su inversión inicial. Es más, se estima que de USD12.600.000 que factura anualmente una mediana empresa de 60 empleados, deberá pagarle al Estado USD 2.544.000; no sólo no gana, sino que debe pagarle USD 144.000 más. Mientras que, sólo con cruzar el río, en Uruguay estarían pagando cerca del 42% de su ganancia y, cruzando la cordillera, en Chile no superarían el 34 por ciento.

Además, otro dato a tener presente, y que dificulta la actividad empresarial, es que, según el Banco Mundial, las empresas pierden 312 horas al año en pagar impuestos cuando en Chile ascienden a 296 horas al año y en Estados Unidos sólo a 175 horas.  Es decir, en nuestro país se invierte el doble de tiempo que en cualquier país desarrollado en el pago de impuestos. Los impuestos son altos y complicados. Tenemos alrededor de 165 impuestos totales y sólo 11 de ellos se ocupan de recaudar el 90% de la recaudación total. Nuestro sistema tributario es completamente corrosivo e insostenible.

Evidentemente, ante éste panorama no debería sorprendernos el éxodo de empresas a nivel local. Si queremos volver a atraerlas debemos, como señalaba Churchill, hacer lo que se debe y no lo que se puede. Los políticos están para servir a la ciudadanía y para que todos podamos aspirar a una mejor calidad de vida. Obviamente, eso implica llevar adelante las reformas estructurales que nos permitiría crecer y converger hacia los niveles de desarrollo de los principales países del mundo.