Violencia de género: ¿es eficiente el botón antipánico?

Hace más de 5 años, precisamente el 3 de junio de 2015, se constituyó el movimiento transversal de #NiUnaMenos problematizando desde una perspectiva feminista la alarmante realidad que sufren las mujeres en nuestro país. Desde 2015 hasta 2019 ocurrieron en promedio 250 femicidios por año, es decir 1 femicidio cada 35 horas a partir de datos disponibles del Registro Nacional de femicidios de la Justicia Argentina (CSJN). Pero durante la pandemia, la violencia machista se profundizó: alcanzó un femicidio cada 29 horas, desde el 1 de enero al 20 de noviembre, contabilizando un total de 265 femicidios en 2020, según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Si bien contamos con legislación pionera a nivel regional y mundial que define y tipifica las diferentes formas y modalidades de la violencia de género, es necesario hacer un balance crítico acerca de cuáles son las deudas pendientes que nos impiden disminuir los femicidios que ocurren cada 29 horas en nuestro país. Detrás de cada muerte hay una mujer, una familia, una historia de vida y también un Estado que falló en su responsabilidad como garante de derechos fundamentales. Es tiempo de darnos cuenta de que las viejas recetas no son efectivas y que muchas veces tienden a profundizar las situaciones de control, desprotección y violencia, revictimizando a las mujeres. Siguen siendo ellas quienes deben cargar con la responsabilidad de salvar sus vidas, lo que es inadmisible para un Estado que considera la lucha contra la violencia de género prioritaria en su agenda.

Observemos las herramientas disponibles. La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres resalta su derecho a recibir protección judicial, medidas de protección y de seguridad preventivas cuando se encuentren amenazadas o vulneradas en sus derechos, pudiéndose ordenar por orden judicial la entrega de un dispositivo de seguridad denominado botón antipánico.

Este dispositivo fue creado con la finalidad de poder asistirlas cuando se encuentren en situaciones de violencia para a brindar protección y seguridad. Pero es responsabilidad de la mujer no solo ejecutar el dispositivo cuando se encuentre una situación crítica sino que adicionalmente debe elegir entre las opciones “SOS”, “chat” y la posibilidad de comunicarse con un operador para recién luego poder recibir asistencia por parte del Estado. Al ejecutar el botón antipánico se activa el sistema de georreferenciación que localiza el lugar en el cual se encuentra la mujer y se despacha un móvil desde la comisaría más cercana.

Si bien la descripción de este mecanismo suena funcional y útil, distintos testimonios brindados por algunas usuarias demuestran lo contrario: “La batería no alcanza”, “el botón es demasiado sensible”, es “un control extremo” o “genera dependencia”, son algunas de las frases expuestas en el Informe “Botones Antipánico” publicado por la Unidad de Política Institucional y el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los testimonios demuestran que el dispositivo es un arma de doble filo que por un lado las hace sentir protegidas y legitimadas, pero por el otro las responsabiliza de su propia seguridad. Además el botón mismo es la memoria constante del hecho, del estatus como víctima.

Es importante considerar algunos factores, recordando que el botón se utiliza en situaciones de riesgo inminente: el botón emite sonido al presionarlo, siendo inoportuno para un uso discreto; también puede llegar a dispararse solo de manera arbitraria dada su alta sensibilidad poniendo en situaciones incómodas a las usuarias. El funcionamiento del GPS puede variar según la ubicación de antenas cercanas, por el clima o encontrarse limitado incluso por lluvias. Asimismo, es necesario contar con buena señal para que funcione correctamente, lo cual resulta complejo sobre todo en barrios populares partiendo del hecho de que las mujeres no siempre se encuentran con la posibilidad de presionar el botón al momento de encontrarse en una situación en la cual corre peligro su integridad física.

El caso de Carla Soggiu es un triste ejemplo de las fallas y debilidades que presenta este dispositivo. En 2019 la mujer había accionado dos veces el botón antipánico y en la última conversación registrada con la operadora la víctima se encontraba perdida y desorientada en un barrio en el cual el móvil de emergencias no ingresaba perdiéndose luego la comunicación con la Central de Alarma de la Policía. Cuatro días más tarde encontraron su cuerpo en el Riachuelo.

Entonces, ¿las mujeres deben moverse sólo en ámbitos donde haya buena conectividad y una señal estable para no morir? La multiplicidad de factores que las mujeres deben tener en cuenta para que el botón funcione, les revive la sensación de sentirse controladas y las mantiene en peligro.

En definitiva, es válido preguntarse si el botón antipánico termina contribuyendo a una mayor seguridad, o si los diversos obstáculos terminan profundizando la vulnerabilidad de las mujeres, cargándolas con mayores responsabilidades y temores. Las mismas a veces transitan un largo camino lleno de angustia, inseguridades, ansiedad e incertidumbre hasta realizar la denuncia. Cuando se sienten legitimadas por la escucha activa del Estado, es éste quien debe asegurar que las herramientas disponibles no re-victimicen ni obstruyan la vida ni la seguridad de las mujeres.

En la actualidad casi todas las políticas que abordan la violencia de género hacen énfasis en la víctima y no en el victimario. ¿No sería más oportuno profundizar y utilizar más las herramientas de monitoreo sobre quienes ejercen violencia? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra, a febrero de 2019, unos 4.497 botones antipánico entregados mientras que se repartieron solo 48 tobilleras de las 66 que entregó el gobierno nacional, según datos del Gobierno de la Ciudad. Si de proveer protección se trata, sería más oportuno monitorear el acercamiento del agresor a la víctima que cargar de responsabilidad a la mujer de presionar un botón cuando su vida está en riesgo. Es necesario poner en cuestión cuál es el abordaje que hace el Estado sobre los hombres que ejercen violencia, que en definitiva son los que incurren en un delito que en general esperan en libertad sin mayores alteraciones en su cotidianidad.

Como mujeres movilizadas debemos seguir reclamando y exigiendo los derechos que nos faltan. Pero para no tropezar dos veces con la misma piedra debemos reflexionar sobre la realidad que los femicidios no disminuyeron, de lo contrario aumentaron, y que las políticas públicas existentes carecen de suficiencia y efectividad. Necesitamos un Estado dinámico que detecte cuando estas herramientas de abordaje de la violencia de género son deficitarias, elaborando propuestas superadoras que puedan asegurar el derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencias. Si las políticas públicas no son repensadas y las herramientas que utilizamos no evolucionan, los femicidios van a continuar. No tropecemos otra vez con una política ineficiente, cada vez que lo hacemos muere una mujer más víctima de la violencia. No podemos tolerarlo más.

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