Todavía no tenemos anticuerpos contra las reelecciones indefinidas

El grave problema institucional que acarrea la reelección indefinida y otros usos electorales, como el sistema de lemas o la prescripción de que las bancas obtenidas en las elecciones pertenecen a los partidos que propusieron al candidato, son arrogantes modelos políticos frente a los que la sociedad argentina no encuentra, para decirlo en el lenguaje de este tiempo, los anticuerpos necesarios con vistas a inmunizar al sistema republicano.

Quizá, la muestra más patente de esas notorias inconstitucionalidades esté reflejada en el régimen de elección indefinida que rige en Formosa, Santa Cruz y Catamarca para el gobernador y vicegobernador.

La filosofía que dice fundar el esquema continuista de una misma persona en el ejercicio del Ejecutivo se presenta, graciosamente, como manifestación del principio de la soberanía del pueblo. Así, se dice entonces que es el pueblo quien quiere ser gobernado por un mismo actor y, a través de elecciones escoge “libremente” a su preferido. En su manifestación más obstinada y acientífica se acompaña el razonamiento apoyado en experiencias del parlamentarismo europeo, en cuanto permite que el primer ministro sea reelecto. Todo sin referencia alguna a nuestro sistema presidencial, ni al federalismo argentino, absolutamente diferentes a tal esquema organizativo.

Ese último es otro de sus declamados soportes. Como cada provincia tiene la potestad de darse sus propias instituciones, se alega como natural que haya algunas que congelen su voluntad política de por vida. Naturalmente que para ello se omite toda referencia a la regla de la periodicidad en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Tamaña absurdidad conduciría a validar, la hipotética renuncia que una persona hiciera a sus derechos humanos.

Cuando se enumeran esos irracionales justificativos no se dice que la permanencia en el Ejecutivo conduce siempre a la ampliación del poder por parte del semidios que lo ejerce. Tampoco se alude al hecho de que un Ejecutivo concentrado indefinidamente en la misma persona, impide cualquier manifestación de control y su ráfaga autoritaria golpea la independencia del Judicial y del Legislativo. La oposición, así concebida, será siempre minoritaria. No por voluntad del soberano, sino porque las redes clientelares del feudo reelecionista no admiten en su ADN competidores con aptitud electoral.

A esas interesadas omisiones y acomodados fundamentos se suman dos actores relevantes que permiten el estropicio. Primero, los favorecidos directos e indirectos por la práctica y; luego, el mutismo de los “no inocentes”, sosegados partidarios que lo abonan ejercitando la convicción de que frente al tema el silencio es salud. Eso sí, unos y otros alaban los atributos del sempiterno reelegido exhibiéndolo como inigualable producto de la abrumadora “astucia” política de la que carecen los demás postulantes.

Todos sabemos que esta perversa composición responde a la incongruencia constitucional que se estila en los distritos que autorizan la reelección indefinida. Que seamos federales no importa que cada provincia haga lo que le plazca en su faz organizacional -arts. 5 y 6 de la Constitución Nacional. La descentralización política no admite monarquías explícitas, ni encubiertas -art. 1-, ya que los estados de nuestra federación se han obligado a sostener el sistema representativo y republicano que no admite autorizar la perpetuidad de un mismo detentador en ámbito alguno.

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