La procrastinación institucional: ¿en pandemia no hay derechos?

La pandemia nos quitó la “antigua normalidad”, y al mismo tiempo, tuvimos que aprender a vivir de una forma diferente.

Con el discurrir de los largos días de encierro que vivimos en 2020 la incertidumbre se convirtió en una regla general, desnudando los problemas que venimos arrastrando por décadas y que nos convirtieron en la aldea pobre más austral del mundo.

No sabemos qué pasará con la segunda ola, si habrá tercera, ¿cuarta?, ¿cuándo podremos inocularnos?, ¿con qué vacuna?, ¿si la vacuna que finalmente se consiga tendrá los “papeles en orden”?, más un interminable etcétera de problemas por solucionar.

También aprendimos a desinfectar cualquier tipo de objetos, a desinfectarnos a nosotros mismos antes de entrar a nuestros hogares, zapatos, ropas, lo que compramos en el supermercado. Desinfectamos de todo.

Nos lavamos las manos con una frecuencia jamás pensada, a la vez que el alcohol en gel y los barbijos pasaron a ser elementos de primera necesidad. Entendimos que la desinfección es una parte importante de nuestra salud personal y de nuestras familias.

Pero aún no somos capaces de aprender cómo desinfectar moralmente a nuestra nación, cometiendo con ello el pecado de la procrastinación institucional que nos convierte en un país rico en pobres.

Reiteradas veces he señalado que la clase dirigente tiene la obligación de ser y comportarse con mayor ética y moral que sus dirigidos.

Hoy debo volver a decirlo, a consecuencia de los dichos del senador nacional José Mayans, de Formosa. Es una de las tantas caras visibles de la pandemia institucional que padecemos.

Pese a los esfuerzos del experimentado Senador en volver sobre sus pasos, desmentir, afirmar que no dijo lo que sí dijo, que se lo malinterpretó, que es una fake news, lo dicho, dicho está. Las palabras no se las lleva el viento, crean realidades. Sus más de 20 años de experiencia como senador le sirvieron para amortiguar el golpe, pero no para eliminarlo por completo.

El 29 de noviembre de 2017 el entonces senador electo prestó juramento de ley. Al asumir su cargo juró “obrar con todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional”, tras el “sí, juro” de estilo, se convirtió en legislador hasta el 9 de diciembre de 2023.

Todo un honor. Luego vino el: “Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden”.

Llegó el momento de iniciar la demanda. Según los propios dichos del Senador (que él dice que no dijo) la Constitución Nacional no se encuentra vigente en tiempos de Pandemia, malgré su insistencia posterior en punto a reafirmar lo contrario, para evitar, de alguna manera, las consecuencias de sus expresiones.

Mucho se dijo sobre estos comentarios. Lamentablemente pasará a la historia como otra desafortunada frase de la desgracia nacional: “El que apuesta al dólar pierde”, o “Al que depositó dólares se le devolverán dólares”, entre las más célebres.

La mera idea de un Estado de excepción en tiempos de pandemia es de tal magnitud que resulta imposible pasar por alto las consecuencias de la diatriba distópica y, por cierto, errada. Nos arroja en la cara el desprecio por las instituciones de la nación. No es posible sostener un estado de excepción a consecuencia de la pandemia.

Es claro que este tipo de relato salvaje de la política nada bien le hace a la Nación, a la clase dirigente, donde pagan algunos justos por unos cuantos pecadores y a todos los ciudadanos de a pie.

Situación aparte es lo que está pasando en Formosa -que no es objeto de estas líneas- cuya gravedad institucional es otro síntoma más de la misma enfermedad: la pandemia institucional.

¿En tiempos de pandemia no hay derechos? ¿Tenemos un Estado de Excepción?

Es el interrogante que debe ser resuelto sin miramientos ni dudas. Lo realmente importante es que todos tengamos en claro que con o sin pandemia, siempre rigen los derechos y se debe actuar conforme a derecho. Mucho más si de funcionarios públicos se trata.

En palabras de un querido amigo “no hay nada como la propia lectura”. Pues bien, basta con la simple tarea de leer nuestra Constitución Nacional, para entender de primera mano que rige, no sólo en tiempos de Pandemia, sino en todos los tiempos.

Valga por caso el Estado de Sitio. Es un régimen de excepción que debe ser impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y con la autorización del órgano legislativo correspondiente, ejecutarlo. Se asemeja a un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades suficientes para los actos de represión.

Pero todo lo anterior dentro del marco de la Constitución Nacional, donde nada se dice respecto a “el derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”

Mientras dure el Estado de Sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales, con mayor o menor extensión, según las leyes. Pero aún en estos casos extremos la vigencia de la Constitución Nacional no se pone en duda.

Por ejemplo en nuestra historia reciente el presidente Fernando de la Rúa declaró el Estado de Sitio por cadena nacional la noche del 19 de diciembre de 2001, a consecuencia de la crisis nacional que todos recordamos con sorprendente actualidad.

“El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia”. La confusión es de tal dimensión que excede, con mucho, el marco de análisis jurídico para dar paso a análisis ético-moral de las consecuencias de su significado, pues, más allá de que se haya o no expresado, es claro que bajo ningún concepto debería decirse.

Cuando se habla de la Argentina sufriente las cinco pandemias (salud, economía, seguridad, instituciones y educación), se lo hace en el entendimiento de la gravedad de todo lo que nos está pasando al mismo tiempo.

La expresión “El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia” es un síntoma de la enfermedad institucional que vivimos. Es el pus que supura de la herida infectada y que nos convierte en una aldea de pobres.

No se puede ni se debe guardar silencio frente a este tipo de atropellos institucionales, como si fueran algo natural, un yerro dicho al pasar en una entrevista, ya que el desinterés en estos casos es más grave que la expresión en sí misma.

Tenemos el derecho de alzar la voz y criticar y hacerlo de la manera más fuerte y vehemente que nos sea posible. Es parte de la vida en democracia.

Lo que se infiere de la ausencia de derechos en tiempos de pandemia es una falta de respeto a todos los habitantes de nuestra nación, y a todos los que hoy ya no están, pero que entregaron su sangre para recuperar la democracia en tiempos donde realmente “no estaba vigente la Constitución Nacional”.

La vigencia constitucional es una verdad absolutamente verificable que no puede, ni debe ser puesta en duda por ningún habitante de nuestra nación. Mucho menos si se trata de un senador nacional que dice que no dijo lo que dicen que dijo.

“El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia” ni siquiera es una verdad a medias. Es una falacia de pies a cabeza. Es el tipo de relato que intenta torcer el brazo de la lógica del derecho y la vigencia de las instituciones.

En “Desmuteados”, Valeria Groisman habla de las mil caras de la verdad, afirmando que, “después de todo, controlar la verdad es una de las más importantes vías a través de las cuales se logra la concentración de poder”.

No podemos darnos el lujo de ser cómplices silentes del desbarro institucional, caso contrario el control de la verdad ya no será un activo de la sociedad sino de unos pocos “ilustrados”.

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