El Presidente clama por justicia, la Vicepresidente también. Lo mismo, entre muchos otros, el ex primer mandatario y alguna ex diputada nacional. La sociedad exige justicia. Se han hecho grandes avances en materia de expediente electrónico judicial, empero no es suficiente. Es imprescindible el retorno de la actividad presencial.
Audiencias de testigos, pericias por accidentes de tránsito y/o de trabajo, indagatorias, juicios orales, entrevistas de familia, solicitudes a las mesas de entradas, notificación de la demanda y una multiplicidad de actividades jurisdiccionales que no pueden ser suplidas por expediente digital alguno.
Hemos dicho, hasta el hartazgo, que no es necesaria ninguna declaración de esencialidad sobre la administración de justicia en orden a tratarse de uno de los tres poderes constituidos del Estado, de conformidad con lo que dispone el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional.
Se han soportado estoicamente las dilaciones procedimentales producto de la lucha contra el COVID-19 y se han acompañado las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional y los Estados Federales Argentinos. Pero no se puede continuar con un procedimiento incompleto e inseguro. Es necesaria la vuelta a la actividad presencial plena del Poder Judicial Argentino.
Para ello es imprescindible que se declare, y con carácter de urgente, la preferencia para la inoculación de la vacuna contra el coronavirus a los ministros de la Corte, magistrados y empleados del Poder Judicial, así como también a peritos y abogados que son, en definitiva, quienes se ocupan de la crucial y esencial misión de buscar “que se imparta justicia”.
A tal fin, el Poder Ejecutivo Nacional no debe escatimar recurso alguno, incluso el de brindar la posibilidad al Poder Judicial de utilizar sus propios fondos para la adquisición de vacunas, cualquiera sea su procedencia, en tanto cuenten con la necesaria aprobación de la ANMAT. Tal circunstancia podría allanar el camino para las obras sociales y la medicina prepaga en busca de la tan ansiada inmunización, siempre respetándose los órdenes establecidos, atendiendo en primer lugar a los grupos de riesgo y luego al resto.
En dicha inteligencia, nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha ofrecido al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la Ciudad cuatro de sus inmuebles para llevar a cabo el acto de vacunación, oficiando de vacunatorios tanto para los abogados como para todo el Poder Judicial y sus auxiliares, cuanto para la ciudadanía.
Son tiempos aciagos y de grandes desigualdades. Es momento de brindar protección integral a la sociedad observando el bien común y, sobre todo, con una mirada esperanzadora sobre la ciencia que viene trabajando contra reloj para detener la pandemia. La sociedad brama justicia, pero ella solo será cuasi posible con un Poder Judicial trabajando al máximo de sus posibilidades y en forma presencial, para dar eficaz respuesta.
Si no se procede a vacunar a todos los involucrados con la premura necesaria se profundizará este sistema que, reitero, ha mejorado pero resulta a todas luces insuficiente y muchas veces ineficiente.
Ya decía Napoleón: “Sin justicia, solo hay divisiones, víctimas y opresores”. Provea la clase política de conformidad que SERÁ JUSTICIA.
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