El Gobierno nacional parece decidido a avanzar en una quita unilateral e intempestiva de fondos que afectará a los millones de argentinos que vivimos, y otros tantos que trabajan o estudian, en la Ciudad de Buenos Aires. Es una medida tan inconstitucional como dañina para el conjunto de la sociedad argentina, así como también una decisión inútil.
Es inconstitucional porque los fondos en cuestión no obedecen a un capricho político sino que están garantizados por la Constitución Nacional, que establece que el traspaso de la Justicia y la Policía deben hacerse con los recursos correspondientes.
La Ciudad no recibió algo que no le correspondiera. Las diferencias de criterio deberían haber dado lugar a un trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones y no a la quita unilateral. La postura histórica de CABA, sostenida por todas sus administraciones más allá de sus colores partidarios, ha sido la apuesta al diálogo, entendiendo por diálogo la disposición a ceder y no la mera voluntad de tener razón e imponer. Lo afirmo por experiencia propia, puesto que durante mi gestión como Jefe de Gobierno en la transición de 2006 y 2007, cuando la autonomía de la Ciudad estaba menos desarrollada y las disputas por los recursos ya estaban planteadas, aún con muchas diferencias, siempre dialogamos y buscamos consensos.
Pero además de ser inconstitucional, me interesa destacar que es una medida inútil. Le quita unos recursos propios que son mucho para la Ciudad -el equivalente casi al total presupuesto anual del Ministerio y sistema de Salud de la Ciudad- pero que tendrían un efecto menor para resolver los problemas de fondo -inseguridad, urbanizaciones precarias, déficit sanitario entre otros- que, si bien se manifiestan en el conurbano bonaerense, delatan las desigualdades y falencias en el desarrollo integral de todo un país. Problemas profundos, estructurales, de desarrollo inequitativo, demografía y ocupación territorial sin estrategia, que requieren de grandes e injustificadamente demorados acuerdos que nos permitan, al menos, comenzar un tiempo de trabajo sostenido en esa dirección. Es decir, genera un problema nuevo no sólo sin resolver el preexistente sino agravándolo.
Se trata evidentemente de un parche sobre un problema estructural que lleva décadas sin resolverse. La quita de fondos provocará dificultades para proveer servicios a todos los argentinos que día a día trabajan, transitan y viven en la Ciudad. Algunos de ellos tan esenciales como la seguridad, el cual requiere, como nos muestra la coyuntura actual, cada vez más foco en la profesionalización de nuestras fuerzas.
Se argumenta que estos fondos serán usados para resolver problemas del país pero, en el mejor de los casos, se trata solo de un parche. Los parches son doblemente nocivos porque postergan la solución, dan la sensación de tener tiempo por delante cuando, mientras el parche dura, por debajo de la superficie las deudas estructurales siguen agrandándose.
Los discursos para la tribuna sobreviven en la retórica política. Pueden ser astutos pero en general son falaces. Parten de prejuicios y alientan confrontaciones. Hoy asoma un intento de reponer uno viejo y deletéreo: el que enfrenta a porteños con el resto de los argentinos. No hace falta abundar en cuánto nos dañaría a la sociedad argentina en su conjunto esa locura. Esa confrontación es irreal, no existe en la gente de la Ciudad. En Buenos Aires se respira federalismo, se vive con alegría y orgullo porque está en el ADN de su gente, nos constituye como identidad y no depende de ningún gobierno. Las voces, las costumbres y culturas de toda la Argentina son la parte más potente de la porteñidad. Y afortunadamente, lo son cada vez más.
Desarmemos cualquier deriva de esa falsa confrontación.
Al oponernos a esta decisión estamos defendiendo el derecho de cada provincia a ser escuchada y a participar del proceso de desarrollo del país.
La divisa central del Federalismo es la unión. Eso es lo que necesitamos. En eso creemos.
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