En Formosa, ¿todos los ciudadanos están contra el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿En Río Negro están todos a favor? ¿Hay vecinos que apoyan tener menos recursos en su ciudad? Si nos guiamos por las últimas sesiones parlamentarias no hay matices de opinión entre los rionegrinos, existe un férreo y unánime consenso entre los formoseños; y en la Ciudad de Buenos Aires viven personas que apoyan perder plata. ¿Raro, verdad?
A todas luces resulta inconcebible que una provincia entera esté 100 por ciento de acuerdo en un tema, o que un grupo de ciudadanos apoye con ahínco perder dinero esencial para el funcionamiento básico de la ciudad. Pero, por extraño que parezca, los vaivenes, presiones y “entendimientos” legislativos hacen que los números muestren en el Congreso una realidad distorsionada: todos los diputados de Formosa votaron en contra de la IVE, todos los rionegrinos lo hicieron a favor, y varios diputados porteños respaldaron con su voto la quita de recursos a los ciudadanos que dicen representar, solamente para asfixiar a su principal contrincante político y sin importarles la necesidad de su gente. Francamente un legislador que vota en contra de su pueblo no merece representarlo. Así queda en evidencia que en la actividad parlamentaria hay una representación malherida que poco refleja los intereses de la ciudadanía.
Tal como lo establece la Constitución Nacional desde 1853, “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes” (artículo 22). Pero ¿sigue siendo válida, legítima y acertada la tarea de los representantes cuando no se percibe que los intereses del pueblo sean fielmente representados en el Congreso?
A esta altura podemos hablar sin eufemismos y plantear que es evidente una ruptura en la relación entre ciudadanos y representantes. Frente a estos hechos tomados como ejemplo observamos una crisis de representatividad de dirigentes divorciados del resto de la sociedad. Quizás se deba a que, como afirmó Platón, la persona más digna de poseer el poder es la menos dispuesta a aceptarlo. Pero más allá del tema de la calidad del liderazgo, lo cierto es que el divorcio de la sociedad respecto de la dirigencia política se evidencia en estos días en el Congreso y sus votaciones.
En ese contexto se manifiesta una gran paradoja: en la sociedad argentina existe un sólido consenso para adherir a la democracia frente a cualquier otro régimen de gobierno; sin embargo la sociedad desdeña las instituciones que la constituyen. Esta situación preocupante debe encender las alarmas de quienes estamos comprometidos con sostener y consolidar la democracia.
Los peligros de no representar
Cuando hablamos de “crisis de representatividad” hacemos foco en el deterioro de la confianza hacia partidos políticos, dirigentes, parlamento. Entre otros peligros que acechan al sistema democrático cuando la desconfianza hace metástasis, es el crecimiento de figuras personalistas que se presentan como salvadoras del país. En esos casos, la confianza de los ciudadanos se deposita en la persona y no en las instituciones.
Hoy más que nunca resulta imperioso que quienes tenemos responsabilidades como dirigentes volvamos a dotar de legitimidad al sistema representativo. Tenemos que hacernos cargo y encarar una modificación que recomponga la relación entre los ciudadanos y sus representantes. Pues la representatividad debe ser tan plural como la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad.
Necesitamos que la democracia representativa realmente funcione como tal, que las personas sean efectivamente representadas por quienes legislan y por quienes conducen los destinos del país.
La democracia es el mejor sistema, cuidémosla.
*El autor es presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.
Seguí leyendo: