Control de precios: los 4 descubrimientos de Kirzner que no logra descubrir el kirchnerismo

La regulación de precios es un atajo que se utiliza de manera frecuente en distintos sectores de la economía argentina. ¿Cuáles son sus consecuencias a largo plazo?

Luego de que el Gobierno nacional decidiera prohibir los aumentos de precios a los prestadores de servicios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) hasta el 31 de diciembre de 2020, hace unos días se resolvió por medio de la resolución 1466/2020, fijar el nivel máximo de modificación de precios permitidos para enero de 2021. La disposición determina que los licenciatarios que posean más de 100.000 accesos podrán incrementar el valor de sus servicios hasta un 5% desde enero, mientras que los prestadores con menos de esa cantidad podrán hacerlo en un 8%.

En la Argentina se consigue

La economía argentina no es ajena a este tipo de intervenciones estatales. Es bastante común que, por medio de una regulación, se establezca que los precios de determinado bien o servicio ya no pueden moverse libremente, sino que deben ser fijados o modificados discrecionalmente por un ente regulador. Los motivos habitualmente citados para justificar esta intervención tienen que ver con la necesidad de resolver una aparente “falla del mercado” en la provisión del bien o servicio en cuestión. Sin embargo, por lo general quedan fuera del análisis las consecuencias de dichas regulaciones.

El economista Israel Kirzner, uno de los principales exponentes actuales de la Escuela Austríaca de Economía, analiza en detalle los perjuicios generados por las regulaciones estatales. Para esta escuela de pensamiento, la economía no es estática y nunca se encuentra en equilibrio, sino que, por el contrario, es un proceso espontáneo, dinámico y continuo. Por ende, según Kirzner, existen cuatro procesos de descubrimiento que son distorsionados por las regulaciones y que derivan en importantes consecuencias no deseadas.

Los cuatro jinetes del sistema de precios

El primero de ellos es el “proceso de descubrimiento no-descubierto.” Los precios en la economía sirven para demostrar la escasez relativa de un determinado bien o servicio. Esta escasez debe ser evaluada y calculada por los agentes económicos continuamente. Si un producto es más o menos escaso en un lugar o momento particular, distintos emprendedores descubrirán este hecho a través de la variación de los precios, vendiendo en el momento y lugar en que es más escaso y comprando en el que es menos escaso.

La resolución del Gobierno nacional que prohíbe modificar libremente los precios de la televisión por cable, telefonía móvil e internet claramente limita este proceso de descubrimiento. El decreto no permite que los precios demuestren la verdadera escasez relativa de estos servicios. Esto hace que un emprendedor no tenga forma de descubrir dónde y en qué momento es más o menos necesitado el servicio de TV, telefonía o internet. Allí donde se necesita con urgencia, los precios deberían subir, y esto serviría de incentivo para que varios prestadores de servicios intenten proveerlo. Al fijar los precios, el Gobierno impide que puedan descubrir dónde y cuándo se necesita con más urgencia.

El segundo es el denominado “proceso de descubrimiento no simulado.” El ente regulador no es capaz de imitar el proceso de mercado, ya que no posee el conocimiento necesario para evaluar qué recursos son más o menos escasos en la economía. El mecanismo de precios es el mejor instrumento desarrollado por la humanidad para cumplir esta función. ¿Cómo puede saber el ente regulador si el aumento del 5 y 8% es suficiente para todas las licenciatarias de servicios de TIC de la economía argentina? ¿Cómo puede este evaluar las continuamente cambiantes condiciones de mercado de cada región del país?

En un mercado no regulado, las constantes variaciones de precios les permiten a las empresas descubrir por medio de la competencia las condiciones de mercado de cada región en particular, para así proveer servicios dónde y cuándo se los requiere. El Gobierno no tiene manera de simular este proceso con la precisión que posee el mecanismo de precios.

En tercer lugar, se encuentra el “proceso de descubrimiento sofocado.” Las regulaciones restringen los potenciales descubrimientos que podrían haber ocurrido. Este problema en particular es incluso más complejo de observar tanto para reguladores como para el público en general debido a que es completamente contrafáctico. Es prácticamente imposible de demostrar qué hubiera pasado si no se hubiesen regulado los precios. En este sentido, el Gobierno podría estar sofocando el descubrimiento de posibles soluciones al problema de la provisión de servicios de TIC.

Si no hubiera regulación de precios, es posible que algún emprendedor argentino descubra un nuevo sistema para brindar servicios de televisión, telefonía móvil o internet más económico o eficiente que los actuales, y sea motivado a invertir en él por el aumento de los precios. De esta manera, la fijación de precios termina desincentivando la iniciativa e innovación de la economía.

Por último, las regulaciones también generan un nuevo “proceso de descubrimiento superfluo.” El Gobierno no solo limita potenciales oportunidades de negocios con la fijación de precios, sino que también crea nuevas oportunidades superfluas, no necesariamente deseadas, en otras áreas de la economía. Por ejemplo, al aumentar solamente 5% los precios de los servicios de televisión, telefonía móvil o internet, algunas personas podrían considerar que se encuentren más baratos de lo que deberían y decidan contratar estos servicios cuando de otro modo no lo harían. Un bar o restaurant quizás vea apropiado proveer también servicios de wifi o televisión por cable para así atraer más clientes, dejando sin la posibilidad de que estos sean provistos en algún lugar donde es más necesitado.

Como se puede observar, las regulaciones tienen múltiples consecuencias no deseadas. Las interferencias que se generan en el proceso de mercado son tantas que difícilmente sus beneficios superen los costos. Es por ello que una discusión adecuada sobre si regular o no determinado sector debe contemplar también los peligros que engendran las regulaciones estatales.

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