Aborto legal en Argentina: las jóvenes reciben un país mejor

El Congreso saldó, finalmente, una deuda de la democracia con las mujeres en Argentina. El diálogo democrático mostró ser, una vez más, el mejor proceso para canalizar nuestras diferencias. El reconocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo (IVE) es un acto de justicia social que implica un salto cualitativo en la construcción de una sociedad más igualitaria. Si bien vivimos en un país que mantiene altas brechas de inequidad, es también cierto que hemos construido un camino de ampliación de derechos con varios hitos que deben hacernos sentir orgullosos: desde hoy, somos un mejor país.

Este triunfo tiene como gran protagonista al movimiento de mujeres, que se mantuvo resiliente ante la adversidad. La demanda por los derechos sexuales y reproductivos pasó de ser un reclamo minoritario a lograr institucionalizarse, con numerosos avances y retrocesos desde el retorno de la democracia. El Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario de 2003 planteó un punto de quiebre, con su plan de lucha nacional por el derecho al aborto y, en el 2005, fue creada la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que, en 2007, presentó su primer proyecto ante el Congreso, que recién llegó a ser tratado en Comisión parlamentaria en 2011. Hasta esta victoria, hubo que superar las resistencias de distintos actores políticos, eclesiásticos y sociales.

La consagración del derecho al aborto es, en gran parte, resultado de la victoria de una batalla cultural. Al reclamo del movimiento de mujeres se sumaron las organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, personalidades relevantes de la cultura, la academia, agrupaciones religiosas, las y los jóvenes, las periodistas, entre otros. Es difícil ponderar el peso específico de cada uno de estos actores: los mensajes de las actrices y cantantes que decidieron usar su poder de influencia para apoyar esta causa, las periodistas que inauguraron el #NiUnaMenos, los organismos que sumamos la mirada internacional y la evidencia para persuadir con argumentos y datos científicos. Lo cierto es que la suma de tantas voluntades tan diversas fue determinante.

Desde una mirada política, uno de los puntos centrales fue la transversalidad alcanzada en ambas Cámaras. La interrupción legal del embarazo, como había ocurrido en el debate por el matrimonio igualitario, rompió las clásicas lealtades partidarias y permitió alcanzar los números necesarios. En el camino, fue importante, aunque insuficiente, la decisión del ex presidente Mauricio Macri de habilitar el debate en 2018 y fue clave la determinación política que el presidente, Alberto Fernández, y su gabinete le dieron al proyecto y a su sanción definitiva. En un primer año de mandato extremadamente desafiante, debido a la crisis económica y la pandemia del COVID-19, el Poder Ejecutivo tuvo la audacia de presentar un proyecto que lo deja en la historia de la ampliación de derechos en el país.

La sanción de la IVE en Argentina deja un fuerte desafío regional, donde muchos países tienen restricciones mucho más severas que la que poseía nuestro país antes de la sanción de la ley. El símbolo del pañuelo y los corazones verdes generó una ola expansiva en América Latina y es esperable que este avance impacte en naciones como México, Chile y Colombia, donde también el movimiento de mujeres se ha ido robusteciendo. Amnistía Internacional mantiene intacto su compromiso de contribuir a defender la ley, fiscalizar e impulsar su pleno cumplimiento en todo el territorio nacional. Como sabemos, muchas veces se generan brechas entre la letra de la ley y su implementación en un territorio tan heterogéneo como el argentino.

Todas las mujeres, niñas y personas gestantes tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y a una atención integral que ponga en primer lugar su derecho a la salud. Seguiré luchando incansablemente por mi hija y por todas las jóvenes argentinas que a partir de hoy viven en un país mejor.

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