Aborto legal: ya nadie puede hacerse el distraído

No recuerdo que en el año 1987 la gente haya salido en masa a divorciarse. Sí recuerdo, en cambio, que quienes ya estaban separados de hecho pudieron gracias a la ley 23.515 formalizar su situación y aquellos que estaban conviviendo -en lo que muchos todavía consideraban “pecado”- lograron regularizar su vínculo. Gracias a esa ley, entre otras cosas, se pudo terminar con la injusticia de que hubiera hijos de primera e hijos de segunda clase. Eso, en definitiva, es la función que cumple una ley que se ocupa de la vida y de la calidad de vida de las personas.

Cuando en 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, pese a las advertencias apocalípticas no se cayó ninguna institución y, por el contrario, se consiguió el reconocimiento legal y por ende social de muchas parejas del mismo sexo que, a partir de entonces, pudieron gozar de los mismos derechos que el resto de las parejas. Esa ley también llegó para proteger la calidad de vida de los habitantes de este país.

En ambos casos se trataba de leyes que, al tiempo que mejoraban las condiciones de existencia de muchas personas y proponían un mejor futuro, reparaban las malas experiencias de otros en el pasado. Son leyes que llegaron luego de debates intensos y durísimos e hicieron muy felices a muchos que estaban esperando ese momento y les dieron condiciones de equidad a los que vinieron luego, generaciones que posiblemente nunca consigan entender lo difícil e injusto que era vivir sin ese amparo legal en el pasado.

Los matrimonios no podían divorciarse (aunque ya no vivieran juntos). Las parejas de hombres y de mujeres no podían heredarse ni compartir obra social, por ejemplo, (aunque vivieran juntos durante décadas) y, sobre todo, no estaban legitimadas socialmente. En ambos casos fue la ley lo que otorgó derechos, legitimación y transparencia, ya que pusieron el punto final a una era de hipocresía.

La discusión por el aborto legal tiene puntos de contacto con estos debates sociales en los que se pusieron en juego los prejuicios, las creencias personales y los valores religiosos -que, más allá de la relevancia que tengan para cada uno de los individuos, no deberían afectar las políticas públicas de un estado laico-, como también los tiene con la discusión parlamentaria entre varones que tuvo lugar durante 1946 y 1947 para que las mujeres pudieran tener acceso al voto. Hoy parecen discusiones inverosímiles, pero existieron. (A propósito, por estos días está circulando un video muy bueno de Amnistía que reproduce algunos momentos de esas discusiones)

Si alguno todavía lo ignoraba y creía que se trataba de situaciones excepcionales, a partir de 2018 el debate público puso cifras e historias en voz alta de los abortos clandestinos en todas las clases sociales y en peores o mejores condiciones. Así como poco antes la pelea contra la violencia machista llevó a hablar a muchas mujeres silenciadas por temor, esa puesta en conocimiento de las prácticas del aborto impulsó a madres y a abuelas a contar por primera vez sus propias experiencias de interrupción de embarazos o historias familiares que hasta ese momento se habían mantenido en secreto. Cualquier adulto que diga que nunca tuvo conocimiento de un aborto en su vida está mintiendo.

Los argumentos de quienes se oponen al aborto legal incluyen la defensa de la vida desde la concepción, pasando por las necesidades demográficas de la Argentina, hasta la agraviante suposición de que con aborto gratuito las mujeres dejarán de usar anticonceptivos, en una asociación delirante que proyecta un “festival de abortos” si la ley se aprueba en el Senado. Las posturas no son excluyentes y es en esta lógica en la que hay que buscar las razones por las cuales gran parte del país aún no adhiere a la práctica efectiva de la ley de Educación Sexual Integral o del Protocolo de Aborto No Punible. Es en esta misma lógica donde se arraiga la judicialización constante de los casos de nenas embarazadas con el objeto de obligarlas a parir y también los fallos vergonzosos en contra de mujeres acusadas de abortar.

Aunque siempre habrá cuestiones vinculadas a la conciencia individual, la ley de aborto seguro y gratuito ya no dejaría tanto margen para estas maniobras dilatorias e impiadosas. Y, por supuesto, no obligará a ninguna mujer a abortar. Es más, junto con esta ley se votará y aprobará el “Plan de los mil días”, iniciativa de acompañamiento de maternidad y de los tres primeros años de vida del recién nacido por parte del Estado, una buena manera de no dejar solas a las mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo pero no tienen cómo hacerlo.

Legalizar el aborto implicará, entre otros cambios, proveer el asesoramiento y las herramientas necesarias desde la salud pública para que una mujer ponga fin al embarazo no deseado lo más temprano posible, algo que hoy no es una utopía porque existen los instrumentos para que esto suceda. Hacer campañas de terrorismo con videos o imágenes falsas de descuartizamientos de embriones no ayuda a resolver un problema social que existe desde siempre. Inventar letra que no forma parte del proyecto que se está discutiendo para conseguir indignación colectiva, tampoco. En lugar de este tipo de campañas, quienes se están en contra de la ley -que no es lo mismo que quienes no abortarían- deberían dar a conocer un proyecto alternativo para disminuir la cantidad de abortos pero no pueden hacerlo, simplemente porque no existe.

Quienes se oponen con fiereza a la IVE con el argumento de la defensa de las dos vidas, en el mejor de los casos se engañan: cuando una mujer no acepta un embarazo por la razón que sea, no hay persuasión posible. Obligarla a parir en contra de su deseo es una forma de tortura; ignorar que esa mujer hará todo lo que esté a su alcance para terminar con el embarazo no deseado es una indignante forma de la hipocresía.

Se acerca la votación en el Senado y no puedo dejar de pensar en aquellos que desde la clase política, y aún estando a favor de la ley, buscan frenarla para no darle el rédito a un gobierno en problemas y necesitado de apoyo popular. Para quienes estamos a favor de esta ley, la palabra no es oportunismo sino oportunidad. Ahora, sí, igual que lo fue en 2018.

A los opositores que especulan con que la sanción podría conducir a un agradecimiento eterno al oficialismo por su impulso (y los consiguientes votos en las próximas elecciones), sería bueno recordarles que la ceguera no es buena práctica en la política. Más allá de que ahora integra un gobierno que lleva el proyecto al Congreso, muchos tenemos presente que la actual vicepresidenta Cristina Fernández tuvo entre 2008 y 2015 dos períodos presidenciales en los que pudo enviarlo y no lo hizo. De nuevo: más allá del oportunismo -que también es posible rastrear en el especulativo aval que dio Mauricio Macri a la discusión en su momento- lo que importa es la oportunidad. Boicotear una ley como ésta por mero cálculo político es de una mezquindad pasmosa y también podría pagarse en las urnas el año próximo.

Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurrió con la ley de divorcio vincular y la de matrimonio igualitario, la legalización del aborto no podrá reparar las experiencias dolorosas de la clandestinidad de muchas y la muerte de tantas. Sin embargo, provoca una extraña forma de la felicidad saber que las próximas generaciones de mujeres de este país no tendrán que pasar por esa humillación y ese riesgo en caso de un embarazo no deseado.

Para quienes nunca atravesaron la experiencia y, así y todo, para decirle no a la ley se aferran a la idea de que la experiencia del aborto es traumática, la respuesta es una sola: cada persona es única, las razones para tomar la decisión de interrumpir un embarazo son singulares, lo único que con seguridad es traumático es la clandestinidad.

Que nadie se haga el distraído: lo que se está definiendo por estas horas en la Argentina no es si las mujeres pueden abortar o no, sino en qué condiciones lo harán de ahora en más.

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