Sin la menor cuota de autocrítica ni vergüenza, el ex ministro de Energía y accionista de Shell, Juan José Aranguren, dedica una nueva aparición mediática en cuestiones de tarifa. De más está aclarar que lo asiste pleno derecho a expresarse, aunque en su caso y sin perjuicio de ello cabe indicar que quien efectúa tales expresiones, ha sido ni más ni menos que el máximo responsable -junto con el ex presidente Mauricio Macri- del inédito y masivo empobrecimiento energético del pueblo argentino. Por ende, y en honor a la verdad, resulta necesario responder, en uso del mismo derecho, ciertos aspectos de sus dichos.
La entrevista radial al dueño de la consultora Energy Consilium SA (integrada por hombres de su gabinete y constituida el 27 de septiembre del 2018, es decir, apenas tres meses después de haber sido desplazado del ministerio), comenzó con la siguiente inquietud periodística: “¿Podemos volver al escenario donde las tarifas se habían atrasado tanto que empezó a fallar la infraestructura y pasó lo que pasó, los problemas que tuvimos?”. Aranguren respondió, cortito y al pie: “Sí”, para desplegar seguidamente su tradicional batería argumentativa.
Primera cuestión a destacar: ciertas personas (como el entrevistador de Aranguren) pueden no tener idea de lo ocurrido en materia energética con anterioridad a Macri, pero el ex ministro no puede no tenerla. Es más, recomendaríamos la tenga y pronto, para no quedar en ridículo si es que tiene la mala suerte de cruzarse con una persona mínimamente informada. ¿Falló la infraestructura energética hasta 2015 como consecuencia del retraso tarifario? La expansión del sistema licenciado de transporte de gas incorporó 653 nuevos kilómetros entre 2012 y 2015, mientras que entre 2008 y 2011 unos 1.514 nuevos kilómetros. De hecho, tomando el período 1996 a 2019, el cuatrienio 2008/11 destaca por haber sido el de mayor expansión en kilómetros y potencia instalada incorporada de los últimos veinticuatro años. Inversamente, durante los cuatro años de gestión macrista se construyeron apenas 48 kilómetros de cañería.
En expansión del sistema de distribución medido en incorporación de nuevos usuarios residenciales al servicio público, de un crecimiento de 661.995 nuevas conexiones entre 2012-2015 se redujo a 411.307 entre 2016 y 2019, es decir, 38% menos. Y si comparamos el período defendido por el dueño de Energy Consilium con 2008-2011, el desplome es todavía peor: 47% menor (de 780.106 a 411.307). Pero no terminan acá los desventajosos números: entre 2016 y 2019, la expansión del servicio público a nivel residencial fue la más baja del último cuarto de siglo. Más detalles por jurisdicción (2016/19 vs 2012/15): -58% de retracción en incorporación de usuarios domiciliarios en Capital Federal; -47% provincia de Buenos Aires; -40% en Córdoba; -54% en San Luis; -40% en Mendoza; -44% en Santa Fe; -41% en Chubut y -37% en Santa Cruz, para citar sólo los más resonantes. Llegado a este punto, cabe preguntarse: ¿cómo explicar tan pésimo desempeño no obstante la concreción de la Revisión Tarifaria Integral y sus Inversiones Obligatorias asociadas entre 2016 y 2019?
Segunda cuestión a destacar: Aranguren sostiene que extender el mantenimiento al mes de marzo (Decreto 1020/20), posterga la “normalización” del sistema tarifario. Pues bien, cabe recordar que el ex ministro comenzó su derrotero tarifario desconociendo y violando el marco regulatorio. De allí el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 que dejó sin efecto los cuadros tarifarios para usuarios residenciales y con los alcances surgidos del mismo. A partir de entonces, su gestión se caracterizó por una interminable seguidilla de impericias y parches normativos -agudizada luego por Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui-. Ejemplos del eterno desaguisado: topes a la facturación que iban y venían, cambios en los criterios y recorte progresivo de beneficios (y beneficiarios) en las tarifas sociales de gas y electricidad (y principalmente en el Programa Hogar, que es el programa dirigido a los más vulnerables), postergación de ajustes estacionales, financiaciones en cuotas a usuarios, diferimientos de determinados montos de un mes a otro, cambios en la fórmula de actualización semestral de las tarifas, bonificación en el precio del gas y hasta congelamiento tarifario (recordar que fue el propio Macri quien comenzó congelando la tarifa). Nadie sabía cuánto iba a venirle en la factura. Todavía más grave: nadie sabía si iba a poder pagarla. ¿Y todo esto desaguisado por qué? Precisamente porque cada vez menos gente la pagaba. A propósito, adviértase los siguientes números: entre 2015 y 2019, los hogares con deudas con las distribuidoras se incrementaron un 43%, sumándose 1,1 millón de nuevos hogares endeudados. El impacto fue dramático sobre todo en las zonas o regiones más postergadas: residenciales en deuda con Gas NEA aumentaron un 3.500%; residenciales patagónicos en deuda con Camuzzi Sur un 75%; residenciales de Gas Cuyana 69%. En términos del monto adeudado por el sector residencial a nivel país, trepó de 703 millones de pesos en diciembre de 2015 a 10.534 millones de pesos en diciembre de 2019. Respecto de la deuda de pequeñas y medianas empresas (P1 y P2), saltó de 56 millones a 2.450 millones en igual período.
La barbarie energética y su saldo social, industrial y productivo no impidieron a Aranguren y Macri vetar la Emergencia Tarifaria aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2018. A seguir “normalizando”. Habiendo dolarizado el precio del gas en enero de 2018, en un contexto económico de explosiva volatilidad y depredación del ingreso, Aranguren y quienes lo sucedieron jamás aplicaron una solución que hubiera podido frenar el espectacular endeudamiento entre productoras y distribuidoras derivado de la mega devaluación de aquel año. No sólo no hicieron, sino que Iguacel cargó esa deuda en 24 cuotas a los usuarios y usuarias del servicio público, motivándole una denuncia penal. El escándalo generado obligó al propio Ejecutivo Nacional a derogar la medida que, acto seguido y fiel a la tradición del Grupo Macri de estatizar deudas privadas, decidió mediante DNU 1053/18 cargársela a la totalidad de la población, tenga o no tenga acceso al servicio público.
La salvaje mutación de servicio público esencial y derecho social a bien de lujo no inmutó al señor Aranguren ni a sus reemplazantes ni al entonces presidente. La gestión de Macri en materia tarifaria -de la que Aranguren fue su principal autor intelectual y ejecutor- fue un verdadero caos que trajo desorganización, incertidumbre y masivo empobrecimiento a millones de familias argentinas como no recuerde la historia energética ni tarifaria nacional; como no recuerde la historia contemporánea de la humanidad. Entre 2015 y 2019, Aranguren sumergió en la pobreza energética (facturas de luz y gas superiores al 10% de los ingresos) a 3,1 millones de hogares, mientras que a 1,4 millones de hogares en la indigencia energética (facturas superiores al 20% de los ingresos). Ni las propias empresas del sector se salvaron en el último año y medio de Cambiemos. La justicia y razonabilidad tarifaria, consagradas por la Ley 24.076, fueron sistemáticamente violadas, al igual que indicó, para ese caso, el fallo CEPIS de la Corte Suprema de 2016. Siempre es oportuno recordar que allí el Máximo Tribunal “sostuvo que el Estado -latu sensu- dispone al respecto de la potestad tarifaria de una atribución y no de una mera facultad para fijar las tarifas, o dicho en otros términos, a la par que le asiste el poder para hacerlo le incumbe la obligación de hacerlo y, al mismo tiempo, resulta ilegítima la pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del tiempo si las circunstancias imponen su modificación ya que ello implicaría que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de control de la evolución de las tarifas y, en su caso, a la necesidad de su modificación”.
Los argentinos y las argentinas masivamente empobrecidos por Aranguren no existieron para el accionista de Shell, devenido en consultor privado tres meses después de haber dejado el cargo. No existieron y parece que siguen sin existir. Las tarifas, entre otras medidas o vehículos, contribuyeron a fundir al mercado interno y, sobre todo, al sector PyME. Vaya un caso emblemático, pero lamentablemente habitual para la época de la “normalización” tarifaria reivindicada por este señor. CueroFlex es una fábrica que los trabajadores recuperaron en marzo de 2012. Es la única cooperativa que trabaja con cuero reciclado en América Latina y emplea hoy a más de 70 personas. Entre 2015 y 2019, el consumo de gas de CueroFlex cayó 57%. Aún a pesar de esta dramática caída, en ese mismo lapso la factura mensual promedio de gas se incrementó casi 700%, pasando de 29.912 pesos en 2015 a 237.405.
A modo de cierre, la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de auditar y revisar la tarifa heredada, así como la oportuna y temprana declaración de Emergencia Energética y Tarifaria, a pocos días de asumido, obedece al trágico panorama aquí descrito. Igual vale para el flamante Decreto 1020/20 de renegociación tarifaria durante los próximos dos años, así como la extensión del mantenimiento tarifario por 90 días o hasta la entrada en vigencia de una tarifa de transición. La “pandemia energética y tarifaria” de Aranguren y Macri llegó a su fin. Las nuevas tarifas serán justas, razonables y asequibles. Serán, asimismo, el resultado de un análisis técnico y regulatorio serio y transparente, con la ciudadanía como actor protagónico, buscando el equilibrio entre todos los actores de la cadena del gas, pero con eje en los usuarios y las usuarias, humillados y empobrecidos por la pandemia energética del ex ministro. Serán las nuevas tarifas, en suma, herramientas estratégicas para la promoción de la sustentabilidad productiva, la equidad distributiva y de un desarrollo genuinamente federal del país, tal y como nos pidió Alberto Fernández. Porque la salud energética de una Nación, no pasa por su capacidad exportadora ni por el superávit de la balanza comercial energética ni la reducción o eliminación de subsidios, como sostiene Aranguren. La salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo..
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