Nuestro país presentará en los próximos días una nueva revisión de su contribución a la acción climática internacional en línea con el Acuerdo de París, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández este sábado en la Cumbre de Ambición Climática junto a decenas de líderes mundiales. Se trata de un compromiso para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero así como para aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades, la infraestructura y los sectores productivos al año 2030, lo que confirma nuestra firme decisión de lograr una transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible.
Hace falta una nueva conciencia. El cambio climático no es un concepto abstracto. Es un hecho concreto que se traduce en la reducción del caudal de agua en la cuenca del Paraná, en las pérdidas de producción agropecuaria o en el récord de temperatura de 18 °C en la Antártida. Es algo que se evidencia en las sequías pronunciadas en diferentes regiones del país, en el aumento de los incendios forestales y de pastizales, en los procesos de desertificación de los suelos, en el incremento de los eventos climáticos pronunciados y en la aparición de enfermedades zoonóticas que tienen vínculo con la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, entre otras señales de agotamiento de un modelo de desarrollo que descarta personas y bienes.
Para cuidar nuestra casa común y proteger a nuestro pueblo, no podemos hacernos los distraídos frente al cambio climático o desconocer que sus consecuencias requieren acciones concretas por parte del Estado. Por eso nuestra contribución incluye ejes de implementación, como la promoción de la transición energética, el transporte sostenible, la preservación de ecosistemas (bosques, humedales, océanos, etc), la transformación productiva sostenible (en agricultura, ganadería e industria) y la mejora en la gestión integral de residuos.
Asimismo, para adaptarnos a los nuevos escenarios climáticos, se plantea fortalecer la sensibilización, la construcción de capacidades y la implementación de medidas de reducción de vulnerabilidad en las comunidades, la infraestructura y los sistemas productivos.
La meta consiste en no exceder las 358,8 megatoneladas de gases de efecto invernadero al año 2030, lo que significa reducir las emisiones en un 25.7 % respecto a la contribución previa. Honrar este compromiso será un desafío importante que demandará la construcción colectiva de una visión de largo plazo de país orientada al bien común.
Nuestro compromiso es el resultado del acuerdo técnico y político con todas las áreas de la Administración Pública Nacional, la sociedad civil y las provincias. En la misma dirección, Argentina va a elaborar una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo al 2050 que asegure la carbono neutralidad (un balance entre las emisiones y la absorción de gases de efecto invernadero) y trabajará en la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, dentro del ámbito del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el cual identificará los lineamientos y medidas concretas a llevar adelante.
La Tierra nos dice basta, por lo que necesitamos repensar el modo en que estamos haciendo las cosas. Solo el diálogo fraterno nos permitirá asegurar una transición justa que permita integrar al ambiente en el desarrollo, asegurando que nadie se quede atrás.
Este desafío que asumimos requiere que modifiquemos nuestros estilos de vida, que adoptemos prácticas de producción y consumo sostenible, que redefinamos nuestros lazos con la naturaleza entendiendo que somos parte de ella y que innovemos para reconstruir mejor a nuestro país.
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