Un informe revela que con el Protocolo ILE el Gobierno ya habilitó el aborto: ¿para qué quiere la ley?

En respuesta a sendos pedidos de informes, tanto el gobierno bonaerense como el porteño brindaron datos reveladores sobre la aplicación del protocolo ILE en el primer semestre de 2020: el aborto está no sólo legalizado de hecho sino promovido por las políticas oficiales.

Con causales como la violación sin que medie denuncia y otras tan ambiguas como la “salud integral” se practican abortos en centros de atención primaria de salud y en hospitales al amparo, del Protocolo cuya publicación fue la primera medida tomada por el ministro Ginés González García tres días después de asumir, el 13 de diciembre de 2019.

¿Para qué la legalización? Quieren obligar a todos los hospitales y clínicas, a todo el sistema de salud, a disponer de espacio, recursos materiales y humanos y tiempo para brindar ese servicio en forma gratuita -es decir a costa de todos- esencialmente a la clase media que es la que lo reclama.

Para Axel Kicillof fue la prioridad de prioridades: apenas asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires, creó una dirección específica para el tema, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva (DSSR), gesto revelador del lugar que le quería dar en su gestión a la llamada ILE y más en general al control de la natalidad.

En enero 2020, adhirió al Protocolo de Nación “para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”. Con el mismo impulso, hizo dos compras de la droga abortiva Misoprostol: 80.000 comprimidos a fines de abril por un valor de 15 millones de pesos, y 112.080 comprimidos en agosto por algo más de 24,6 millones.

Entre enero y junio de 2020 se practicó un total de 5.028 abortos en la provincia de Buenos Aires, de los cuales, dice el informe del ministerio de Salud bonaerense, “el 57% se realizó en el primer nivel de atención”, es decir mayormente en los CAPS, Centros de Atención Primaria de Salud; y el resto en el segundo nivel, o sea, en hospitales.

Esta información se brindó en respuesta a un pedido de informes presentado por la licenciada Mónica del Río, que se dedica desde hace años a seguir las estadísticas referidas a esta temática y publica sus análisis en el portal Notivida.

Un dato llamativo es que 17% de los abortos realizados entre enero y junio de este año se practicaron después del primer trimestre de gestación, es decir, a partir de la semana 13.

El 97% se hizo por “causal salud integral” y el 3% por violación, informa el gobierno.

Basta ver cómo define la causal salud integral el Protocolo de la ILE, para comprender que es el subterfugio para colar el aborto por cualquier causa: “La causal salud incluye el peligro para la salud y el peligro para la vida (...) ... entendemos a la salud como ‘un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’ (OMS, 2006)”. Entonces, si hay “riesgo de afectación al bienestar físico, mental o social”, debe entenderse “que la interrupción del embarazo basada en esta causal es legalmente factible cuando cualquiera de estas dimensiones de la salud está en riesgo”.

Físico, mental o social. Además de lo ambiguo de lo “físico” y lo “mental”, el mensaje subliminal del último calificativo: el aborto es la alternativa para la mujer pobre. Eugenesia social.

El informe es significativo por sus cifras, pero también y sobre todo por el espíritu y la intención que revela: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su actual gestión, ha tomado la decisión de poner en agenda y priorizar la atención de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) como un componente integral de la política sanitaria”.

“La priorización de esta línea de acción, aun en el contexto de la pandemia por COVID-19, intenta responder a una urgencia”, agregan.

Un apartado del informe se titula “Generando condiciones materiales y simbólicas para el acceso”. Lo simbólico alude al mensaje que se quiere dar, que claramente no pasa por disuadir a la mujer de abortar sino todo lo contrario.

Si hay complicaciones, o el embarazo supera el primer trimestre, ya no alcanza con la salita. Por eso, hubo que contratar a “un especialista en tocoginecología”, que entre marzo y junio capacitó en AMEU a personal de varios hospitales. AMEU significa aspiración manual endouterina, método que consiste en “dilatar cuello de útero para introducir en él una cánula flexible y aspirar al feto con una jeringa”.

“También realizamos en cooperación con IPAS un seminario dirigido a equipos que vienen realizando interrupciones de segundo trimestre. A lo largo de 6 encuentros virtuales se abordaron las complejidades y desafíos que representa la interrupción del embarazo en gestas avanzadas. El seminario contó con la participación de invitades (sic) internacionales”. IPAS es una ONG estadounidense que trabaja en 17 países para expandir el acceso al aborto seguro” y cuyo lema es “Toward a Sustainable Abortion Ecosystem”

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, comunicó que “la cantidad de Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) del primer semestre del año 2020 fue 3997”. En cuanto a las causales, la proporción es similar a la de la provincia: 3708 fueron por “salud”, 202 por “riesgo de vida”, 284 por “violación” y 42 “por incompatibilidad con vida extrauterina”.

De estos abortos, 3484 fueron realizados hasta la 12a semana de gestación, 455 desde la semana 13 en adelante y sobre 58 no hay información.

“Nadie quiere el aborto”

Los voceros del Gobierno para la defensa del proyecto de legalización del aborto repiten que “nadie promueve el aborto”, “nadie obligará a nadie a abortar” o “nadie está a favor del aborto”, y en los mismos fundamentos de la ley propuesta dicen que “cada persona podrá seguir pensando y decidiendo conforme a sus convicciones como lo hace hoy”.

No es cierto. En primer lugar porque se obliga a profesionales y establecimientos a practicar abortos. Dirán que el proyecto contempla la objeción de conciencia. Sí, pero implica una discriminación: el médico que no quiera practicar abortos debe anotarse en un registro. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser el profesional que está dispuesto a violar su juramento hipocrático -o que lo ha olvidado como el último ministro de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein- el que se anote en el registro?

Por otra parte, la ley no contempla la objeción de conciencia institucional. Es decir, se desconoce que muchas clínicas y hospitales -algunos emblemáticos como la Mater Dei o el Austral- tienen un ideario contrario a la eliminación de una vida en el seno materno.

Tampoco es cierto que no se promueve el aborto. Desde el anterior rechazo a la legalización, en agosto de 2018, las ong por aborto, al amparo de funcionarios conniventes, tanto a nivel nacional como en muchos distritos, desataron una campaña para propagandizar y forzar abortos en los más avanzados estados de gestación, al amparo de los protocolos de ILE que, por ejemplo, no fijan límite alguno temporal para el aborto en caso de violación; a denunciar e intimidar a los médicos reticentes a practicarlos; a propagandizar abiertamente los métodos abortivos y a invadir con el reclamo verde toda tribuna pública disponible.

Es llamativo por ejemplo el contraste entre la línea 0800-SALUD-SEXUAL (léase ILE), cuyas virtudes pregonan, con la reacción furibunda contra la línea 0800 “Pro-Vida”, de asistencia a embarazadas en situación de vulnerabilidad, con la cual el Estado había firmado un convenio en marzo de 2019, y a la que luego, por presión de los grupos abortistas, quiso obligar a incluir información sobre la ILE, con lo cual el convenio quedó sin efecto.

Si es cierto que no se preconiza el aborto, que nadie quiere el aborto, ¿qué problema hay en poner ambas opciones a disposición de las mujeres?

En la maternidad del hospital Piñero, hubo que tapiar un mural que representaba un niño a punto de nacer porque la furia antinatalista lo denunció como “violencia simbólica” hacia las mujeres que iban a abortar allí al amparo del Protocolo. Pero nadie quiere el aborto.

Todo el tono del orgulloso informe de la DSSR bonaerense es antivida. Para la gestión Kicillof, el embarazo es un problema de salud, el más urgente y grave a combatir. Más grave que el coronavirus, por eso ni la pandemia frenó el proselitismo ILE. Tampoco la más grave crisis social del país, ni la pobreza superando el 40 por ciento.

La política anti-natalista emerge triunfante de todos estos obstáculos.

Dicho esto, surge la pregunta: ¿por qué además de todo esto quieren legalizar el aborto? Con el laxo Protocolo ILE que ya han instalado en casi todos los distritos, basta y sobra.

Pero no. Quieren tensionar el sistema, quieren que esté al servicio -con sus recursos materiales y profesionales- de un reclamo de sectores medios y acomodados que por otra parte nada tiene que ver con la salud.

Además, al revés de lo que declaman, quieren que haya abortos. No quieren dudas en ninguna mujer. Que nadie las ayude a evitarlo, que nadie las convenza de seguir adelante con su embarazo. Ellos ya claudicaron. Ahora quieren la claudicación del país.

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