Seguridad: demagogia violenta o un Estado responsable

Con estas líneas me propongo volver a explicitar las ideas sobre las cuales se asienta el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación. No escribo como científica social sentada detrás de un escritorio: nunca lo hice. Lo hago desde el lugar de alguien que convivió, conversó y experimentó la vida cotidiana de policías y fuerzas de seguridad federales por más de 15 años.

Desde que asumí al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación hemos estado en el centro de distintas polémicas. No pretendo eludir las críticas que puedan hacerse a nuestra gestión, puesto que de eso se trata la democracia. Sin embargo, me interesa subrayar algunas cuestiones que hacen al posicionamiento y la perspectiva sobre la seguridad que encarnamos como parte de un proyecto nacional, es, emancipador y democrático.

En primer lugar, es necesario subrayar que nuestra gestión, como ordena la Constitución Nacional y como nos ha indicado el presidente de la nación, Alberto Fernández, tiene un carácter netamente federal. De hecho, en 2020 hicimos 8 reuniones del Consejo de Seguridad Interior. Estas reuniones son cruciales para definir políticas articuladas entre las acciones de las Fuerzas de Seguridad Federales y las de las jurisdicciones. Desde esa instancia hemos promovido políticas de formación y reentrenamiento; políticas contra la violencia institucional; asistencia ante delitos jurisdiccionales que han solicitado nuestra colaboración; hemos expandido la red de comunicaciones entre las fuerzas de seguridad locales; hemos logrado la resolución de conflictos interprovinciales; hemos asesorado y asistido a los distritos que han requerido nuestra ayuda ante el Covid-19; hemos articulado despliegues de fuerzas para enfrentar el delito; hemos reconstruido los puentes entre nación y provincias que se habían destruido antes de nuestra llegada; hemos desplegado tareas de investigación que han logrado incautaciones de drogas ilegales en lugares estratégicos del país que han superado con creces los registros anteriores; hemos brindado respuestas tecnológicas y de trabajadoras y trabajadores de las fuerzas para mejorar las investigaciones criminales; hemos consolidado la unificación estadística de los sistemas de información criminal en el país. En fin, le hemos devuelto al país una concepción y una gestión federal de la seguridad. Y lo hemos hecho de manera mancomunada con las 24 jurisdicciones que conforman la República Argentina. La complejidad del delito actual requiere de ese tipo de decisiones. Sin arbitrariedades. Sin discrecionalidades. Y así lo han reconocido las conducciones políticas de las gestiones provinciales.

Por otro lado, una de las problemáticas más acuciantes de Argentina y de gran parte del mundo es la asimilación de la noción de “seguridad” con “represión” o “seguridad” con “violencia”. Esa identificación elimina cualquier otra práctica de seguridad que pueda producir soluciones pacíficas y duraderas. Hay quienes, aun en el espacio progresista, creen honestamente que la doctrina de la “mano dura” resulta aleccionadora y reduce el delito. Sin embargo, no sólo se engañan ante la evidencia, sino que terminan promoviendo un retroceso institucional que horada la democracia e incrementa las conflictividades que suponen las relaciones sociales. El efecto de la represión indiscriminada o de la violencia como acción fundante de la seguridad no ha sido exitoso en ninguna parte del globo y, menos aún, en nuestro país. Soy partidaria de la construcción de una seguridad capaz de evitar, hasta la última instancia, la violencia que se nos suele reclamar. La represión suele ser con frecuencia una demostración del fracaso de las instancias democráticas para la reducción del conflicto y del delito.

Estamos convencidos de que las fuerzas de seguridad deben ejercer la acción represiva como su último recurso, cuando se han agotado las instancias de negociación, persuasión, prevención y mitigación del delito y la violencia. Evitar una innecesaria intervención desde el monopolio de la violencia nos impulsa a buscar y generar vías alternativas de resolución de conflictos. Por el contrario, con el abuso del instrumento represivo o “punitivismo demagógico” muchísimas personas han perdido la vida, han quedado heridas, han sido lastimadas de manera completamente arbitraria y, para peor, sin otro objeto que una obscena exhibición de poder ante las cámaras y los micrófonos.

Esa amalgama entre “seguridad, represión y violencia” parece derivar del prejuicio, el racismo y la criminalización. Todavía me resulta incomprensible que el señalamiento mediático o de sentido común de personas como delincuentes por su vestimenta -entre otros supuestos atributos- sin que pese sobre ellos condena judicial alguna, sea condición suficiente para reclamar su exclusión del espacio público. Hay aquí un problema enorme que tiene que ver con la intolerancia, la espectacularización de la seguridad y de la política. Está claro que no adhiero a esa forma de ejercicio de las políticas de seguridad. Como funcionaria pública asumo la responsabilidad de atemperar la xenofobia, la aversión a los vulnerados y la intolerancia. No creo que la exhibición de la detención arbitraria de un joven morocho -con gorrita- ante una cámara sea asumir la responsabilidad que atañe a la conducción de 90.000 personas que diariamente trabajan por el cuidado de la sociedad.

También cabe destacar que los reclamos que muchas veces nos plantean no son siquiera competencia de las Fuerzas y de Seguridad Federales a mi cargo: me dependen las cuatro fuerzas de seguridad federales: la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina. Éstas se despliegan en todo el país y se hacen cargo de los delitos federales. Es decir, no tienen competencia en las jurisdicciones locales, salvo en cuestiones de refuerzos y apoyo.

Las Fuerzas Federales deben dedicarse a investigar, prevenir, proteger y reprimir delitos de otra magnitud. Como ejemplo de su trabajo podemos pensar el cuidado de los recursos marítimos, la desarticulación de grandes bandas criminales, de las redes de trata de personas o el desarrollo de las investigaciones a largo plazo sobre delito complejo como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas o los delitos ambientales.

Defender, proteger y cuidar a la sociedad significa construir relaciones de seguridad en la que las fuerzas federales de seguridad puedan desarrollar su trabajo con el mayor profesionalismo para actuar contra el delito. De hecho, cuando llegamos al Ministerio de Seguridad de la Nación, el abandono que se había producido a lo largo de los años sobre las y los miembros de las fuerzas de seguridad era pasmoso. No sólo en materia del equipamiento profesional que hace a la propia protección de quienes ejercen el trabajo de garantizar la seguridad, sino también en relación con derechos sociales y de bienestar en tanto trabajadores y trabajadoras.

Afrontamos el delito desde esa matriz: creemos que la labor preventiva y la profesionalización de las fuerzas pueden mitigar los escenarios de represión indiscriminada y espectacularizada que tanto atraen a locuaces visitadoras semanales de los medios de comunicación.

Finalmente, me interesa señalar que no desvío responsabilidades. Las consecuencias culturales del modelo de equiparación de seguridad, represión y violencia han puesto a la represión estatal como el modelo de gestión de la desigualdad social. Y han olvidado que la tarea de las Fuerzas y de Seguridad Federales es la de ser auxiliares de la Justicia. Dicha tarea implica actuar bajo las indicaciones del Poder Judicial. Este olvido de lo que indica la Constitución Nacional produce una inversión de la razón de ser de las fuerzas de seguridad en una democracia, en una institucionalidad que respete el ordenamiento republicano y federal del país.

Reclamarle a esta gestión que muestre su eficacia realizando espectáculos es desconocer lo que votó la mayoría de la población en octubre de 2019. Nuestro proyecto transformador requiere de fuerzas de seguridad profesionales, preventivas, eficaces y, sobre todo, garantes del cuidado de todas y todos. Desde ya que eso implica trabajar contra el delito, pero también significa mitigar la violencia y la vulneración de las leyes.

Las Fuerzas y de Seguridad Federales han ejercido un papel crucial ante el Covid-19, vacunando, asistiendo, distribuyendo alimentos y previniendo y actuando contra los delitos. Incluso, trabajando contra la violencia institucional y los excesos de las propias fuerzas, problemática que preexiste a nuestro gobierno y que, a diferencia de otros, ya no son aceptados ni ocultados.

Sabemos que resta muchísimo por hacer. Y lo que nos falta por hacer va en camino contrario a lo que nos reclaman las y los que han degradado a las fuerzas federales de seguridad. Reivindico nuestra gestión puesto que su norte es el de una seguridad democrática, rigurosa, federal, nacional y popular. Lejos de la demagogia punitiva altisonante y lejos de las operaciones políticas que buscan implantar el miedo y la violencia como única forma de relación social y autoridad del Estado.

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