Que el pañuelo verde se convierta en ley

Según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en el mundo 25 millones de abortos inseguros. Eso supone que casi la mitad de los abortos que se realizan se llevan a cabo en condiciones que no garantizan la seguridad de las mujeres y que utilizan técnicas invasivas para sus cuerpos como la ingesta de sustancias corrosivas o la inserción de objetos extraños.

La mayoría de estos abortos inseguros se producen en Latinoamérica, África y Asia, aunque la deriva antidemocrática y antifeminista de algunos gobiernos europeos como el polaco muestren que puede haber retrocesos rápidos en derechos ya conseguidos cuando éstos se refieren al cuerpo de las mujeres. Pero no nos equivoquemos, la realidad es muy distinta en función de la parte del mundo en la que vivamos o del nivel de renta que poseamos, ya que las mujeres con rentas elevadas pueden escapar de regulaciones restrictivas en sus respectivos países. En Latinoamérica, sólo el 5% de la población femenina entre 15 y 44 años vive en países cuyas leyes aseguran el acceso al aborto seguro.

La mayoría de las mujeres latinoamericanas viven en países que ponen en riesgo sus vidas cuando quieren acceder al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana y Surinam, el procedimiento está prohibido en todas las circunstancias. Existen otros países cuyas regulaciones no son tan restrictivas, pero que aplican un estricto control de facto. Un macabro ejemplo de ello es Paraguay, donde la interrupción del embarazo es legal cuando la vida de la mujer está amenazada, pero de hecho el supuesto no se cumple, como pudimos ver en el caso de la niña de 10 años a la que el Gobierno negó el aborto en 2016 y que dio la vuelta al mundo.

En Argentina existe desde 1921 una ley de supuestos según la cual todas las mujeres tienen derecho a interrumpir de manera legal su embarazo si éste representa un riesgo para su vida o su salud, o si es producto de una violación. Pero la realidad demuestra que esa ley es insuficiente para garantizar la vida de las mujeres. Las condiciones propias de la clandestinidad a la que esta ley las empuja derivan en la muerte de cientos de mujeres jóvenes y pobres cada año: un verdadero femicidio estatal del cual son cómplices las principales fuerzas políticas, que negaron este derecho a lo largo de la historia y que votaron contra el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA) en 2018.

La alta incidencia del aborto inseguro en Latinoamérica y Caribe se debe a que allí se concentra una serie de factores, entre los que cabe destacar una educación sexual y reproductiva deficiente, un complicado acceso a métodos anticonceptivos, una amplia desigualdad de género, o recursos insuficientes para garantizar la asistencia médica a la población. A esto se suma que, en muchas ocasiones, las personas que realizan los abortos no tienen la formación adecuada o que éstos se llevan a cabo clandestinamente, en entornos sin las garantías médicas o higiénicas necesarias. Lo cual nos remite a una de las principales causas de este drama: el predominio de legislaciones muy restrictivas sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Porque, contrariamente a lo que nos dicen las personas que defienden estas regulaciones, ya sea desde los púlpitos, los escaños, las aulas, los tribunales o los platós de televisión, con ellas no se previenen los abortos. Muy al contrario, en los países donde las restricciones son mayores el porcentaje de abortos es mayor que en aquéllos cuyas leyes son más respetuosas con las mujeres y que dedican recursos a la educación sexual y reproductiva. Además, en los países más represivos los abortos se realizan en condiciones más inseguras, sobre todo para las mujeres de estratos más pobres y con menor acceso a la educación y la planificación reproductiva, o a una atención médica adecuada.

La prohibición de abortar nunca ha detenido los abortos. A lo largo de la Historia siempre ha habido mujeres que se han visto incapaces de llevar adelante un embarazo, ya fuera por motivos económicos, relativos a la honra, o porque el embarazo fuera fruto de una violación o de un abuso, cometido a veces durante la niñez o la adolescencia. Siempre ha habido mujeres que han tenido que poner en riesgo sus vidas para poder continuar viviendo, por eso tenemos que legislar para que las interrupciones del embarazo se hagan con seguridad. La ingesta de hierbas, en muchos casos venenosas, o la introducción de objetos como varillas de paraguas han sido prácticas normales durante siglos, pero tremendamente inseguras para las mujeres, especialmente para aquéllas sin posibilidad de recibir, como las mujeres de clase media y alta, una atención médica adecuada, aunque fuera más allá de las fronteras de su propio país.

Mirar para otra parte ha sido la práctica habitual de las élites cuando las afectadas pertenecían a su grupo, también en Argentina. Pero no podemos seguir consintiendo esa hipocresía, esa desigualdad y el poner en riesgo las vidas de tantas mujeres. Ya es hora de que esto acabe. Bajo el grito de “Aborto legal para no morir”, las masivas movilizaciones que acompañaron a la presentación del proyecto y la campaña del año pasado confirmaron el apoyo con el que cuenta el reclamo. Dieron la vuelta al mundo y llegaron incluso al Parlamento Europeo, donde un grupo de diputadas socialistas recibimos a sus representantes y conseguimos que sus argumentos se expusieran ante la Comisión de Igualdad del Parlamento a principios de este año.

Por ello es urgente la aprobación de la ley que debate estos días, por segunda vez, el Congreso de la Nación argentino. Si finalmente se logra, esto supondrá un paso de gigante y, como ya ocurriera con la Ley de Matrimonio Igualitario, es probable que se extienda al ordenamiento jurídico de los países vecinos.

No basta con que, como han hecho Chile y otros países, se amplíen los supuestos bajo los cuales el procedimiento es legal. Las mujeres que viven en Argentina, liderando una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos y apoyadas por gran parte de la comunidad internacional, exigen una aprobación inmediata y el desarrollo de una verdadera ley de educación sexual y reproductiva, que incluya el derecho al aborto como último recurso y se centre especialmente en prevenirlo mediante la educación y la anticoncepción.

Mónica Silvana González es Eurodiputada del Grupo S&D (La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas). Sria de Movimientos Sociales y Diversidad Ejecutiva Federal PSOE. Diplomada en turismo UNNE (Universidad del Nordeste Argentina), activista por la inclusión de la diversidad.

Lina Gálvez es Eurodiputada S&D (La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas). Doctora por el Instituto Universitario Europeo y Catedrática de Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

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