Sería una simplificación decir que sólo estamos en presencia de funcionarios que no funcionan, sino ya de todo un Gobierno que no gobierna, empezando por su Presidente, que no asume su responsabilidad, ya que los problemas, en lugar de resolverlos, los posterga o patea para adelante, desconoce sus errores o se los imputa a sus adversarios.
Un Gobierno que asumió hace casi doce meses y no tiene plan de casi nada. No tiene plan económico y su Presidente se jacta de ello, dejando atónitos a inversores locales y extranjeros que esperan señales en momentos de tempestad. No tuvo, ni aún tiene plan sanitario, su única respuesta pero fallida fue la cuarentena boba y eterna, y hoy, ante el estrepitoso fracaso sanitario y las desastrosas consecuencias económicas, se aferra a la vacuna como única salida.
El plan que sí aparece con nitidez es el avance contra el Poder Judicial, que no ha detenido su marcha desde el inicio de la gestión. Sin pausa y sin reparar en la pandemia, impulsan una reforma judicial, para nombrar 23 jueces por la ventana; removieron a jueces que los incomodaban e investigaban; y ahora intentan modificar la ley de Ministerio Público para designar un Procurador a medida de las necesidades de la Vicepresidente y, de ese modo, condicionar bajo la amenaza de remoción, a todos los Fiscales de la Nación.
En este contexto, muere Diego Maradona, ídolo indiscutido e incomparable, hacedor de alegrías -con la camiseta de la selección- para un pueblo que se encuentra carente de ellas, jugador inigualable, magnánimo dentro del campo de juego y también polémico fuera de él. Sin dudas, su temprana partida necesitaba y merecía la despedida de una patria futbolera que le rindiera honores y tributos a su máximo exponente. Nadie puede discutirlo.
Sí son discutibles y arbitrarias, ante la contradicción, otras decisiones tomadas por el Gobierno, supuestamente amparadas en el cuidado de la salud por la amenaza de la pandemia. De este modo, queda al descubierto que muchas de las medidas que fueron dispuestas desde el 20 de marzo tenían que ver con atropellos autoritarios, tanto del Gobierno Nacional como de algunos Gobiernos provinciales, que utilizaron la pandemia para concentrar poder, restringir derechos y escapar a los controles institucionales.
¿Por qué miles de argentinos se vieron privados de despedir a sus seres queridos, hijos sin poder dar el último adiós a sus padres, familias impedidas de acompañarse en el dolor? ¿Cuántas Solange en el país padecieron esas decisiones sin poder abrazarse a sus padres?
¿Por qué aún siguen 7500 formoseños varados en el límite de su provincia sin poder ingresar desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio? El motivo para que aún se mantenga esa decisión, no es más que el capricho de un gobernador que hace piquetes en rutas nacionales con la anuencia de un Gobierno Nacional que no restablece la libre circulación en ellas.
¿Por qué hemos sido testigos diariamente de la indolencia, la falta de empatía, la ausencia de sensibilidad de las autoridades locales o nacionales que llevaron a situaciones aberrantes como las de Abigail, donde un padre se vio obligado a alzar en brazos a su hija para cruzar a su provincia después de recibir asistencia médica por su enfermedad?
¿Por qué Mauro Lescano murió ahogado tras su intento de entrar a nado a su provincia ante la infranqueable prohibición ilegal de ingresar a Formosa por parte de su Gobernador?
¿Por qué miles de chicos en todo el país no retornaron a las escuelas y en muchos casos se vieron impedidos de recibir educación, lesionando el más valioso capital social que como Estado podemos legar a las futuras generaciones a través de la transferencia de conocimiento?
¿Por qué el Congreso de la Nación, órgano de control por antonomasia del Poder Ejecutivo, aún no reasume la presencialidad en sus debates, cuando la mayoría de las actividades retomaron su funcionamiento habitual con cuidados y protocolos, con ejemplos emblemáticos como el de los casinos?
Porque cuando nos gobierna la excepción, la línea entre lo permitido y prohibido no lo define la ley o la Constitución, sino la arbitrariedad del gobernante. Los límites que se cruzan, son derechos que se vulneran, son personas que sufren y en lugar de encontrar respuestas del Estado, encuentran a su verdugo o su silencio.
El jueves fue un día de luto y tristeza para el pueblo argentino, que vivió en simultáneo, la tragedia de la despedida de Diego y la farsa del Gobierno Nacional, que intentó hacer un aprovechamiento político de ello y que ante el desborde y el caos, acudió a la muletilla que viene usando para justificar su desafortunado manejo de la pandemia, diciendo que si no lo hubiese organizado, hubiese sido peor. Utilizan la teoría del mal menor, aunque por sus resultados parecería que hacen lo opuesto.
Nada pudo salir peor, ni en manejo de la pandemia, con miles de muertos y millones de contagios que nos han colocado entre los países más afectados por ella, ni el funeral (des)organizado por el Gobierno, con el evidente riesgo epidemiológico, la toma de Casa de Rosada por barrabravas, los disturbios en las inmediaciones y un Presidente desparramando culpas hasta para los deudos.
Estamos en presencia de un Gobierno que día a día se ahoga, hundido en sus propias contradicciones y las necesidades de impunidad. Ya se sabe el final y bien lo anticipa con sabiduría el General San Martín: “quien se ahoga no repara en lo que se agarra”.
La pandemia nunca debió transformarse en la excusa perfecta para violar la Constitución, sino para reafirmar su vigencia. Es imperioso abandonar el “Estado de Excepción” y restablecer la plena vigencia del Estado de Derecho. Todo el poder a nuestros gobernantes para combatir la pandemia dentro de la Constitución, nada fuera de ella, porque, parafraseando a Diego, la Constitución no se mancha.