Qué hay detrás del debate en torno a la confianza en el gobierno de Alberto Fernández

La ciencia política moderna surge con el interrogante de cómo un gobernante puede dominar la fortuna, o dicho en otros términos, aquellos acontecimientos que no controla. En este equilibrio entre aquello que controla, su propio accionar, y aquello que no controla, se encuentra la clave para permanecer en el tiempo.

A casi un año de gobierno del Frente de Todos y casi ocho meses de ASPO puede identificarse en la agenda pública un debate sobre el balance de esta experiencia, balance que se expresa en cómo se interpreta la confianza que la sociedad tiene en el Gobierno para sortear la crisis económica y sanitaria. En el debate sobre la agenda pública intervienen tanto analistas políticos como periodistas, así como miembros del gobierno, de los partidos de la oposición y representantes de los distintos sectores sociales.

La situación actual del gobierno de Alberto Fernández está enmarcada en dos presiones contradictorias de una realidad que no controla: mientras el poder económico le pide ajuste del gasto público y concesiones a sus intereses, el poder mediático -que es parte del primero pero que tiene su propia lógica- intenta desgastarlo acusándolo precisamente de ajustador en un contexto de crecimiento de la vulnerabilidad de la población por los efectos de la pandemia.

Mientras la presión de estos poderes sucede, el Gobierno no puede desatender lo que le pasa a los ciudadanos de a pie. Aunque buena parte de los sindicatos y los movimientos sociales lo apoyan y lo ayudan a canalizar el malestar social (como ellos mismos se lo han expresado públicamente), estos no son suficientes para mantener el apoyo y la legitimidad que el Gobierno cosechó durante las elecciones y el inicio del ASPO entre heterogéneos sectores de la sociedad. De esta manera, para el Gobierno el desafío es establecer un vínculo de confianza con su base electoral mientras enfrenta las tensiones de los actores económicos y mediáticos.

En las últimas semanas hubo dos hechos positivos para el Gobierno. El anuncio de la compra de vacunas contra el covid-19 y la contención a la presión sobre el tipo de cambio. Sin embargo, como sucedió con el acuerdo de la deuda con los bonistas privados, este tipo de logros tienen un efecto de corto alcance porque no se materializan en mejoras concretas en la vida cotidiana, y por lo tanto la discusión respecto a la confianza continua.

En el plano de la opinión pública el diagnóstico sobre la situación coyuntural del Gobierno no es lineal. En un estudio que realizamos desde Circuitos Consultora en la provincia de Buenos Aires, observamos que, en el marco de un contexto complicado por la crisis sanitaria y económica, el 54,5% de los entrevistados califica como negativa la situación del país al mismo tiempo que el 47,9% opina que la crisis del coronavirus lo afecta mucho en términos económicos. También podemos señalar dos indicadores más de este clima de época sombrío: el 49,5% considera de manera pesimista su futuro económico y el 48,3% piensa que el Gobierno no puede resolver los problemas económicos.

Sin embargo, estas percepciones negativas que indican una pérdida de confianza no tienen un correlato directo en la dimensión electoral. Es allí donde el Frente de Todos sigue liderando las preferencias electorales en la provincia de Buenos Aires con el 35,3%, seguido por Juntos por el Cambio con el 27,1% y sin ningún crecimiento significativo del resto de la oferta electoral. En el mismo sentido, el Frente de Todos es la fuerza política que hoy retiene más a sus electores respecto a cómo se comportaron electoralmente en 2019. Es decir que no hay un traslado automático de la percepción negativa sobre la situación hacia una alternativa que genere más confianza.

El gobierno del presidente Alberto Fernández debe generar confianza en los votantes en un contexto de puja de intereses, y esto implica determinar los grados de acercamiento con distintos sectores económicos y sociales. La necesidad de resolver la “sustentabilidad” fiscal y el crecimiento económico parece implicar reactualizar un vínculo con los sectores económicos concentrados que, en su heterogeneidad (grupos económicos, capitales especulativos, acreedores de deuda, medios de comunicación), presentan muchas veces intereses y prácticas contradictorias. Al mismo tiempo, debe preservar y ampliar un vínculo más duradero con la ciudadanía. Esa agenda se articula alrededor de temas sensibles (como la fórmula de movilidad jubilatoria, la continuidad del IFE o la evolución de los salarios), agenda que implica generar las condiciones para controlar la inflación y generar una economía en recuperación.

En fin, el Gobierno debe encontrar los pilares de una política de apoyos que le permitan ampliar el margen de control sobre la fortuna que le ha tocado en suerte.

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