Hay complejidad y desorientación en el mundo. Hay, también, una grieta profundísima en distintos países (la más grande es la de Estados Unidos) y un descenso peligroso en la producción en el planeta. Mientras tanto, Argentina navega a la deriva.
Se viene la segunda y la tercera ola del covid-19, en algunos casos con mutaciones, pero que se sepa no se han creado nuevos frenos para paralizar su difusión en nuestro país. Los laboratorios compiten para lograr el primer puesto en la lucha. La Casa Rosada creó condiciones de compra de millones de vacunas en centros de investigación (por lo menos en tres o en cuatro de ellos), pero no lo hizo con la firma Moderna, de EEUU, que parece haber cumplido casi toda las fases para que sea eficaz. ¿Alcanzará la producción de Moderna para cubrir los requerimientos argentinos, sin abastecer, en primer lugar, a los ciudadanos norteamericanos?
De todas maneras, no se ve en la cotidianidad del país una preocupación especial por conseguir la vacuna. Sería mejor que las autoridades sanitarias se apuren porque hace rato que llegan aviones a Ezeiza provenientes de Europa y Estados Unidos cuyos pasajeros son posibles focos de infección global.
En el ámbito de la economía repercuten la ausencia de diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández, la discusión caliente sobre el impuesto a la riqueza adentro y afuera del Parlamento y, por sobre todas las cosas, la aplicación de medidas que han sugerido un “ajuste hasta el hueso”, como definía un ministro chileno durante la dictadura de Pinochet.
En poco tiempo más se pondrá fin al IFE (el Ingreso Familiar de Emergencia) y se discontinúa el programa ATP de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. También figuran en el tablero oficial las modificaciones al régimen jubilatorio, que seguramente despierten un muy serio malestar. Los movimientos sociales ponen el grito en el cielo. Exigen que le paguen sin descuentos a los más necesitados. Así, en estos días, las manifestaciones en el centro de la ciudad llevan como bandera que el Estado reduzca gastos en otras áreas, pero no en la subsistencia de millones que por falta de trabajo o por otro centenar de cuestiones se quedaron a la vera del camino. Para no ser indigente una familia necesita casi 26.000 pesos mensuales, según datos oficiales.
En otros escalones más arriba, en el segundo trimestre de este año de aislamiento social las suspensiones de actividades impidieron que tres millones y medio de personas no pudieran trabajar: gastronomía, construcción y esparcimiento, entre tantos.
La Casa Rosada creó condiciones de compra de millones de vacunas en centros de investigación (por lo menos en tres o en cuatro de ellos), pero no lo hizo con la firma Modern, que parece haber cumplido casi toda las fases para que sea eficaz
El empleo cayó un 20 por ciento. Y se desplomó el trabajo informal a lo largo de la peste o el distanciamiento social. No hubo un problema de oferta sino de demanda por el deterioro del poder adquisitivo más la contracción del trabajo.
El impuesto a la riqueza (que lleva las firmas de Máximo Kirchner y del banquero Carlos Heller) se ha erigido sobre masivas protestas y generó una grieta más profunda entre los distintos oficialismos y la oposición. Instituciones que congregan a importantes empresarios lo definen como una confiscación. Los productores y la misma Unión Industrial confirman que ese gravamen descapitaliza a empresas que trabajan con la máxima dotación de personal. Casi todo el espectro que representa al agro lo rechazó. Informan que desde hace tres o cuatro años hay 41.000 firmas que han cerrado y 300.000 empleados en la calle. Las agrupaciones empresarias ven al impuesto como una caída precipitada al abismo.
El mundo no brinda préstamos a la Argentina, experta en defaults y en otros incumplimientos, salvo algunas insinuaciones del Banco Mundial. Argentina está en un brete. El FMI intenta conciliar con las autoridades para que el país devuelva lo que se le debe por el monumental préstamo que le hiciera al gobierno de Mauricio Macri. Y al mismo tiempo el Ministerio de Economía le pide ayuda de todo tipo para salir de la encrucijada y devolver lo que corresponda a partir del 2025. Como es costumbre en la Argentina, que está plena de discursos políticos y de odio al FMI, le tiran a cualquier gobierno futuro la carga de la deuda.
Como se sabe, el Frente de Todos está fracturado y eso impide presentar al FMI un planteo único salvador. Las críticas se basan en las historias de los efectos que producen las recetas ortodoxas y que tanto daño han producido en el pasado. El presidente Fernández y un grupo de senadores peronistas están tirando al suelo con sus declaraciones el diálogo con ese poderoso acreedor. Los senadores “intimaron” a Kristalina Georgieva, titular del FMI, para que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. Es como escupir en el plato que le da de comer una institución que se merece todas las críticas, pero que en este momento procura llegar a un entendimiento con el país.
El presidente Fernández se sumó a los sanadores, a quienes felicitó, por el texto combativo.
El ajuste que pide el FMI y que el Ministerio de Economía hará lo imposible por cumplir, debilitará aún más a los desposeídos, impedirá que resurjan las pymes aplastadas por la pandemia y hará que siga la recesión que ya lleva tres años. Pegará la tercera edad, cuya mayoría aportó como se debía. El cuadro se completa con una recesión que ya lleva tres años. Sube la inflación y hay falta de precios en el mercado. Cualquier comerciante impone lo que le parece, según las rutas del dólar y millones de personas no pueden acceder a la canasta básica de alimentos.