El desafío de hacer un gran ajuste fiscal a las puertas de un año electoral

Cuando BlackRock y 13 grandes fondos aceptaron la oferta de Argentina por el canje de los bonos para reprogramar los vencimientos, el riesgo país comenzó a bajar hasta tocar un piso de 1.101 puntos el 10 de septiembre último. El entusiasmo duró poco y enseguida comenzó a subir hasta llegar a 1.321 unidades el lunes.

Aun habiendo arreglado con los acreedores, no solo subió la desconfianza de los inversores sino que la cotización del dólar libre se volvió incontrolable para el Gobierno y, además, tuvo que establecer un cepo más estricto. Y además, la inflación comenzó a moverse con tendencia ascendente desde hace un par de meses a pesar del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y amplio set de productos y servicios regulados y con niveles máximos.

Ahora todos en el Gobierno están pendientes del acuerdo con el FMI, como si dicho acuerdo fuera a ser la puerta de salida a los graves problemas económicos que tiene la Argentina y que arrastra desde hace varias décadas. Existe una tendencia a idealizar los arreglos financieros como si estos fueran sustitutos de solucionar los problemas estructurales.

Vale la pena recordar que a fines de 2000 el país recibía un importante apoyo internacional como fue el blindaje. Ese fue un aporte del FMI, España, el BID y el Banco Mundial por un monto de USD 40.000 millones. Ajustado a valores actuales no difiere del monto que acordó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario en 2018. En ese momento era para enfrentar los vencimientos de deuda y capital que habían heredado del peronismo.

A pesar de ese gigantesco apoyo financiero, la Argentina no logró sobrellevar la crisis y todo terminó en una gran crisis económica e institucional, y forzó la renegociación con el FMI y ahora está en conversaciones por el 28° convenio.

La historia de los acuerdos por signo político

Desde que el país ingresó al FMI en 1956, firmó 27 acuerdos, la mayoría de ellos créditos stand-by y de facilidades extendidas. La mayoría de ellos no lograron cumplirse y fueron firmados durante gobiernos peronistas.

Nada hace pensar que, un nuevo acuerdo pueda ser cumplido, salvo que el Gobierno logre postergar los vencimientos para dentro de 4 o 5 años y luego se verá si la economía ordena sus finanzas públicas.

Como de costumbre, el relato anti FMI, institución que, por cierto, fue idea de John Maynard Keynes, entre otros funcionarios americanos antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el tratado de Bretton Woods, es que siempre somete a un feroz ajuste a los países que toman sus créditos.

En rigor el Fondo suele pedir poner orden en las cuentas públicas. En otras palabras, reducir el déficit fiscal y poco le interesa si ese objetivo se hace bajando el gasto o bien subiendo la presión tributaria.

Si bien es función del Congreso atender los arreglos de la deuda pública, lo cierto es que suena extraña la carta de los senadores oficialistas porque todavía no hay ningún borrador de carta de intención que hayan redactado Argentina y el FMI. Es decir, están opinando sobre lo que todavía no saben.

¿Qué es ajuste para la dirigencia política? Bajar los gastos del negocio de la política. En otras palabras, con la plata de ellos nadie se puede meter porque eso es considerado un ajuste salvaje. En cambio, ajustar al sector privado no es ajuste para la mayoría de la dirigencia política.

Pero si se olvida por un momento al FMI y se supone que los técnicos del organismo le conceden a la Argentina que puede seguir así, sin pagarle nada hasta 2050, ¿significa eso que se solucionan los problemas económicos argentinos?

Lo que acá parece no comprenderse es que la deuda pública nace para financiar los desequilibrios del déficit fiscal. Por lo tanto, si se dejara de pagar el capital y los intereses de la deuda pública, igual habría que pensar en cómo resolver el problema la diferencia negativa entre el total de ingresos y el de los gastos.

El Gobierno está pensando en algún tipo de ajuste sobre el sector privado ajustando las jubilaciones por debajo de la tasa de inflación, subiendo las tarifas de los servicios públicos, frenando parte de los subsidios que otorgó durante la eterna cuarentena, y aumentando los impuestos. Pero el problema fiscal viene de antes de la cuarentena.

Si se comparan los primeros 9 meses de este año con igual período de 2019, el déficit primario, sin incluir los intereses de la deuda pública y restando rentas de la propiedad (utilidades transferidas del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses), el déficit fiscal aumentó 942%. Pasó de $136.168 millones a $1.418.722 millones. El gasto primario aumentó casi 70% interanual y los ingresos totales 25%. Semejante desbalance va a necesitar una gran corrección, aunque el FMI no lo pida.

En otras palabras, pareciera ser que los senadores kirchneristas se lanzaron a opinar sin tener noción del fenomenal problema económico que tiene la Argentina y que va a tener que resolverlo con Fondo o sin Fondo Monetario Internacional.

De los $4.751.301 millones que acumula el gasto primario en los primeros 9 meses, el monto de mayor aumento está en Otros Programas Sociales $589.859 millones, en segundo lugar Jubilaciones y Pensiones $512.987 millones; y en tercer lugar los subsidios económicos para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, $252.894 millones. Esos 3 rubros representan el 70% de aumento total del gasto primario.

Considerando que ya no queda mucho margen para aumentar la carga tributaria, ni emitir más moneda por parte del Banco Central para ese fin y el mercado de crédito interno y externo no le prestan tanto a Argentina, el ajuste que van a tener que hacer por el lado de las jubilaciones, las tarifas de los servicios públicos y los planes sociales será monumental para llevar el déficit a niveles que no generen un descontrol absoluto de la economía.

Y todo eso va a tener que hacerlo en las puertas de un año electoral. Con FMI o sin FMI. No habría muchos que en esas condiciones quisieran ocupar el sillón del ministro de Economía, Martín Guzmán.

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