La Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de su historia y en las últimas semanas ha comenzado a hablarse de la posibilidad de lograr un acuerdo que nos permita cambiar nuestro presente y vislumbrar un futuro mejor.
En este sentido, corresponde preguntarse cómo podría operar un consenso de esta naturaleza a favor de la superación de la crisis. Muchos intentos de este tipo simplemente derivaron en declamaciones a favor del diálogo, sin resultados concretos. Pero entonces, ¿qué beneficios podrían tener acuerdos de este tipo?
En primer lugar, para convocar un acuerdo político entre el oficialismo, la oposición y el resto de los sectores existe un elemento muy importante que es definir las políticas de mediano y largo plazo. Un acuerdo de estas características daría la posibilidad de establecer políticas de Estado, no de un gobierno en particular, sino avaladas por la clase política en general.
Por otra parte, puede servir para disminuir el nivel de confrontación y poner, si se quiere, un paraguas de diálogo y de previsibilidad a las medidas de gobierno.
Pero aun así, cabe preguntarse si este sería el único resultado que se podría esperar de este tipo de acuerdos. Podría mejorar el clima interno de la Nación pero esto, con todo lo loable que es, no sería suficiente para superar la crisis.
Un acuerdo de estas características daría la posibilidad de establecer políticas de Estado, no de un gobierno en particular, sino avaladas por la clase política en general
Y aquí aparece, entonces, lo que podría significar la verdadera potencia del acuerdo, lo que se refiere al acuerdo económico y social. Lo esencial para su funcionamiento es la asunción de compromisos por parte de los sectores empresariales, trabajadores y Gobierno. No se trataría solo de un acuerdo de precios y salarios, ya que incluiría al Gobierno. Un acuerdo de compromisos de precios y salarios sin la participación del Gobierno sería una entelequia, como muchas veces ha sucedido. Entonces, estamos hablando de un acuerdo económico y social que incluya precios, salarios, tarifas, tasas de interés, impuestos, tipo de cambio y que tenga como objetivos ayudar a la estabilidad de precios, en una marcha convergente hacia la estabilidad y hacia una vigorosa reactivación económica.
La primera condición, por parte del Gobierno, es que presente un programa económico coherente y creíble, de corto y mediano plazo. Sin esta condición no podría existir un verdadero compromiso por parte de todos los sectores en relación a la variación de sus ingresos.
Los objetivos de estabilidad y la reactivación económica son otros elementos imprescindibles para la posibilidad de existencia de un acuerdo semejante.
Por el lado de los empresarios, si tienen que absorber mayores costos porque se trata también aquí de normalizar el set de precios relativos, una vigorosa reactivación económica los ayudaría a que eso sea factible. Se puede perder rentabilidad por unidad producida, pero se gana por el importante aumento de las cantidades vendidas.
Con los trabajadores sucede algo similar, ya que tendrían importantes ganancias dado el curso de políticas hacia el pleno empleo. Pero, además, esto también beneficiaría al Gobierno, ya que una vigorosa expansión económica tendría un efecto importante sobre las finanzas estatales. Se generaría así una cuestión virtuosa hacia el equilibrio fiscal.
Estamos hablando de un acuerdo económico y social que incluya precios, salarios, tarifas, tasas de interés, impuestos, tipo de cambio y que tenga como objetivos ayudar a la estabilidad de precios, en una marcha convergente hacia la estabilidad y hacia una vigorosa reactivación económica
Ahora, una expansión económica de esta naturaleza se encontraría rápidamente con la restricción de divisas que afronta el país, aunque aquí también sirven el acuerdo y los compromisos, porque un tipo de cambio competitivo, en el marco de un acuerdo social como el que planteamos, no tiene por qué resultar inflacionario.
Su repercusión sobre los costos sería absorbida por el aumento de la actividad económica. Por supuesto que ese aumento de actividad tiene que ser alimentado por fluidos créditos para capital de trabajo, con tasas de interés adecuadas a las previsiones que están dentro del propio acuerdo sobre la disminución de la tasa de inflación.
Al mismo tiempo, el hecho de poner en regla el precio de los alimentos y el precio de la energía, tal como venimos sosteniendo reiteradamente desde el Movimiento de Economistas Justicialistas, también aumentaría sustancialmente la competitividad de las actividades internas, conjuntamente con la declaración de una emergencia del sector externo, a través de la cual solo se puedan importar aquellos artículos o insumos que estén contemplados en el plan de reactivación. Entonces, tendríamos un combo de medidas que podrían sortear la restricción externa.
En definitiva, bienvenido sea un acuerdo político, social y económico. El gran desafío será definir los objetivos, que los distintos sectores hagan un esfuerzo (en asumir costos y declinar posiciones rígidas), y ponerse de acuerdo en la toma de las necesarias, duras y difíciles decisiones que deben adoptarse.
El autor es economista y presidente del Consejo de Empresarios Nacionales