Suelo coincidir con los análisis efectuados por el doctor Félix Lonigro, diría que es mi constitucionalista de cabecera, su obra de ‘Derecho Constitucional’, resulta de consulta permanente. Pero lamento profundamente disentir casi por completo con su artículo publicado en Infobae titulado “Las PASO en falso”.
En primer lugar, porque las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias tuvieron como fin y potencialmente todavía pueden lograr su cometido, desamañar el lamentable sistema de internas partidarias, que hacían que, en nuestro país, diez popes partidarios sentados en una mesa de póker, entre gallos y medianoche, definieran la oferta electoral a la que todos los argentinos debíamos sujetarnos.
Nunca existieron las internas partidarias que Lonigro menciona. Los radicales siempre simularon sus internas, que entre presiones y ofertas diversas concluían en el armado de listas únicas. Los peronistas ni siquiera se molestaban en simular. En el ’83 Raúl Alfonsín fue a internas con Fernando De la Rúa, pero este último se bajó a medio camino: no hubo interna. Italo Luder fue el candidato peronista por aclamación. En el ’89 Eduardo Angeloz fue el candidato radical. Le mandaron a la interna al senador chaqueño Luis León, quien contra todo el aparato partidario la pasó realmente mal (11% de los votos). Los peronistas hicieron una excepción que confirmó la regla: fueron a internas Carlos Menen y Antonio Cafiero.
En el ’95 por supuesto que el peronismo no hizo internas y el radicalismo, por acuerdo interno, mandó como candidato a Horacio Masaccessi. En 1999, hubo una interna que en realidad fue una primaria abierta no obligatoria. La Alianza, conformada por la UCR y el Frepaso, eligió sus candidatos a presidente y vice por el voto popular. Pero el postulante radical, a la postre electo, fue consagrado por el partido, ninguna interna. En esa misma elección, el PJ postuló a Eduardo Duhalde, claro, sin internas.
Para 2003, la interna se dirimió directamente en elecciones: el justicialismo mando tres candidatos (Néstor Kirchner, Menem y Adolfo Rodríguez Saa) y el filoradicalismo otros tres (Ricardo López Murphy, Elisa Carrió y Leopoldo Moreau), cada uno por su cuenta con su partido.
Desde el advenimiento del kirchnerismo no hubo manera de ir a internas en el PJ. En 2007, el radicalismo fue en una alianza y los mandamases eligieron a Roberto Lavagna como candidato. En 2011 se aliaron con Francisco De Narváez y el postulante fue Ricardito Alfonsín, hijo del prócer, que no fue a ninguna interna, por supuesto, e incluso eludió la PASO llevando lista única.
Por fin, en 2015, cuando Ernesto Sanz compitió en las PASO de la alianza Cambiemos y perdió contra Mauricio Macri, su elección como postulante de la UCR no fue fruto de una interna, sino del “dedazo” de un grupo de acólitos.
Conclusión: nunca hubo internas partidarias, sino digitación de candidaturas a espaldas del pueblo. Rechazar las PASO argumentando que las mismas restringen el derecho de los partidos a resolver las candidaturas con el voto de sus afiliados, es como criticar al técnico que sacó al puntero derecho, fuera de estado y sin gambeta, porque le quitó el derecho a desbordar por su extremo. El señor no desborda, no quiere, no puede.
Las PASO además, pusieron en jaque las pretensiones de los pequeños caciques locales, con aparatos reducidos, pero potentes en una interna partidaria. Ejemplo: un viejo puntero de Villa Crespo, del que todos creen que “tiene dos mil votos”, puede forzar meter un candidato en un lugar expectante en una lista, porque siendo una interna partidaria no obligatoria y solo para afiliados, dos mil votos dan vuelta una elección. Con una PASO dos mil votos no son nada, el puntero debe seguir tomando mate en el comité, porque vota todo el mundo y sus presuntos dos mil equivalen a cero.
Discrepo entonces, con que se afecten los derechos de los partidos. Estos pueden postular sus candidatos, eventualmente tendrán la necesidad de competir con algún opositor al oficialismo del partido, una pena para ellos, pero bueno para la gente. Las PASO diluyen además las enormes ventajas financieras con que cuentan quienes manejan las finanzas del partido. El aporte estatal se distribuye en partes iguales entre las listas competidoras y los segundos para publicidad en radio y TV también, equipara fuerzas. No lo suficiente, pero en gran medida.
Es cierto que es un dolor de cabeza para las oligarquías partidarias, y, en todo caso, qué bueno que así sea.
Y aquí me desplazo un poco del análisis jurídico y paso al práctico ideológico. Podríamos dejar un poco de intentar preservar los derechos de los partidos, llevando a cabo una hipertrofia interpretativa de la Constitución y la Ley Electoral, y a cambio, buscar ampliar los derechos de los electores a exigir una más amplia y mejor oferta electoral. Instruir a los ciudadanos para que sepan que tienen derecho a exigir primarias, a postularse, a elegir, pero también a ser elegidos, en lugar de volver a ponerlos en situación de indefensión y de simples espectadores de los movimientos de la oligarquía política.
Respecto de la mención que la Constitucional hace de los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”, no debe olvidarse que el artículo completa diciendo: “El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. El artículo tiene un fin financiero, pretende que el estado mantenga patrimonialmente a los partidos, no los inviste de ninguna otra facultad extraordinaria, fue una medida autosatisfactoria creada en el Pacto de Olivos, para asegurarse la billetera.
Por otro lado, “obligar a los ciudadanos a elegir candidatos” no es inconstitucional. En el sistema argentino, donde es obligatorio votar en las elecciones generales, las PASO no podrían funcionar de otro modo, porque si no fuesen obligatorias, no habría quien perdiese ese rato de un domingo de agosto para ir a sufragar y les devolveríamos todo el poder a los aparatos políticos, que estimo que tampoco Lonigro querrá que detenten la suma del poder público en la Argentina. Si el voto es obligatorio y la ley de primarias estableció que esas son elecciones “oficiales” y no “privadas” de los partidos, es lógico que ese voto también lo sea.
Entiendo que, como dice el doctor, cuando hay elecciones provinciales desdobladas, para la gente “es cansador ir a votar”. Yo prefiero ver a la gente cansada de tanto elegir, y no de ver como 50 tipos eligen por ellos. Prefiero también más democracia que menos. Soy de la idea que sería mas razonable empoderar a la gente con conocimiento cívico y darles los instrumentos para aprovechar las PASO y utilizarlas en su favor, que quitárselas para recomponer la oligocracia.
Vamos a un ejemplo importante. En la Ciudad de Buenos Aires hay PASO. Cuando Mauricio Macri terminaba su gestión como Jefe de Gobierno, pugnaba porque lo sucediese Horacio Rodríguez Larreta. Pero Gabriela Michetti también se sentía con derecho a postularse. Si hubiese sido por el jefe del partido (Macri) hubiese habido un solo y único candidato. Pero Michetti lo desafió y fue a primarias. Perdió, es cierto, pero compitió. Cientos de miles de porteños pudieron votarla. Las PASO sirven, para el elector y para quien quiere ejercer su derecho a ser elegido.
Es cierto que las PASO son además un gasto importante para las arcas públicas. Pero no es en democracia y derechos ciudadanos en que debe ahorrarse, si queremos tener un futuro. Podríamos ahorrar mucho en corrupción, en malversación, en ineficiencia, en amontonar planes en lugar de generar condiciones para que haya trabajo, también con el fin de dominar al elector, en acumular empleados públicos como forma de financiar la política. Si todo eso ocurriera, las PASO serían baratitas.
En definitiva, las PASO son potencialmente una excelente herramienta de democratización del sistema. Como toda política pública, a 10 años de su instrumentación, convendría revisarla y producir los cambios necesarios para mejorar su eficiencia, no retroceder una década en materia de calidad democrática.
* El autor es director ejecutivo de Trust Consultora