El eje del urgente acuerdo político debe ser el crecimiento económico

El anterior gobierno finalizó su mandato buscando, sin el éxito económico, el llamado “camino virtuoso” de corrección automática del déficit fiscal, no mediante la reducción del gasto público que no implique la provisión de más y/o mejores bienes y servicios públicos, sino a través del incremento de los ingresos derivados de la hipótesis del crecimiento agregado.

El actual gobierno, desde la declamación de estar en las antípodas ideológicas y pese al resultado anterior, repite casi exactamente el mensaje político, probablemente bajo algún otro nombre como, por ejemplo, el “sendero justo”, pero con menores grados de libertad en ambas variables. La brecha entre el gasto público y los ingresos fiscales es ahora mucho más amplia que antes, mayormente por el grave impacto de la epidemia-cuarentena, y las menores posibilidades de encontrar quienes, desde el exterior, financien la transición resultan también mucho más complejas. Internamente, cualquier intento de una aún mayor emisión monetaria se encontrará con la elevada posibilidad de una muy alta inflación, con riesgos inadmisibles para la convivencia democrática.

Queda una coincidencia económica muy valiosa: la imperiosa necesidad de recuperar la capacidad de crecimiento, que merece ser el foco de la atención del conjunto de la clase política. La Argentina, al culminar este muy crítico 2020, tendrá un PBI por habitante similar al que ya disponía más de 4 décadas atrás. La tasa anual promedio de crecimiento económico de largo plazo resulta apenas superior al 1% y continúa disminuyendo, no puede superar a la tasa media anual de la evolución poblacional.

En un análisis más cercano, hace más de 1 década que la economía no crece y la tendencia, vía el descenso de la inversión bruta fija desde el 20% del PBI al actual 10% del PBI, es la ya referida y continua disminución de la capacidad potencial de crecer.

Más cerca aún, desde mediados de 2018 se transita una muy severa crisis de la confianza de los inversores, tanto de los externos como de los internos, acerca de la capacidad de reconstruir una organización política y económica suficiente para iniciar un sendero de crecimiento sostenible, llámese este “camino virtuoso” o “sendero justo”, pero con un estado fundamentalmente financiable y en el corto plazo.

Con esas muy complejas, acumuladas y crónicas “enfermedades de base” del país, ocurrió la referida pandemia con la inmediata reacción de una muy estricta y prolongada cuarentena, sin los suficientes tests, “montándose” así esta “ola exógena”, de muy alto stress sobre la débil economía descripta.

Genera así un escenario particularmente inédito, que hasta podría terminar con otra hipótesis, vigente desde hace unos 45 años, acerca de la supuesta excepcionalidad de Argentina, en cuanto a su capacidad de sostener una especie de “teoría del subdesarrollo sostenible”. Teoría esta que, a su vez, resultaría ser la “victimaria” de todas las demás teorías, las de la búsqueda del desarrollo sostenible, pese a haber sido adoptadas en muchos países de la región, donde los déficit fiscales y las elevadas inflaciones pertenecen al pasado, colocándonos como una rareza en Latinoamérica, salvo el muy extremo caso de Venezuela.

Causas del creciente bimonetarismo

Así, se va delineando que la convergencia hacia el equilibrio de las finanzas públicas debe ser mediante la quita de los privilegios del gasto público que no redunda en más o mejores bienes y servicios, sustentados en las “ilusiones monetaria y fiscal”: no se acepta la disminución nominal de los ingresos, pero si la real, y el gasto público “todo lo puede” voluntariamente.

Sin la disponibilidad de crédito ni la de un fondo público de contingencia, solo quedaba disponible la herramienta de menos calidad: la de la emisión monetaria. En los primeros 9 meses de este año el déficit fiscal acumulado fue de $1,7 millones de millones, que resulta exactamente igual a la emisión de dinero efectuado en ese período.

En este complejo contexto, está fuertemente instalado en la mayoría de la actual dirigencia política del país que el llamado bimonetarismo, entendiendo la simultánea validez de derecho y de hecho de 2 monedas: el peso nacional y el dólar estadounidense, respectivamente, es una de las causas de los problemas estructurales de la Argentina. Sin reparar que, en realidad, sólo se trata de un efecto derivado de varias causas. Entre otras, la de una elevada y crónica inflación interna, o sea de una continua devaluación del peso, debido a una también crónica emisión monetaria, por encima de la demanda genuina de dinero, para intentar financiar así, sin éxito, a un continuo déficit de las cuentas públicas.

Se debería registrar que, a principios de este año, en los tiempos de pre-pandemia y con un déficit fiscal de menos de 1% del PBI, eran sólo menos de 500 mil las personas que mensualmente compraban dólares y las transacciones totalizaban unos USD 70 millones; mientras que, en un contexto de déficit fiscal alto, del orden del 6% del PBI a -8% del PBI y creciente, en septiembre fueron casi 4 millones las personas que compraron divisas por un monto de más de USD 700 millones. O sea que, sin déficit fiscal no había una dolarización relevante. Seríamos entonces bastante más “normales” que lo que nos creemos.

Pero, la dolarización también ocurre por una predominante vigencia de tasas de interés reales negativas, es decir inferiores a la tasa de inflación, que desalientan al ahorro y a la inversión en pesos.

Asimismo, los gobiernos colaboraron con el fortalecimiento del bimonetarismo con sus continuos esfuerzos por sostener al tipo de cambio “atrasado”. Es el políticamente muy atractivo “dólar barato” que opera a modo de un “ancla monetaria”, si bien siempre transitoria, pero que provoca un desfase de los tiempos electorales de la inexorable consecuencia del incremento de los precios internos, costos estos de las desprolijidades monetarias, que siempre son empujados hacia lo que se cree como un infinito “por-venir”.

Reserva de valor

Además de ser claramente un efecto, y no una causa, el bimonetarismo también podría ser visualizado como una espontánea reacción de la sociedad productiva, ante la realidad de una moneda local ya crónicamente “enferma” y, por lo tanto, invalidada, al menos en el corto y el mediano plazo, para el ahorro, la inversión y la creación de los empleos productivos privados.

Si bien Sir Thomas Gresham (1519-1579) hace más de 450 años, postuló su ley, válida en los sistemas bimonetarios, acerca de que la “moneda mala” se ocupara siempre exclusivamente de atender a la demanda de liquidez, la del dinero destinado meramente a las transacciones cotidianas; mientras que la “moneda buena” atenderá a la demanda de la reserva de valor económico, o sea al atesoramiento para solvencia y solo circulara complementariamente, siempre con una cotización diferenciada, si la seguridad jurídica la protege de las eventuales confiscaciones del Estado.

Generalmente, desde los gobiernos solo se visualizan las eventuales “salidas” de shock, muy traumáticas, del bimonetarismo; “retando” a la sociedad, tanto por su abandono de la moneda local, pero enferma, como por la utilización de la moneda extranjera, pero sana.

A lo largo de la historia moderna de la humanidad, en muy pocas naciones la evidencia empírica ha resultado tan “de manual” con la no aplicación de las reglas básicas de la prosperidad económica como en la Argentina.

El autor es presidente Fundación Pensar Santiago

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