La grieta persistirá mientras buena parte de la sociedad no comparta las garantías constitucionales

La Nación está hondamente dividida. Eso no es una novedad. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera divisoria de aguas de los dos principales partidos internos? ¿Es realmente el enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo como ocurriera desde la Unión Democrática hasta el abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, por poner dos hitos relevantes de aquella disputa?

Cabe recordar aquella anécdota que contara José Claudio Escribano alguna vez, sobre la entrevista en que Perón dijo, refiriéndose a los argentinos, “un 30% eran radicales, un 30% eran conservadores, un 30% socialistas”, lo que al hacer las sumas llevó al desconcierto del entrevistador y a una pregunta lógica: ¿General, y peronistas? “Ah no, peronistas somos todos”, contestó con sorna. No son todos, más allá de la broma de Perón, pero hay seguidores suyos en las principales fuerzas políticas, estén de un lado o del otro. Y si bien no puede negarse que un sector de la sociedad ve en el peronismo la causa de todos los males y los peronistas más fanatizados la atribuyen a los gorilas, no pareciera que ese fuese hoy el motivo principal de las diferencias que dividen al país.

Tampoco la anterior antinomia entre conservadores y radicales, ni mucho menos la proyección actual del viejo enfrentamiento entre unitarios y federales constituyen el eje de la disputa presente.

El motivo profundo de la diferencia entre las dos partes en que se divide la Nación es la Constitución Nacional, que proclama, reconoce y garantiza los derechos naturales de sus habitantes. Sean argentinos o extranjeros.

Ese más de un siglo antes del famoso Pacto de la Moncloa español en el que muchos buscan inspiración para cerrar las actuales diferencias, fue el verdadero acuerdo nacional que permitió organizar el país y proyectarlo a los primeros lugares del mundo desarrollado de principios del siglo XX, poblando, educando, comunicando mediante el telégrafo, los correos y ferrocarriles el desierto argentino y construyendo puertos para vender parte de nuestra producción al extranjero.

La Constitución consagra, entre otras, la libertad de comercio y garantiza tanto la propiedad privada como su uso y goce sin los cuales de nada sirve, como explica magistralmente Juan Bautista Alberdi, tanto en las Bases como en el Sistema Económico y Rentístico.

Sin embargo, desde 2002 (con un breve paréntesis entre 2018 y 2019) diferentes leyes de emergencia motivadas en crisis que se solaparon desde la derogación de la Convertibilidad y que se mantuvieron durante el boom de la soja, han suspendido su vigencia y le permiten al Gobierno confiscar ahorros, emitir dinero sin respaldo, controlar la compra y venta de divisas, diferir el pago de deudas, fijar precios máximos de bienes y servicios, congelar tarifas, prohibir o limitar importaciones y gravar en forma exorbitante exportaciones o la compra de divisas, además de restringir a su mínima expresión todas las libertades ambulatorias, de comercio, trabajo e industria, actualmente con motivo de la pandemia.

Detrás de esas restricciones, que llevan casi 20 años sin miras a concluir, se esconde, cuidadosamente camuflado, el partido contrario a la Constitución Nacional que, además, quiere modificarla para instalar un colectivismo populista irrespetuoso de las garantías individuales, los derechos de las minorías y la división de poderes.

Mediante el último punto aspira a controlar el Congreso y, sobre todo, a dominar el Poder Judicial para consagrar la impunidad de sus actos de corrupción y evitar el control de constitucionalidad de sus leyes, decretos y resoluciones, burlando de ese modo la protección que cuidadosamente consagra la Constitución histórica de 1853-60, ampliada a los derechos sociales y los intereses colectivos por las reformas de 1957 y 1994.

Golpe a la inversión fija

¿Se han preguntado acaso por qué ha caído la inversión bruta fija a mínimos históricos, por qué la salida de capitales supera a su ingreso, las empresas, familias y el gobierno no consiguen financiamiento, los principales empresarios y los jóvenes con potencial emigran y las autoridades no pueden evitar la suba del dólar en los diferentes mercados en los que cotiza a pesar del arsenal financiero, disuasorio y punitivo con el que cuentan?

Porque por primera vez en muchas décadas, después de una persistente demolición de los valores históricos, culturales, jurídicos, laborales, sociales y nacionales es verosímil que las garantías alberdianas plasmadas en la Constitución Nacional sean desconocidas. Directa o subrepticiamente. Lo mismo da. Impuestos confiscatorios a las exportaciones, a las ganancias y a los patrimonios, ordinarios o extraordinarios, privará a los habitantes del fruto de su trabajo y de su capital.

Usurpaciones de tierras y propiedades con ardides, estratagemas y relatos de todo tipo privan a sus legítimos dueños de sus bienes sin garantía de defensa oportuna y eficaz que disuada tanto a los usurpadores de su ilícito accionar como a otros de seguir su mal ejemplo, amplificado instantáneamente por las redes sociales y los medios masivos de comunicación. Por eso son bienvenidas las buenas excepciones.

Regulaciones innecesarias y absurdas alimentan una burocracia infinita en todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, constituyéndose en la famosa máquina de impedir que frena el desarrollo nacional creando desazón e impotencia a su paso.

La inflación -una anomalía constitucional consecuencia del emisionismo ilegal- continúa y se acelera, licuando ahorros, salarios y jubilaciones y aumentando confiscatoriamente la carga tributaria.

Un control de cambios irracional priva a los productores nacionales de la mayor parte del valor de los bienes y servicios que exportan y alienta importaciones innecesarias. Pero, además, todos saben que, aunque pudieran sortear los peligros del sistema argentino, una norma de emergencia podría privarlos de sus derechos durante décadas sin que la Justicia los restableciera o lo hiciera oportunamente.

Es que a pesar de que “la emergencia no crea el poder, ni aumenta el poder concedido, ni suprime, ni disminuye las restricciones impuestas sobre el poder concedido, o reservado”, ya que sólo “da ocasión para el ejercicio del poder”, de un poder que necesariamente debe ser preexistente, como dijo la Corte en 1934 (“Avico c/ De la Pesa”) esa facultad temporal y esencialmente breve, se ha desnaturalizado y se utiliza como un medio ilegítimo para sustituir a la Constitución Nacional por estatutos de excepción que lesionan las garantías individuales, sociales y colectivas.

La gente, a la que ni siquiera le reconocen su condición de tal ni su pertenencia al pueblo de la Nación, ha comenzado a manifestarse pacífica pero vigorosamente con la única protección de la bandera creada por el General Belgrano para demostrar su militancia por el partido de la Constitución. Corea el Himno Nacional con su reiterado clamor por la libertad y su juramento de vivir coronados por la Gloria de ser argentinos.

Del otro lado están quienes sólo ven en la Constitución el aspecto electoral y consideran que las mayorías no deben tener límites ni, por lo tanto, las minorías derechos, y que la ideología debe prevalecer sobre la realidad, la sociedad sobre el individuo y lo estatal sobre lo privado. Exactamente lo contrario a lo que los fundadores de la Patria plasmaron en su obra magistral destinada a regir en tiempos ordinarios y extraordinarios. Olvidan que la Constitución sólo reconoce derechos que la preceden, que son naturales a los seres humanos, quienes a falta de sus garantías lucharán por ellos.

Por eso no hay acuerdo posible fuera del sometimiento de los gobernantes a la ley y a la división de poderes plasmada en la Constitución. Sólo eso asegura el reconocimiento y respeto a los derechos y garantías allí consagrados. La sola noticia de ese improbable acuerdo proclamada al mundo haría saber que nuevamente se levanta esta gloriosa Nación para ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las demás, respetando y haciendo respetar, vida, hacienda y derechos de todos los hombres y mujeres que quieran habitarla.

Volverían sus hijos y vendrían otros y abundarían capitales, educación e ideas para que pudiéramos progresar armoniosamente bajo el manto común de la Constitución Nacional.

El autor es abogado especializado en reestructuración de la deuda pública y moneda; ex director del Banco Central, ex subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía

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