La escalada de graves delitos que vienen cometiendo personas y grupos de personas que se presentan como titulares de “derechos ancestrales” sobre tierras de nuestra Patagonia debería preocuparnos mucho más de lo que hasta ahora nos preocupa. Asimismo, el sistema penal del Estado debería ocuparse en forma mucho más contundente de lo que hasta ahora viene haciéndolo.
Los gravísimos acontecimientos producidos por un grupo de individuos en una capilla de El Bolsón, con vandalización de imágenes religiosas, ofensas al pabellón nacional y privación ilegal de la libertad y lesiones a un religioso del templo, nos acercan más a la barbarie medieval que a la tercera década del siglo XXI.
Sin embargo, las discusiones no se centran en las flagrantes violaciones a la ley penal vigente en la República Argentina, sino en los debates histórico-ideológicos sobre los denominados “pueblos originarios” y su desarrollo y evolución en esta parte del planeta.
En cada artículo, nota de opinión y columna editorial sobre el tema, abundan comentarios sobre comunidades, pueblos, etnias, etc.
Si son de aquí o son de allá. Si eran pacíficos o eran guerreros. Si eran agricultores o cuatreros. Y así.
Las discusiones ideológicas son más delirantes aun. De un lado, los presentan como divinidades que poblaron la Tierra antes del Big-Bang. Del otro, los muestran como ejércitos de conquistadores, émulos de las legiones de Alejandro Magno.
El Código Penal argentino se sigue violando sistemáticamente frente a un Estado aletargado, que pretende quedar bien con Dios y con el diablo, sin saber bien quién es la deidad y quién el demonio.
Ya durante la investigación del caso Maldonado, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial demostraban un temor reverencial cercano al absurdo. Todos recordamos a los efectivos policiales palpados por una integrante de una comunidad supuestamente “originaria”, para controlar que los agentes no ingresaran armas de fuego a su “territorio sagrado”.
Sin embargo, el respeto por lo “sagrado” brilló por su ausencia en el templo religioso atacado de El Bolsón.
También brilló por su ausencia el respeto por la ley penal y la convivencia pacífica, ya que los supuestos descendientes de los “verdaderos dueños de la tierra patagónica” se fueron como Pancho por su casa, luego de haber cometido sus tropelías.
Es hora de actuar con todo el vigor de la ley. El sistema penal debe despertar. Tanto los mecanismos de prevención, como los de represión, investigación y juzgamiento de delitos de acción pública, deben ponerse en funcionamiento. Con energía, respetando el debido proceso y la defensa en juicio.
Aplicar la ley sin importar a quién. Aquí no hay divinidades ni títulos de nobleza. No somos una teocracia.
Somos una república democrática. Es hora de hacérselo saber a aquellos que todavía no se han enterado.
Dejemos la historia para los historiadores.
Simple.
El autor es fiscal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires
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